El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con el objetivo de apuntar a la erradicación de la tortura y a la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que entró en vigor el 26 de junio de 1987.

En Venezuela, tras 12 años de la aprobación de la «Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes» no se registran avances, pero sí muchos retrocesos en la garantía del derecho a la integridad personal.

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«Estaba muy golpeado«

Humberto Peraza*, un joven de 17 años, fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el pasado 29 de julio –en el marco de las protestas y la represión post-electoral- mientras regresaba a su casa ubicada en el sector El Toro, parroquia Yagua del municipio Guacara en el estado Carabobo.

A las 5:00 de la tarde de ese día, el adolescente llegó de su trabajo conduciendo una motocicleta y cerca de las 6:00 pm. su abuela lo llamó para que buscara a su hermana en la peluquería donde trabajaba. De regreso de casa de su abuela, donde dejó a la joven, se dirigió a su residencia, pero en el camino fue interceptado por funcionarios policiales quienes le dieron la voz de alto y le ordenaron subir a un camión de la PNB.

Peraza estuvo en condición de desaparición forzada durante tres días, hasta que su madre dio con su paradero luego de recorrer varios hospitales y comisarias. El adolescente se encontraba detenido en el Fuerte Paramacay, una instalación militar ubicada en el municipio Naguanagua del estado Carabobo que sirve de sede a la 41° Brigada Blindada del Ejército Bolivariano.

La madre de Peraza ya había acudido a ese recinto en tres ocasiones y los efectivos militares habían negado que el joven se encontrara allí. Fue por un video difundido por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, que pudo identificar a su hijo sentado en el piso junto a decenas de detenidos en en el Fuerte Paramacay.

«Estaba muy golpeado, la cabeza llena de chichones, las costillas con moretones porque les daban con los cascos y también patadas. Tenía tres días sin tomar agua ni comer, durmiendo en un piso lleno de piedras. Le pusieron electricidad porque querían que grabara un video diciendo que María Corina Machado les había pagado para protestar«, contó la madre de Humberto Peraza a la prensa local.

Pese a ser torturado, Peraza fue presentado en tribunales junto a otros 13 menores de edad y un juez le impuso una medida privativa de libertad por los delitos de terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad. En la audiencia preliminar pasó a compartir causa con otra adolescente que fue detenida en Guacara, “cuando ni siquiera se conocían”. El adolescente permaneció detenido en una comisaria de la PNB en el municipio Los Guayos hasta que fue excarcelado el pasado 11 de diciembre junto a otro adolescente de 15 años que padece de esquizofrenia y también fue imputado por terrorismo.

La tortura: una práctica generalizada y sistemática

En medio de un acelerado deterioro de la calidad de vida y de la extinción del Estado de Derecho, la tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país, contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas.

La tortura, como castigo “ejemplarizante”, se ha institucionalizado en Venezuela y forma parte del repertorio represivo empleado por el gobierno de Nicolás Maduro. En las comunidades pobres y en las cárceles del país, la violencia institucional que ejercen las corporaciones de seguridad del Estado es empleada como mecanismo de control social contra excluidos y disidentes políticos.

Entre enero y diciembre de 2024, Provea registró 9 casos de torturas que incluyeron a 60 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos. Esta cifra representa un incremento de 13,2% respecto al número de víctimas reportadas en 2023. Todas las personas registradas se identificaron con el género masculino con edades comprendidas entre los 17 y los 30 años.

El 75% de los casos denunciados tuvieron lugar en el Internado Judicial Capital-El Rodeo I (Cárcel El Rodeo I), ubicado en la población de Guatire al noreste del estado Miranda.

El Cuerpo de Custodios Penitenciarios del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario acumuló la mayor cantidad de denuncias de actos de torturas con 45 víctimas reportadas (75% del total), seguido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) con dos casos cada uno.

La mayoría de los castigos infligidos a los afectados consistió en golpizas, asfixia mecánica, electrocución y tormentos psicológicos. El estado Miranda fue la entidad en la que se reportó la mayor cantidad de denuncias con 48 casos (80% del total).

Otras 2.224 personas fueron víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes durante el año 2024, lo que representó un aumento de 88,1% respecto a la cifra registrada en 2023. La mayoría de los abusos ocurrieron en cárceles y comisarias en las que las precarias condiciones de reclusión y los continuos castigos contra los privados de libertad son una constante. Al menos cinco personas murieron a consecuencia de estos actos bajo custodia del Estado tras padecer largos períodos sometidos a privación de alimentos y tratamientos médicos.

