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Inti Rodríguez | Prensa Provea.- Han transcurrido cinco días desde el asesinato, bajo torturas, del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo y ni su familia, ni sus abogados han sido informados por el Ministerio Público de los resultados de la autopsia realizada al cadáver del militar. Tampoco han sido entregados los restos mortales para que los familiares y amigos den disposición final a sus restos, de acuerdo a sus creencias culturales y religiosas.

Ante tal situación, Provea alerta sobre la posible reiteración de una práctica que se ha hecho recurrente en los últimos años en el contexto de ejecuciones extrajudiciales o de muertes causadas por el Estado, y que han generado controversia e indignación en la opinión pública nacional e internacional: la deliberada destrucción de evidencias físicas que incluye el obstáculo para la realización de autopsias independientes o incluso la ilegal cremación de cadáveres.

En el pasado reciente, las autoridades venezolanas han incurrido en este tipo de prácticas, que afectan las investigaciones en casos de presuntas violaciones de derechos humanos e impiden el hallazgo de la verdad y la justicia por parte de los familiares y la colectividad.

El 06 de mayo de 2016, los presuntos restos mortales de José Antonio Tovar Colina, conocido como “El Picure” fueron entregados cremados a sus familiares, por autoridades del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJ) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), “en una caja de cartón” según dijeron sus deudos a Provea y en información aportada a los medios de comunicación. En dicha ocasión, Provea conversó con familiares de Tovar Colina quienes expresaron su preocupación debido a la negativa de las autoridades de entregar el cuerpo del difunto, para que estos dieran disposición final de sus restos de acuerdo a sus creencias culturales y religiosas, en tanto estas no afectaran el curso de las investigaciones penales relacionadas con el caso.

En el caso de la «Masacre de El Junquito», en la que resultó asesinado el señor Oscar Pérez y sus acompañantes, los familiares de los difuntos reclamaron insistentemente -durante varios días- a las autoridades, la entrega de los cuerpos y advirtieron la posibilidad que fueran cremados por como una estrategia para destruir las evidencias del caso. Luego de la confirmación oficial de la muerte del ciudadano Oscar Pérez y seis de sus acompañantes, la esposa del líder rebelde Danahis Vivas, exigió públicamente al Gobierno venezolano que permitiera a su familia identificar el cuerpo y que no lo incineraran. «No autorizamos su cremación», aseveró a través de su cuenta Twitter. 

Por su parte el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de la Organización de Naciones Unidas, establece que “luego de realizado el protocolo de autopsia deben restituirse en el cadáver todos los órganos que no se vayan a conservar, y debe embalsamarse bien el cadáver a fin de facilitar una segunda autopsia si se desea hacer en algún momento futuro”. El Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas del Ministerio Pública, también establece que al concluir la autopsia “se deberá reintegrar al cadáver, todos los órganos que se examinaron, lo cual evitará complicaciones en caso de exhumaciones”. En ambos instrumentos se contempla la necesaria preservación del cadáver a objeto de no impedir el curso de las investigaciones y no hacer nugatoria la realización de una exhumación de los restos que permita aclarar situaciones no aclaradas en la primera autopsia, o encubiertas por los practicantes del procedimiento con la intención de favorecer la impunidad.