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Alí Daniels es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene una especialización en derecho administrativo en esa universidad y estudios de doctorado en derecho administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en derecho internacional humanitario y derechos humanos desde hace más de 15 años. Además es director de la ONG Acceso a la Justicia, dedicada desde el año 2010, a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en Venezuela, así como difundir la información correspondiente para lograr que los ciudadanos logren hacer efectivos sus derechos.

– Ocho países han pedido que Fiscal de la  Corte Penal Internacional evalué desde 2014 si se cometieron delitos de lesa humanidad. Comencemos con esta pregunta ¿Qué es el Consejo de DDHH de la ONU?

Es un órgano de la Naciones Unidas que nace de una reforma hecha del sistema de protección universal de derechos humanos en el año 2006 y con esta reforma se pretendió generar un sistema más eficiente de protección. Esto al final es un tema bastante discutible ya que ese consejo está conformado por Estados y establece cuotas, siendo que esas cuotas pudieran estar sujetas a consideraciones de tipo político más allá de los derechos humanos (DDHH), pero fue el órgano que se creó como un ente alterno al Alto Comisionado de Derechos Humanos, con un mandato claro de protección de esos derechos, por ello es que no se puede alegar que hay injerencia en la soberanía de ningún país ya que es un mandato del consejo pronunciarse son violación de DDHH en cualquier país miembro de la ONU. Esto tiene mucha importancia y se refleja en la reacción que tuvo el gobierno venezolano respecto a la resolución de ese consejo al hablar de injerencia.

– ¿Qué importancia tiene ese Consejo de DDHH en la estructura de la ONU?

Su importancia reside en ser el órgano de deliberación más alto en materia de DDHH, ya que el otro órgano, que es independiente de ese consejo, es el Alto Comisionado de DDHH el cual le rinde información a este consejo, además que es un cuerpo colegiado y el Alto Comisionado es una sola persona. Por encima siempre estará la Asamblea General de la ONU. Su importancia reside también en ser un órgano que implica el pronunciamiento de la ONU como organización y no de los países que lo integran. Está integrado por 47 países y Venezuela es uno de esos miembros, lo cual tiene también importancia, ya que para ser miembro del consejo, la normativa establece que estos deben tener los más altos estándares de cumplimiento en la protección de los DDHH y en el caso que nos atañe ese consejo está diciendo que uno de sus miembros tiene una crisis humanitaria.

– Según esa normativa si algún país incumple con esa protección ¿puede ser retirado de ese consejo a petición de otros países?

Efectivamente puede ser suspendido y aplicárseles medidas de carácter diplomático, más no coercitivas. Incluso hay categorías para algún órgano de algún país, en el caso venezolano la Defensoría del Pueblo fue bajada de categoría A hacia B porque no cumple con los elementos de independencia e imparcialidad. Esto es importante y hay que ponerlo en contexto, a través de la propaganda el gobierno había colocado al país en una situación muy positiva, recibiendo reconocimiento por parte de organismo de la ONU como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entonces pasa de recibir reconocimientos a recibir una resolución negativa, esto implica que la comunidad internacional está cambiando su percepción del país. Hay que resaltar, en ese sentido, las 17 abstenciones que hubo en esa resolución, los cuales en su mayoría son países de África, los cuales anteriormente, hubieran votado por solidaridad automática, en contra de la resolución, sin embargo se abstuvieron y uno de los votos a favor fue el de Ruanda, un país que ya sufrió un genocidio diciéndole a Venezuela que tiene que atender la emergencia humanitaria. Es importante decir esto porque no es un ataque al país como afirma el gobierno, sino que para que este reconozca la realidad y ayude a los venezolanos a recuperar los elementos básicos de la dignidad humana para su supervivencia. No es una resolución política que implique que el país cambie de sistema ideológico o político, lo que dice es hay una necesidades básicas que no está siendo cumplidas y el gobierno tiene que aceptarlas y atenderlas.

– El Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución sobre Venezuela ¿Qué alcance tiene la acción?

