En 2020 todos los niveles educativos fueron afectados por la emergencia de salud que impuso el Covid-19 en nuestro país. Tal situación se presentó en un contexto caracterizado por una crisis estructural del sistema educativo, que se desarrolla en el marco de una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), y un colapso generalizado de los servicios públicos, que impacta de manera negativa en el funcionamiento de las instituciones educativas, la asistencia a las aulas y el rendimiento escolar. A ello hay que agregar una despreocupación por parte del Estado para llevar el pulso a la calidad de la educación que se imparte, sumado al desánimo y malestar de los educadores por los bajos salarios y unas condiciones generales de deterioro de las condiciones y medio ambiente de trabajo.
Aumentó la exclusión
La pandemia agudizó algunos de los problemas estructurales mientras que otros persistieron, pero no hay una manera de valorar por ahora con amplia dimensión su impacto. Por ejemplo, en la planta física de las instituciones y en la calidad de la educación, e igualmente en la crisis de agua, transporte público y cortes eléctricos, que ya eran un asunto cada vez más preocupante, afectando la asistencia escolar. Con la llegada del coronavirus, tales problemas se trasladaron a los hogares, que se convirtieron, en medio de la cuarentena, en el principal espacio físico para recibir las clases.
El Estado se vio obligado a imponer en todos los niveles de la educación clases de forma virtual y a distancia. Esto puso en mayor evidencia algunos de esos problemas estructurales y generó otros. Se profundizaron las desigualdades existentes entre los habitantes de la capital y los del resto del país. La dinámica de enseñanza pasó a depender de la conexión a internet y la posibilidad de contar con equipo de tecnología adecuado. La escasez de recursos económicos, el deficiente acceso a internet y la falta de equipos que soportaran conexiones de datos, afectaron a estudiantes y docentes.
Además, contar con servicio regular de energía eléctrica fue un elemento decisivo en un país que atraviesa desde hace varios años una aguda crisis en el sector eléctrico. Los problemas de transporte y escasez de agua, que desde hace tiempo han propiciado la inasistencia de estudiantes a las aulas, fueron sustituidos en este período por los cortes de luz que obstaculizaron la participación de muchos en las clases virtuales.
Las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional fueron insuficientes para atender la nueva modalidad de impartir clases a distancia. La forma autoritaria de gobernar se impuso. No se convocó a los gremios docentes a consultas para diseñar estrategias y evaluar sus nuevas necesidades para asumir la acción pedagógica de manera virtual.
En los primeros meses del confinamiento y hasta la culminación del año escolar que estaba en curso, las autoridades guiaron a educadores, estudiantes, padres y representantes a través del programa “Cada Familia Una Escuela”, que fue definido como un plan pedagógico de prevención y protección.
Se establecieron tres propósitos:
1. La concientización de la escuela, familia y comunidad a través de campañas de divulgación, prevención y protección contra el Covid-19;
2. La activación de la comunidad educativa, movimientos y organizaciones sociales en las instituciones, centros, planteles y servicios educativos a nivel nacional, con el fin de garantizar la prevención y detección de síntomas, y
3. La ejecución de las medidas de atención educativa y salud para la prevención y protección emanadas por el ente rector para prevenir la propagación del Covid-19 en las instituciones, centros, planteles y servicios educativos a nivel nacional.
En lo pedagógico el plan trazó orientaciones bastante generales de contenido educativo que debían garantizarse en la educación inicial, primaria y media. Se estableció que el personal directivo y docente debía estar en comunicación permanente con la familia, estudiantes y comunidad, en función de garantizar el cumplimiento de dicho plan a través de encuentros semanales, grupos de WhatsApp, correo electrónico y video llamadas, entre otros.
Un pequeño porcentaje de la plataforma comunicacional del Estado fue puesta a disposición de la nueva modalidad de impartir clases. La poca que se usó tuvo limitada difusión y dificultades para ser accesible, aunque en el inicio del nuevo año escolar 2020/2021 mejoró un poco la difusión de contenidos.
Se dejó a educadores y alumnos la carga de resolver la educación a distancia
Los educadores persistieron en sus reclamos salariales con movilizaciones en los estados y a nivel nacional. Denunciaron el poco acompañamiento de las instituciones y autoridades para asumir los retos de la nueva modalidad de enseñanza, cuestionando la improvisación de algunas de las medidas que se adoptaron.
La Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto a otras organizaciones de derechos humanos, se pronunció sobre la suspensión de clases y las clases a distancia de la siguiente manera:
“Las condiciones actuales del sistema educativo presencial hacen que sea imposible asegurar el acceso, permanencia, calidad y prosecución de manera equitativa a niños, niñas y adolescentes (NNA), ni brindar herramientas a sus familias y docentes para que acompañen adecuadamente en el proceso de aprendizaje. En estas circunstancias, migrar a un modelo de educación a distancia sin considerar las mínimas previsiones ni proponer acciones para corregir las fallas estructurales de las que el sistema adolece, imponiendo además a las familias un rol que no les corresponde ni para el que están preparadas, es agravar las condiciones de vulnerabilidad que estudiantes de todas las edades confrontan en el ejercicio de su derecho a la educación, que el Estado debe garantizar ineludiblemente
Por su parte la Federación Venezolana de Maestros (FVM) y sus 27 sindicatos filiales expresaron su preocupación ante este conjunto de limitaciones:
“No se cuenta con servicios públicos eficientes para ofrecer a la población agua potabilizada, electricidad, transporte, alimentación, salud, menos servicios de comunicación a través internet, ni recursos tecnológicos, computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes para que este programa llegue a todos los hogares; en consecuencia, es un programa discriminatorio, porque solo tendrán acceso a él quienes cuenten con recursos económicos para subsidiar eventualmente un plan de datos a través de las operadoras privadas
Aunque el gobierno prometió garantizar el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), este funcionó de manera muy irregular y fue casi inexistente en algunos estados.
El subsistema de educación superior en acelerado deterioro
A nivel de educación universitaria la situación no fue muy diferente.
Sufrió buena parte los problemas estructurales que afectaron al Subsistema de Educación Básica: docentes con salarios de hambre, deserción estudiantil, decaimiento de la infraestructura, frecuentes hechos delictivos y un histórico déficit presupuestario. La suspensión de clases presenciales puso en mayor evidencia la crisis que atraviesan las instituciones de educación superior y la desidia del gobierno de facto para dar respuesta adecuada.
Una permanente desidia ante la situación de las cinco universidades autónomas e indolencia frente a la problemática de las demás instituciones, mantiene la educación universitaria en progresivo declive.
Resalta la falta de acompañamiento del Estado a las Universidades tanto públicas como privadas para asumir la educación a distancia. La soledad de los espacios universitarios fue aprovechada por la delincuencia para cometer hurtos y se produjeron incendios que pudieron haber sido provocados, según dijeron las autoridades y estudiantes. El empeño del gobierno de facto en seguir debilitando a las cinco universidades autónomas y su indolencia ante los problemas que afectan la educación superior condujeron a asignar nuevamente presupuestos deficitarios. Con ello se continúa afectando la investigación, los servicios estudiantiles, el mantenimiento de la infraestructura y las tablas salariales. El profesor universitario con el más alto escalafón devenga un salario igual o menor a 30 dólares mensuales.
Los datos parciales y contradictorios difundidos por las autoridades sobre las misiones educativas impiden nuevamente conocer su situación actual.
Persisten las mentiras en materia de matricula
Según el gobierno de facto, en 2020 hubo un crecimiento de la matrícula escolar, tanto en el subsistema de educación básica como en el universitario. La matrícula en educación básica habría alcanzado los 8.763.066 estudiantes, lo que significaría un aumento –en un solo lapso escolar– de 690.677 estudiantes. A nivel universitario se informó que la matricula ascendió a 3.145.869 estudiantes, lo que supondría un aumento, en apenas un año, de 316.349 estudiantes.
La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) indicó a su vez que se había reducido la asistencia a clases de los jóvenes entre 18 y 24 años desde 2017, y aproximadamente un millón de personas salieron cada año de Venezuela desde entonces. Es decir, mientras la población nacional disminuyó y persistieron los graves problemas del sistema educativo, el gobierno afirmó que la matrícula estudiantil en todos los niveles aumentó.
En septiembre de 2020 Nicolás Maduro anunció que existían 3.145.869 estudiantes universitarios; ello indica, según el gobierno, que en un año hubo un incremento de 316.349 estudiantes. Se difunden datos sin mayor explicación y que no tienen lógica si se analizan en el contexto nacional. Las universidades antes de la pandemia padecían de una ascendente deserción de estudiantes y docentes. La crisis ha continuado profundizando y el contexto de la pandemia en 2019 la agudizó. Según ese presunto incremento ocurrido en 2020 sería el mayor aumento de matrícula universitaria en el periodo de Maduro.
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