En 11 años al frente de la presidencia, la gestión de Maduro acumula 1.712 víctimas de torturas y 9.533 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.

La incomunicación y el aislamiento de los detenidos afianzan la tortura y los tratos crueles como política de Estado

La escalada represiva registrada tras los comicios del 28 de julio, y que aún no se detiene, ha generado un severo impacto en la estabilidad social y la paz de la población en general. La abierta asunción de prácticas de terror de Estado por parte de las autoridades -a todos los niveles de gobierno-, mediante la institucionalización de la desaparición forzada, la incomunicación y el aislamiento prolongado de los detenidos, afectan severamente la estabilidad emocional de estas personas, extendiendo el daño a su núcleo familiar y al resto de la sociedad.

La desaparición forzada de personas detenidas en el contexto de la represión contra la disidencia política, es una práctica generalizada que ha cobrado especial fuerza tras el relanzamiento del plan Furia Bolivariana en enero de 2023.

Las personas detenidas son sometidas a largos períodos de incomunicación en los que ni sus familiares, ni sus abogados tienen conocimiento sobre su sitio de reclusión o incluso, sobre el organismo de seguridad o las razones por las que se le detuvo. En casi todos los casos, los familiares y allegados del detenido recorren diversos centros de detención solicitando información, sin obtener ningún tipo de respuesta.

La desaparición forzada no sólo constituye un grave riesgo para la vida e integridad del detenido, sino que extiende la sensación de miedo e indefensión sobre sus familiares quienes no tienen certeza sobre el paradero y las condiciones de salud de la persona detenida. La desaparición forzada propicia la posible comisión de torturas y otros malos tratos contra el detenido y constituye, de plano, un acto de trato cruel, inhumano y degradante contra su núcleo familiar, que va generando un mayor impacto psicológico a medida que se prolongue por más tiempo.

La Relatoría Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas ha señalado que: «La gravedad de los dolores o sufrimientos resultantes de un determinado tipo de malos tratos no es necesariamente constante, sino que tiende a aumentar o a fluctuar con la duración de la exposición y la multiplicación de los factores estresantes«.

A la institucionalización de la desaparición forzada se suman la incomunicación y el aislamiento prolongado de los detenidos, que también equivalen a actos de desaparición forzada, tal como ha destacado la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas.

El caso de nuestro compañero Eduardo Torres, detenido-desaparecido el pasado 09 de mayo, ilustra claramente esta terrible situación.

Torres desapareció el viernes 09 de mayo a las 4:00 de la tarde tras avisar a su familia que se dirigía a su vivienda luego de salir de una reunión de trabajo.

El sábado 10 de mayo, su esposa, acompañada por miembros del equipo de Provea, recorrió varios centros de detención intentando obtener información sobre el paradero de Eduardo Torres, pero en las sedes del Sebin – Helicoide, DGCIM, DIP-PNB y otros recintos, negaron que el activista se encontrara allí. Cinco días después, el 13 de mayo, el Fiscal General, Tarek William Saab, admitió públicamente que Torres se encontraba detenido, sin ofrecer detalles sobre el centro de reclusión ni las condiciones de salud de nuestro compañero.

A la fecha, la familia y los allegados de Torres, no han podido establecer comunicación directa con el activista, extra-oficialmente se conoció que nuestro compañero se encuentra recluido en la sede del Sebin en El Helicoide, pero ante la prolongada incomunicación a la que ha sido sometido, podemos afirmar que aún se encuentra en una situación de desaparición forzada en la que su vida e integridad están en grave riesgo, y su núcleo familiar está sometido a un también prolongado trato cruel, inhumano y degradante.

«Celdas inhumanas«

En diciembre pasado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) publicó su informe “Prisión injusta, celdas inhumanas” en el que recogió testimonios y alegaciones de familiares y personas excarceladas sobre los malos tratos que reciben los privados de libertad por razones políticas en distintos centros de detención, incluyendo torturas en las cárceles de Tocorón y El Rodeo I.

El CLIPPVE reportó el aislamiento, que constituye desaparición forzada, tortura psicológica y probable tortura física y tratos crueles contra los familiares de las personas privadas de libertad por razones políticas.

Casos como el de Perkins Rocha detenido el 27 de agosto de 2024 y recluido actualmente en la sede del SEBIN en El Helicoide, y a quien nunca se le ha permitido recibir visitas ni llamadas de familiares y/o abogados o Biaggio Pilieri detenido el 28 de agosto de 2024, recluido en el mismo recinto y a quien tampoco se le ha permitido ningún tipo de comunicación con familiares o abogados, también arrojan luces sobre la institucionalización de la desaparición forzada y la incomunicación prolongada como mecanismos de castigo que constituyen una clara forma de tortura psicológica contra los detenidos y un acto de trato cruel contra sus familiares.

