Este jueves, durante la interposición de la denuncia contra Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, Gustavo González López y Antonio Benavides Torres, ante la Corte Penal Internacional por su presunta comisión de delitos de Lesa Humanidad, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que de acuerdo a la data levantada por el Ministerio Público venezolano, 8.291 personas habría sido asesinadas por agentes de la fuerza pública entre enero de 2015 y junio de 2017.

La Fiscal detalló que en 2015 habrían sido asesinadas 1.777 personas por funcionarios militares y policiales, en 2016 el número de asesinatos ascendió a 4.667 personas, y hasta junio de 2017 unas 1.847 personas habrían sido asesinadas por agentes de la fuerza pública, según dijo la Fiscal en el marco de “un plan que persigue el gobierno de limpieza social”. Ortega Díaz también reiteró la información suministrada en el Informe Anual del Ministerio Público de 2016 en el que se señaló que desde el inicio del Operativo de Liberación del Pueblo en junio de 2015, hasta diciembre de 2016, 512 personas fueron asesinadas por funcionarios policiales y militares, la mayoría de dichas muertes se habría producido bajo la figura de ejecuciones extrajudiciales que posteriormente fueron presentadas ante la opinión pública como “muertes por enfrentamiento”.

De acuerdo a estas cifras, en aproximadamente 912 días, fueron asesinadas diariamente 9 personas a manos de cuerpos de seguridad del Estado venezolano. El Ministerio Público venezolano informó en 2015 que un total de 17.778 personas fueron víctimas de homicidios, lo que ubicó la tasa en 58 homicidios por cada 100.000 habitantes; para el cierre de 2016 la Fiscalía informó que 21.752 personas habían sido víctimas de homicidios, lo que elevó la tasa a 70,1 homicidios por cada 100 habitantes. De acuerdo a esta data, en 2015 el Estado venezolano fue responsable de un número de homicidios que representó el 10% del total de muertes violentas registradas en el período; mientras que en 2016, la responsabilidad del Estado se elevó a la alarmante tasa de 21,45% del total. Lamentablemente, todo parece indicar que en 2017 el Estado será nuevamente responsable de un elevado número de asesinatos, debido a la recurrencia de operativos policiales y militares en los que el denominador común es el uso excesivo de la fuerza y la comisión de abusos contra los derechos humanos.

“Mano dura” y lógica bélica

Ya lo habíamos advertido en nuestro Informe Anual 2015: el gobierno comenzó una verdadera guerra contra los ciudadanos, en especial contra los más pobres. La adopción de estrategias de mano dura y lógicas belicistas en el control de la seguridad ciudadana y la gestión de manifestaciones, están dirigidas a intimidar y generar temor entre los habitantes de las zonas populares y disidentes políticos, para consolidar mecanismos de control y contención frente el creciente descontento social. 

El gobierno, convertido en dictadura, continúa amplificando la visión del enemigo externo e interno y en reforzar la lógica belicista y la estigmatización y criminalización de distintos actores sociales, para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares. La militarización de la seguridad ciudadana y la militarización de la actuación policial, amparada en la doctrina de seguridad nacional, conlleva graves riesgos para las garantías personales toda vez que implica la ocupación militar del territorio nacional para la “defensa” contra un “enemigo interno”  que resulta ser el propio ciudadano, indistintamente si se trata de campesinos, presuntos delincuentes, obreros, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos, o cualquier otro.

El concepto de seguridad ciudadana, desde una visión democrática y respetuosa de los derechos humanos, es la superación de la visión autoritaria y militarista que marcó la actuación de buena parte de los Estados latinoamericanos durante el siglo pasado y cuya actuación –durante mucho tiempo- estuvo amparada por la doctrina de seguridad nacional. En dictadura, el Estado seguirá de espaldas a sus obligaciones en materia de derechos humanos, alentando la comisión de abusos y erosionando los mecanismos de rendición de cuentas.

El artículo 2 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela consagra al país como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en el que se propugnan como “valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Asimismo, el artículo 43 de la CRBV consagra la inviolabilidad del derecho a la vida, estableciendo además que “(…) Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla”. Por su parte el artículo 55 de la Carta Magna establece el deber de los cuerpos de seguridad del Estado de respetar “la dignidad y los derechos humanos de todas las personas”. El presidente de la República y los altos funcionarios del Estado han estimulado la violación del derecho a la vida por parte de los agentes de la fuerza pública, bajo la excusa de la lucha contra la “violencia terrorista y paramilitar”.

En un contexto de ascenso y consolidación del autoritarismo, extinción del Estado de derecho y erosión de la iinstitucionalidad democrática, los abusos seguirán aumentando y las víctimas de violaciones al derecho a la vida, a la libertad personal y a la integridad personal también aumentarán. La impunidad estructural y el discurso de odio promovido por los voceros de la dictadura se han convertido en el principal aliento los violadores de derechos humanos.

Ante la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y canales para la justicibilidad de los casos de violaciones al derecho a la vida, las organizaciones de la sociedad civil y los espacios de organización y articulación de víctimas de abusos, tenemos el reto de continuar con la documentación y visibilización de estas situaciones, para preservar el registro y la memoria histórica que permitan, en el retorno a la Venezuela democrática, juzgar y sancionar a los responsables. Asimismo, es necesario mantener una vigilancia ciudadana estricta sobre la actuación de los funcionarios policiales, de seguridad y de la FANB, promoviendo conciencia del respeto absoluto al derecho a la vida.


Prensa Provea