Lo primero es que es el primer documento de un órgano deliberativo de la ONU donde se utiliza el término “crisis humanitaria” y además se le pide al gobierno que acepte la ayuda humanitaria. Anteriormente este término lo utilizó dos veces el secretario general Ban Ki Moon, aunque el efecto se perdió porque estaba de salida del cargo y el actual secretario nunca ha hablado de crisis humanitaria sino de una “grave situación”. Tomando en cuenta esto, a partir de este momento los órganos de la ONU, como el PNUD, la FAO tienen que justificar por qué no están hablando de crisis humanitaria. Esto puede hacer que se evidencien las costuras dentro de esos organismos, ya que el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) si ha hablado de eso viendo la realidad en la frontera y trabajando en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Uno puede ver entonces que el gobierno aprovechó esas fisuras para que otros organismos no se pronunciaran o no actuaran. El otro alcance es que la comisión le da un mandato a la Alta Comisionada de DDHH para que le mantenga informada de la situación de Venezuela durante dos períodos más, es decir hasta el año 2020. El caso venezolano tuvo tanta importancia para la Comisión que se discutió en paralelo con el caso de Myanmar donde existe una situación de genocidio con la población Rohinyá, es decir para la comunidad internacional estamos a  ese nivel de gravedad.

– ¿Qué vinculación existe entre la Corte Penal Internacional y el Consejo de DDHH de la ONU?

Muy importante esta pregunta. En la resolución no se habla del tema penal, se habla solamente de la crisis humanitaria y de la crisis migratoria, sin embargo los informes que han emanado de la Comisión han servido de insumos a los ocho países que acusan ante la Corte Penal Internacional (CPI) el caso venezolano, eso evidencia que esos informes, que muchas personas consideran inservibles o papel mojado, tienen tanta importancia que estos ocho países han solicitado una investigación preliminar más amplia en tiempo que la solicitada por Fatou Bensouda fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional, quien había solicitado una investigación de tres meses (abril-agosto 2018) y los países están solicitando que el período sea a partir de febrero de 2014. 

– Ese examen preliminar puede durar años, ¿la solicitud hecha por estos siete estados pudiera acelerar el proceso?

Si efectivamente puede durar años como en el caso de Colombia que ya lleva 14 años, sin embargo ahora hay una presión distinta. Siempre que el fiscal abre un caso tiene que demostrar por qué lo cierra, en este caso tiene que rendirle cuentas a esos estados, por otro lado la experiencia ha demostrado que cuando hay la participación de un tercero, como el caso por parte del Consejo de Seguridad de la ONU en el tema de Gadaffi en Libia, la fiscalía se ve impelida a actuar con mayor celeridad y esto causó que al mes ya hubiera una imputación. Otra particularidad que debe tomarse en cuenta, en mi concepto, es que el caso venezolano debe servir para “desafricanizar” a la CPI, ya que todos los casos que ha asumido hasta ahora han sido de África.

– En caso de que ocurriera una visita de la Comisionada de DDHH para Venezuela ¿qué estrategia propondría para que las organizaciones DDHH le puedan aportar la mayor información posible?

Lo primero que hay que resaltar es que el gobierno no puede decir públicamente que no invita a la Alta Comisionada, aunque en la práctica se lo impida. Cuando le preguntaron al presidente en Ginebra sobre el tema dijo lo único que podía decir: Las puertas de Venezuela están abiertas, sin embargo en caso de que efectivamente se le haga la solicitud el gobierno puede darle largas al asunto. Creo que esa invitación es vacía e hipócrita y que no va a concretarse, porque para que se haga realidad existe una metodología, donde participa además un equipo que realiza las investigaciones, realiza entrevistas con garantías de imparcialidad, independencia y anonimato cuando las víctimas así lo solicitan, con partidos de oposición y por eso mismo creo que el gobierno no lo va a aceptar y menos ahora que tiene que dar cuenta de un supuesto suicidio de un detenido bajo su custodia. Lo positivo de esto en todo caso es que no puede acusar a la Alta Comisionada de injerencista, imperialista, cuando es un mandato de la Comisión de DDHH de la ONU.

– Teniendo en cuenta ese panorama tenemos entonces un acceso a la justicia bastante cuestionado ¿Cuál es la situación del acceso a la justicia en Venezuela en estos momentos?

No hay acceso a la justicia, no hay justiciabilidad y lo más deprimente es el descaro con que actúa el estado en ese ámbito. Los parámetros más elementales que pudieran servir para enmascarar al régimen se caen, ni siquiera se cuida de respetar las decisiones judiciales, las órdenes de un juez quedan al arbitrio, por ejemplo, de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Un caso como el del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) que interpuso hace tres años ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pidiendo que se declare una emergencia humanitaria con una medida cautelar, ni siquiera ha sido admitido, entonces se ve que no solo es en temas de derechos civiles y políticos. Lamentablemente en Venezuela decir que pueden hacerse justiciable los derechos es una falacia, estamos frente a un estado para el que un derecho significa hoy una cosa y mañana cualquier otra, eso no es más que una dictadura.


Luis Silva | Especial para Provea