Un entorno de torturas

En un informe presentado en 2020 ante el 43° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de ONU, la Relatoría Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, elaboró una lista -no restrictiva-, de los métodos predominantes en la aplicación de la tortura psicológica:

  • Seguridad (inducción de miedo, fobia y ansiedad). «El método más rudimentario de tortura psicológica es la imposición deliberada e intencionada de miedo«. Por ejemplo: «Amenazar directa o indirectamente con infligir, repetir o intensificar actos de tortura, mutilación, violencia sexual u otros abusos, también contra familiares, amigos u otros reclusos«.
  • Autodeterminación (dominación y sometimiento). «Se aplica prácticamente en todas las situaciones de tortura es privar de manera deliberada a las víctimas de su control sobre el mayor número posible de aspectos de su vida«. Por ejemplo: «Proporcionar, retener o retirar arbitrariamente el acceso a la información, material de lectura, los artículos personales, las prendas de vestir, la ropa de cama, el aire fresco, la luz, los alimentos, el agua, la calefacción o la ventilación«.
  • Dignidad e identidad (humillación, violación de la intimidad e integridad sexual). «El hecho de que se atente contra el sentido de la autoestima y la identidad de las víctimas mediante la vulneración sistemática y deliberada de su intimidad, dignidad e integridad sexual está estrechamente relacionado con la inhibición del control personal, la autonomía y la autodeterminación, pero constituye una transgresión incluso mayor«. Por ejemplo: «El avergonzamiento público, la difamación, las calumnias, el vilipendio o la exposición de detalles íntimos de la vida privada y familiar de la víctima«.
  • Orientación en el entorno (manipulación sensorial). «La manipulación sensorial y la desorientación deliberadas mediante la privación sensorial o la hiperestimulación afectan tanto a los órganos sensoriales como al procesamiento cognitivo de la percepción sensorial. En concreto, la hiperestimulación sensorial es la conexión entre la tortura física y psicológica«. Por ejemplo: «Supresión de la comunicación oral con la víctima, luz monótona constante, entorno visualmente estéril, aislamiento acústico de la celda, uso de capuchas, uso de vendas en los ojos, uso de guantes, uso de máscaras faciales, uso de orejeras«.
  • Relaciones sociales y emocionales (aislamiento, exclusión, traición). «Un método rutinario de tortura psicológica consiste en atacar la necesidad de la víctima de relacionarse social y emocionalmente mediante el aislamiento, la exclusión social, el acoso laboral y la traición«. Por ejemplo: «Provocar “conductas indebidas” al ofrecer solo opciones “culposas” y luego inducir emociones de vergüenza o cargo de conciencia por traicionar la confianza del torturador«.
  • Confianza comunitaria (persecución y arbitrariedad institucional). «En contextos típicos caracterizados por deficiencias de gobernanza sistemáticas o por la persecución de personas o grupos, la arbitrariedad institucional sostenida perjudica fundamentalmente la necesidad humana de confianza comunitaria y, según las circunstancias, puede causar sufrimientos mentales graves, una profunda desestabilización emocional y traumas individuales y colectivos duraderos«

Todos los métodos descritos por la Relatoría Especial, han sido denunciados y documentados en Venezuela como prácticas recurrentes por parte de las corporaciones de seguridad, aupadas por altos funcionarios del Estado.

En 2024 nuestro país pasó de padecer un breve período de persecución selectiva a uno de persecución masiva de las voces críticas, y del uso de mecanismos blandos de represión al empleo de los más duros mecanismos para castigar a las personas. Aún más grave es que la masificación de tecnologías de control social, sumadas a la impunidad estructural, están generando un severo impacto en la dinámica de los núcleos de miles de familias y constituyen actos de terrorismo de Estado.

En Venezuela la tortura es una practica cotidiana. Institucionalizada en la mayoría de los cuerpos policiales y militares, la comisión de este oprobioso crimen contra los derechos humanos tiende a «normalizarse», invisibilizando a las víctimas y manteniendo abierto un ciclo interminable de revictimización y abusos.

Sólo cuando el crimen de la tortura trasciende los barrotes y golpea al resto de la sociedad, la opinión pública reacciona ante el inminente riesgo que corremos todos en la Venezuela de Maduro. El riesgo de ser torturados.


*Nombre modificado para proteger la identidad de la víctima

Prensa Provea