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Luego de que el pasado 3 de julio un conjunto de sectores de la sociedad civil, incluyendo partidos políticos, ONG, sindicatos, universidades, periodistas, empresarios, etc., hayan promovido el acuerdo “Que sea el pueblo quien decida” como una estrategia frente a las pretensiones de Nicolás Maduro de concretar una Asamblea Nacional Constituyente, surgieron muchas dudas en relación con el alcance en términos concretos de tal iniciativa que derivó en una consulta popular pautada para el 16 de julio.

Es posible que tales incertidumbres formen parte de la angustia ciudadana tras la debacle del país en todos los términos, y, en ese sentido, de la necesidad de acciones contundentes frente a una fraudulenta constituyente que derogaría la Constitución actual, dando paso a otra etapa de la dictadura en la que, con una apariencia “legal”, aunque impuesta desde la ilegalidad, el gobierno pueda manejar con mayor libertad y a su conveniencia el Estado, la institucionalidad.​

La convocatoria de una consulta popular está legitimada en el artículo 70 constitucional y, en esta oportunidad, enmarcada en los invocados artículos 333 y 350 de la Carta Magna, como lo señaló el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara: “En el artículo 5 se deja claro que la soberanía reside en el pueblo; en el artículo 70 se deja claramente que la consulta popular y las asambleas de ciudadanos, como mecanismos vinculantes de toma de decisiones de expresión de la soberanía popular, y en el artículo 333 y 350 se establece claramente el desconocimiento a toda autoridad, legislación o régimen que contrae la Constitución y nos obliga a restituir el orden constitucional”. Pero, más allá del aspecto legal, existe en este llamado un poder profundamente simbólico cuyo alcance podría ser tan contundente como el referéndum revocatorio que nos negó la dictadura.

La consulta popular del 16 de julio representa por un lado la lucha por la vuelta a la institucionalidad democrática, pudiendo quizás llegar a ser el símbolo más importante de la protesta pacífica hasta ahora. Y por otro lado es, en estos momentos la máxima representación de la democracia de que podríamos “gozar” y a la vez ejecutar, en un contexto carente de estado de derecho, de independencia de poderes, de respeto a las críticas y lleno, por demás, de un conjunto de violaciones de Derechos Humanos, varias de ellas imprescriptibles por ser crímenes de lesa humanidad como las violaciones al derecho a la vida y las torturas.

El 16 de julio se abre un espacio para demostrar la civilidad, en términos de ejercicio ciudadano, de la mayoría frente a una minoría que intenta imponer su antipolítica fraudulenta, usando para ello acciones coercitivas que van desde el burdo chantaje de negociar el bienestar, del que por cierto nos privaron, hasta las violaciones al hogar, detenciones arbitrarias, represiones brutales, etc. Asimismo simboliza la exaltación de la vida cívica frente a la militarización que con este gobierno ha imperado en el país.

Esta consulta popular también podría llegar a ser significativa porque mediante ella, si se lograse la participación esperada, podríamos hacer una lectura concreta no solo del repudio a la Asamblea Nacional Constituyente sino también al gobierno actual. Nos daría una idea de los resultados del revocatorio que nos fue negado.

En este sentido, desde Provea queremos insistir en la importancia de este acto como un paso hacia la recuperación de la institucionalidad democrática.

¡Participemos!​


Prensa Provea