HRW | La crisis venezolana

Venezuela enfrenta una crisis de derechos humanos y humanitaria. El gobierno de Maduro se ha aprovechado de la enorme concentración de poder para gradualmente erosionar garantías de derechos fundamentales y controles a su propio poder. Opositores del gobierno, incluyendo manifestantes, críticos, y políticos de oposición han sido arbitrariamente detenidos y perseguidos penalmente. Organizaciones venezolanas estiman que hay más de 100 presos políticos. Las fuerzas de seguridad han cometido gravísimos abusos, incluyendo casos de tortura. El Tribunal Supremo de Justicia, que carece de independencia, ha apoyado abusos cometidos por el gobierno y le ha quitado sus facultades a la Asamblea Nacional. La severa escasez de medicinas y alimentos afecta gravemente la posibilidad de los venezolanos de acceder a una nutrición y servicios de salud adecuados.

Novedades sobre la crisis venezolana

Han pasado tantas cosas en las últimas semanas, que nos pareció oportuno empezar este blog contando en dónde se encuentra el debate sobre si Venezuela está cumpliendo con sus obligaciones internacionales establecidas en la Carta Democrática Interamericana. Los hechos más recientes dejan en evidencia una vez más la ausencia de independencia judicial y separación de poderes en Venezuela, y hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para reprimir la discusión sobre la crisis, lo cual hace que la creciente presión internacional sobre el gobierno de Maduro sea ahora más importante que nunca para restablecer los derechos humanos y el estado de derecho.

Pronunciamiento sobre la propuesta de Maduro para realizar una Asamblea Constituyente

El 1 de mayo, el Presidente Nicolás Maduro anunció que su gobierno organizará elecciones para realizar una asamblea constituyente y elaborar una nueva constitución. Sin embargo, lo que debería estar haciendo ahora — sin más demoras — es respetar los derechos consagrados en la constitución existente, que fue adoptada por su predecesor Hugo Chávez y contiene garantías básicas que el gobierno está violando. La solución a la crisis venezolana requiere fijar una fecha para las elecciones regionales, que debieron realizarse el año pasado, liberar a los presos políticos, restablecer la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional, y aceptar asistencia internacional humanitaria para satisfacer las necesidades más básicas. La propuesta de Maduro de escribir una nueva constitución no debería usarse para distraer la atención de su abierta violación de los derechos consagrados en la constitución existente. – José Miguel Vivanco

Detenciones por agentes de inteligencia

En agosto de 2016, agentes de inteligencia detuvieron a Yon Goicoechea, activista del partido opositor Voluntad Popular, mientras conducía para asistir a una conferencia de prensa sobre un acto de la oposición que tendría lugar el mes siguiente. Los familiares y el abogado de Goicoechea no recibieron información oficial sobre su paradero por más de 56 horas. Posteriormente, un juez acusó a Goicoechea de diversos delitos y dispuso su prisión preventiva. Desde entonces, ha estado detenido en una de las sedes en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional durante casi ocho meses, a pesar de que el 17 de octubre de 2016 el Ministerio Público decidió que no presentaría cargos y de que una orden judicial dispuso su liberación tres días después, según consta en documentos oficiales a los cuales tuvo acceso Human Rights Watch.