(Caracas, 15 de mayo de 2017). Sobre la inconstitucional aplicación, de manera sistemática y generalizada, de la justicia militar contra civiles en el país, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) expresa las siguientes consideraciones:
1.– Desde el año 2005 Provea alertó sobre el inicio de un proceso de criminalización de la protesta en el país. Además de la descalificación desde el alto gobierno a la protesta pacífica, que incluyó la lamentable frase del ex presidente Hugo Chávez de ordenar “lanzar gas del bueno” a los manifestantes, se empezó a procesar en tribunales a quienes ejercían el derecho a la protesta.
2.- Como antecedente destacamos que, según los registros de Provea, durante las grandes manifestaciones por motivos políticos que se realizaron entre los años 2002-2003, muy pocas personas fueron detenidas, y las que eran privadas de libertad fueron liberadas a las pocas horas o días.
3.- A partir del 2005 hubo un incremento de la protesta social, vinculada principalmente a reclamos laborales y demandas de las comunidades por malos servicios públicos. Ese año se inició el proceso creciente de criminalización de la protesta social. La reforma de Código Penal Venezolano (CPV) introdujo nuevos tipos penales para sancionar mecanismos de protestas empleados históricamente por diversos sectores de la sociedad, propiciando con ello un aumento en la judicialización de las luchas y la penalización de sus protagonistas.
4.- Muchas personas detenidas en protestas, desde los años 2005 hasta el 2014, eran presentadas por el Ministerio Público ante tribunales. Cerca del 50% de las personas detenidas y procesadas penalmente, eran objeto de medidas cautelares y sometidas a regímenes de presentación periódica. En pocos casos registrados en este período los manifestantes fueron privados de libertad. El caso más emblemático fue el dirigente sindical Rubén González, encarcelado por más de un año por dirigir una huelga, procesado durante cinco años hasta su libertad plena.
5.- Antes del ciclo de protestas registrado entre los meses de febrero y junio de 2014, cerca de 3.000 personas estaban sometidas a regímenes de presentación en distintos tribunales civiles del país. Algunas de estas estuvieron en esta situación por más de siete años y no podían salir de la ciudad donde vivían.
6.– Sólo durante las protestas de 2014 se detuvo de manera arbitraria a por lo menos 3.127 personas. De ellas, 2.026 fueron presentadas en tribunales quedando privadas de libertad 114 y 1912 bajo régimen de presentación, semanal, quincenal o mensual.
7.– En 2012 se empezó a aplicar la justicia militar contra la protesta social. Ese año cinco sindicalistas y cinco indígenas, además de un estudiante, fueron procesados por los delitos de “ultraje al centinela” y “violación de zonas de seguridad”.
8.- Entre 2012 y 2016 aproximadamente 100 civiles se encontraban procesados en la justicia militar. Entre ellas amas de casa que discutieron con guardias nacionales en las colas por comprar comidas y algunas personas detenidas en Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) en una clara aplicación de la justicia militar a los más pobres. Igualmente se aplicó a dos activistas políticos entre ellos el Diputado Gilber Caro.
9.– Con la Rebelión Popular que se inició la primera semana de abril del 2017, el gobierno aplicó el denominado “Plan Zamora” y como parte de él una mayor militarización de la sociedad venezolana. En la ejecución del Plan y ante la actitud del Ministerio Público de no imputar a manifestantes o no solicitar la privativa de libertad como aspira el gobierno, se recurre a un uso más intenso de la Justicia militar para juzgar a civiles detenidos en el marco de las protestas.
10.- Al 12 de mayo de 2017, según cifras del Foro Penal Venezolano, un total de 237 civiles detenidos en el contexto de protestas habían sido presentados en los tribunales militares de los cuales a 155 se les había privado de libertad, muchos de ellos enviados a la cárcel de Ramo Verde en el estado Miranda y a la cárcel 26 de Julio en San Juan de los Morros estado Guárico.
11.- La aplicación arbitraria e inconstitucional de la justicia militar a civiles es una escalada de la criminalización de la protesta, pero también de la violación de los derechos humanos en el país. Encuadra dentro de la estrategia definida por el gobierno de considerar a los sectores críticos al gobierno -delineada en el decreto de estado de excepción y emergencia económica-, como un “enemigo interno” que hay que derrotar, violando así los derechos y garantías constitucionales.
12.– La justicia militar no es para civiles. Es una abierta violación del derecho a ser juzgado por el juez natural: civiles deben ser procesados por jueces civiles. Es una violación al debido proceso porque no es un tribunal independiente quien juzga, artículos 49 y 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los jueces y fiscales militares son designados por el Ejecutivo Nacional y responden de manera obediente a las órdenes que les impartan.
13.– Advertimos que de continuarse por este camino, la justicia militar no solo se seguirá aplicando a quienes protesten cuestionando la dictadura. Se extenderá a sectores que aun simpatizando con el gobierno, reclamen derechos. Es una política gubernamental contra el descontento y la protesta social. Las cárceles lamentablemente se seguirán llenando de pobres que reclaman derechos y de activistas políticos que luchan por la democracia.
14.- Otro de los objetivos de la aplicación de justicia militar contra civiles es anular, por la vía de los hechos, las competencias del Ministerio Público, titular de la acción penal en el país. La Fiscalía, a raíz de la protesta popular ha iniciado un proceso de reinstitucionalización, que difiere del actual copamiento de la mayoría de las instituciones públicas por parte del Ejecutivo.
A pesar de este escenario de abierta represión y graves amenazas para los derechos humanos, recordamos que la historia ha demostrado que los pueblos unidos y decididos pueden derrotar a los gobiernos más represivos y arbitrarios. Las dictaduras del Cono Sur; la de Somoza en Nicaragua; la de Pinochet en Chile y la de Fujimori en Perú fueron derrotadas por la perseverancia del pueblo en luchar por la democracia, resistir a la represión y tomar las calles en forma masiva reivindicando derechos. La dictadura en Venezuela también puede ser derrotada. Sigamos adelante con la primera Rebelión Popular del Siglo XXI en Venezuela.
