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El director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui, Alcides Magallanes, informó que en lo que va de año, 24% de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en la entidad oriental corresponden al Cicpc

(Comunicaciones FDDHHANZ 29/05/2020) La violación al derecho a la vida continúa siendo un flagelo en el estado Sucre, puesto que las muertes a manos de cuerpos policiales siguen en aumento y ya se ubican 59 casos en lo que va de año, de acuerdo al monitoreo del Observatorio de Presuntas Ejecuciones Extrajudiciales de la Fundación de los Derechos Humanos (FDDHHANZ).

Esta información fue proporcionada por Alcides Magallanes, director institucional de la mencionada Organización No Gubernamental (ONG), quien aseguró que abril cerró con 09 víctimas, mientras que  mayo alcanza la cifra de 20 fallecidos, por lo que el actual mes ha sido el más violento en este 2020.

Afirmó que en el 24% de los casos ocurridos este año, participaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), lo que significa que 14 personas fueron presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por este organismo policial.

Magallanes apuntó que se contabilizaron  09  hechos por parte de la Comisión mixta de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Instituto Autónomo de la Policía del Estado Sucre (Iapes).

“Oficiales del Iapes también actuaron individualmente  en supuestos enfrentamientos este año, donde resultados 13 personas fallecidas. Del mismo modo el Instituto Autónomo de la Policía del Municipio Sucre (Iapms), la cual tiene responsabilidad en otras 08 muertes”, detalló.

El activista de los derechos humanos destacó que el Observatorio de la FDDHHANZ ha registrado 07 fallecidos por parte de la GNB, 06 por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y 02 en hechos perpetrados por una Comisión mixta del Iapes,  Iapms y la GNB.

Magallanes expresó que los familiares de las víctimas desmienten la versión oficial y han denunciado estas actuaciones policiales como presuntas ejecuciones.

“Cada uno de los casos debe ser objeto de investigación tanto de la Fiscalía General de la República, como de la Defensoría del Pueblo”, agregó.