Las autoridades venezolanas han iniciado una nueva ola de detenciones selectivas contra trabajadores, activistas sociales y dirigentes políticos de oposición.
Aproximadamente a las 07:30 de la noche de este 06 de julio, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), interceptaron al ciudadano Gabriel Blanco en las afueras de su vivienda ubicada en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud, en la parroquia Coche, al suroeste de Caracas, y lo conminaron a acompañarlos a la sede central del organismo para una “entrevista”.
Los funcionarios no mostraron ningún documento que involucrara a Blanco con alguna investigación en curso, tampoco alguna orden de aprehensión en su contra. Gabriel Blanco se negó a acompañarlos e inmediatamente decenas de sus vecinos salieron a resguardarlo ante la actuación ilegal de los funcionarios de la DGCIM. Sin embargo, los agentes policiales retuvieron su teléfono celular y su cédula de identidad.
Gabriel Blanco trabaja en la actualidad en una importante agencia humanitaria que tiene presencia en el país. También es un activista de Derechos Humanos y dirigente sindical vinculado a la Alianza Sindical Independiente (ASI) -una de las centrales sindicales más importantes de Venezuela que ha encabezado los recientes procesos de diálogo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-, donde Blanco desempeña el cargo de Secretario de Medios de la Seccional Caracas. Antes, Blanco estuvo vinculado en el Sindicato Único de Trabajadores de Carrera Legislativa de la Asamblea Nacional (Sinfucan).
Blanco es compañero sentimental de la también activista y ex presa política Diannet Blanco, una estrecha colaboradora de Provea y otras organizaciones de Derechos Humanos, que ha impulsado la conformación de los Comités Populares de Derechos Humanos en barrios pobres de la capital, para exigir servicios públicos de calidad y denunciar los atropellos policiales y militares.
En medio de la situación irregular presentada este 06 de julio, un equipo de Provea se trasladó hasta la vivienda de Gabriel Blanco, para asistirlo legalmente e impedir que se concretara la detención ilegal del sindicalista. Públicamente, Blanco y el equipo de Provea alertaron la inexistencia de una orden de aprehensión y exigieron la presencia de fiscales del Ministerio Público en el sitio para garantizar el respeto a la integridad y al debido proceso del trabajador humanitario.
Ante esto, los funcionarios de la DGCIM alegaron que la referida orden se estaba tramitando e iba “en camino”. La situación se prolongó por casi 6 horas, tiempo en el cual unos casi 50 agentes de la DGCIM y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) rodearon las adyacencias de la urbanización Carlos Delgado Chalbaud.
A las 12:52 de la medianoche del 07 de julio, funcionarios de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la PNB, arribaron a la residencia de Gabriel Blanco, con una orden de aprehensión firmada por el juez José Márquez García, del Juzgado Cuarto con competencia en terrorismo de Caracas, en la que se le imputan los delitos de terrorismo y asociación para delinquir, previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT).
Blanco fue trasladado en una patrulla de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), a la sede de la PNB ubicada en La Quebradita, al oeste de Caracas. Tanto él, como el equipo de Provea pudo conversar con el fiscal de guardia Jesús Arroyo quien informó sobre el centro de reclusión al que sería trasladado.
Hasta el momento de su detención Provea constató que Blanco no había sufrido ningún tipo de agresión a su integridad física, por lo que permaneceremos vigilantes ante el trato que reciba en la sede policial, y responsabilizamos a las autoridades de cualquier abuso que pueda afectar la integridad física y psíquica de Gabriel Blanco.
Represión extendida
El pasado 04 de julio los dirigentes sindicales Alcides Bracho y Emilio Negrín, fueron detenidos en Caracas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). En ambos casos, los funcionarios policiales allanaron, sin orden judicial, las viviendas de los detenidos. Además, los agentes de seguridad no presentaron ningún documento que acreditara la existencia de una investigación u orden de aprehensión contra estos ciudadanos, y actuaron sin la presencia de fiscales del Ministerio Público. Según las denuncias, los funcionarios del SEBIN habría hurtado propiedad privada de la vivienda de Alcides Bracho y amedrentado a su esposa e hijos.
