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Durante noviembre, la FANB reportó el hallazgo de tres fosas comunes con osamentas humanas en el sur de Bolívar. Hasta el momento no hay declaraciones oficiales sobre el avance de las investigaciones en un territorio minero que acumula más de 90 desaparecidos desde 2012.


Más de tres semanas han transcurrido desde que, por orden del Ejecutivo nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) militarizó los territorios mineros de los municipios Sifontes y El Callao, al sur del estado Bolívar, con el propósito de desmovilizar a grupos guerrilleros pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al grupo delincuencial Organización R (3 RRR).

Dentro del discurso oficial destacan ‘acabar con la minería ilegal, la devastación ambiental y el narcotráfico’, como fin último de las operaciones Roraima y Autana 2022.

La militarización continúa toda vez que los pobladores siguen reportando detenciones arbitrarias, inspección de viviendas y fincas, confiscación de bienes y desapariciones forzadas por corto tiempo.

“Las fuerzas armadas siguen haciendo cateos, revisiones en fincas, hoteles, carnicerías… Decomisaron helicópteros de empresas, siguen batallones y batallones en la calle”, reportó un habitante de Tumeremo que solicitó mantener su identidad en anonimato.

Los días 7 , 10 y 23 de noviembre, la FANB reportó el hallazgo de tres fosas comunes con osamentas humanas en yacimientos de minería ilegal en el sur de Bolívar, que asegura, estaban bajo el dominio del grupo delincuencial 3RRR.

Pero hasta el momento, el Estado omite información de interés público: cuántos cuerpos han sido hallados, en cuáles zonas mineras específicamente, y cuál protocolo están siguiendo (si están siguiendo alguno) para la identificación de los restos biológicos.

La única información disponible son las declaraciones que el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), el general Domingo Hernández Lárez, emitió vía Twitter.

Se desconoce si el Estado iniciará una investigación para la identificación de los cadáveres hallados en el territorio en el que más de 90 personas han desaparecido desde el año 2012, según el monitoreo más reciente de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en alianza con el medio regional Correo del Caroní.

El operativo militar “Roraima 2022” se extendió a toda la región Guayana: Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. El 22 de noviembre, el general Domingo Hernández Lárez reportó la intervención de un “parque de armas” de la organización 3 RRR.

Pero desde que iniciaron los operativos militares no hay balances oficiales disponibles que permitan determinar la cantidad de material incautado, cuántas zonas mineras han sido intervenidas, cuántas personas han sido detenidas, por cuánto tiempo, y su paradero o estatus actual.

Cuando comenzaron las incursiones militares, los mineros artesanales denunciaron vía redes sociales que los funcionarios de la FANB destruyeron campamentos y equipos mineros que tenían la autorización de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) para trabajar, y que incluso le pagaban a esta la comisión correspondiente por extraer el material aurífero del suelo.

“Se escucha que los están ‘liberando’ las minas, buscando y capturando a todo aquel que aparece en la lista de los que estaban practicando conductas reprochables, pero al final, nadie puede decir con veracidad qué es lo que está pasando, porque no se habla por miedo”, señaló otro poblador de Tumeremo que solicitó el anonimato.

El informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas corroboró que funcionarios del Estado han permitido, tolerado y facilitado el ingreso de grupos delincuenciales y la guerrilla del ELN al territorio del Arco Minero del Orinoco (AMO). De hecho, la producción de oro se engrosa a través de la minería ilegal coordinada por grupos delincuenciales.

Los pobladores y analistas políticos atribuyen el operativo a un cambio de piezas en el tablero político, puesto que la organización 3RRR y miembros del ELN están presentes en el territorio minero desde antes de 2016.

¿Qué motivó la repentina incursión militar para destruir campamentos de minería ilegal y desmovilizar grupos delincuenciales? ¿Quién está asumiendo el control de las zonas mineras? Esas y otras interrogantes permanecen sin respuesta.

¿Qué debería hacer el Estado venezolano ante el hallazgo de fosas comunes?

El Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, establece que los Estados tienen la obligación de investigar con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia, toda muerte potencialmente ilícita causada por funcionarios del Estado o por particulares, aun cuando el Estado no pueda ser considerado responsable por no haber impedido estas muertes.

El deber de investigar se establece sobre la base de que el Estado está obligado a respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida. “Cuando el deber de investigar sea aplicable, lo será para todos los Estados que hayan contribuido a la muerte o que no hayan protegido el derecho a la vida”, establece el protocolo.

El documento también indica que la estrategia general de investigación debe ser metódica y transparente. Y es específico con respecto a la  recuperación de restos humanos e identificación de cadáveres, a través de un método científico.


Laura Clisánchez Bellorin, especial para Provea