Bracho es docente y artista plástico, participó activamente en las masivas protestas que se desarrollaron en el país en 2014 y 2017, y actualmente desarrolla su actividad sindical en el magisterio venezolano, donde es un permanente promotor y organizador de movilizaciones en defensa de las reivindicaciones salariales del sector.
Por su parte, Emilio Negrín, es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Tribunalicios, y también participa constantemente en movilizaciones y asambleas para exigir mejoras salariales para los trabajadores del poder judicial de Venezuela.
Estos dos dirigentes estarían siendo acusados de haber cometido delitos tipificados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), aprobada en 2013 por la asamblea nacional –de mayoría oficialista- y que se ha convertido en los últimos años en el principal instrumento para penalizar a quienes participen en protestas.
Sus familiares y allegados, alegan que su detención es un castigo por haber participado en las manifestaciones opositoras y por su papel crítico hacía la administración de Nicolás Maduro. Ambos permanecen recluidos en la sede del SEBIN en “La Quebradita”, al oeste de Caracas.
En otros procedimientos efectuados el mismo día, miembros del SEBIN allanaron sin orden judicial las viviendas de los ciudadanos José Castro, en Ocumare del Tuy, estado Miranda; Alonso Meléndez en el estado Falcón; John Kelbim Daniel Álvarez, en el sector San Martín de Caracas y de Yecenia Heredia en el estado Yaracuy.
Estas personas son activistas del partido político opositor Bandera Roja, y también participaron en las protestas realizadas contra el gobierno de Nicolás Maduro en los años 2014 y 2017.
A la fecha, Alonso Meléndez permanece detenido en la sede del SEBIN en el estado Falcón, y se supo extraoficialmente que sería trasladado a Caracas en las próximas horas. José Castro y John Álvarez, eludieron la actuación policial y hasta los momentos no han sido detenidos. Sin embargo, durante el allanamiento a la vivienda de Castro, los funcionarios detuvieron a su esposa quien permaneció desaparecida por varias horas y luego fue puesta en libertad. Por su parte, Yecenia Heredia sólo fue objeto de amenazas por parte de los agentes que allanaron su vivienda.
Este 06 de julio se registró la detención de un nuevo activista del partido Bandera Roja.
Néstor Astudillo, residente de Charallave, estado Miranda, fue detenido en su vivienda por presuntos funcionarios policiales, quienes portaban armas de alto calibre e iban a bordo de vehículos sin identificación. Los presuntos agentes no mostraron identificación alguna, y en sus prendas no portaban insignias que permitieran verificar la identidad del cuerpo policial. Hasta la medianoche del 07 de julio, sus familiares y allegados desconocen el paradero de Astudillo.
Perseguir y silenciar
En su Informe Anual 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluyó nuevamente a Venezuela en su sección IV.B, por las graves amenazas para el estado de derecho en el país.
El órgano destacó que en Venezuela “persisten las graves violaciones de derechos humanos, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales -especialmente de jóvenes en situación de pobreza-, las desapariciones forzadas y torturas, y las detenciones arbitrarias de personas que expresan su disenso con el gobierno de Nicolás Maduro, entre otras”.
Las más recientes víctimas de la recurrente persecución gubernamental son los trabajadores y dirigentes sociales, movilizados por la defensa de sus derechos y conquistas, en medio de una severa crisis que ha agudizado la desigualdad, la pobreza y la precarización de las condiciones de vida.
La gestión de Maduro insiste en criminalizar los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas y el ejercicio de la libertad sindical, garantizados en los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, la Constitución Nacional y la legislación vigente.
Como hemos advertido antes, la persecución contra la oposición política y las voces críticas al gobierno, ha sido posible gracias a un poder judicial que, según el informe de la Misión de Determinación de los Hechos (MDH) de septiembre de 2021 “ En lugar de actuar como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ofrecer protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ha facilitado su comisión y ha contribuido a la impunidad”.
Prensa Provea
