Odevida viene documentando y denunciando las violaciones a los derechos humanos, en especial la violación de los derechos de los pueblos indígenas de Amazonas desde el año 2021, lo que hemos plasmado en Informes y denuncias ante los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.
En esta oportunidad, en el marco de la “Tercera Edición del Ciclo de Encuentros por la Paz y la conservación de la Biodiversidad en Venezuela”, compartiré para contribuir al diálogo y el debate, los hallazgos y conclusiones de dos informes elaborados, uno por la Relatora Especial sobre el derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible de Naciones Unidas titulado “Panorama del ejercicio efectivo del derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible” y otro por la Coalición por los Derechos de la Amazonia, titulado “Violaciones a los derechos humanos de comunidades indígenas y el medioambiente al sur del Orinoco”.
Como verán en el desarrollo de la ponencia, ambos informes, uno de una instancia internacional pública, y otro de una organización de la sociedad civil, tienen muchas coincidencias en el diagnóstico y en las conclusiones y recomendaciones; lo que en opinión de Odevida demuestra que es posible, si existe voluntad política de parte de los gobiernos, que el sector público y la sociedad civil puedan trabajar coordinadamente para elaborar e implementar políticas públicas que garanticen y preserven los derechos humanos y los derechos al ambiente sano y los derechos de los pueblos indígenas.
ONU: derecho al ambiente y pueblos indígenas
Cabe mencionar que en el Informe de la Relatora se afirma que “En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el derecho a un medioambiente sano era un derecho autónomo con connotaciones tanto individuales como colectivas, que protegía también a las generaciones futuras. La Corte declaró lo siguiente: “La degradación del medioambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medioambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”.
Y también reconoce la importancia que tiene el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) para contribuir a “la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible” (art. 1). En el Acuerdo también se exige que “cada Parte garantizará el derecho de toda persona a vivir en un medioambiente sano” (art. 4)”. Desgraciadamente, Venezuela no ha aprobado al día de hoy este importante Acuerdo, que ampliaría la protección y la garantía de derechos para toda la población y en particular para los pueblos indígenas.
De particular importancia es la afirmación de la relatora al afirmar en el Informe que: “La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia ofrece una importante interpretación sobre las obligaciones de los Estados para con el medioambiente, incluidos los daños ambientales que afectan a otros Estados en contextos transfronterizos. La jurisprudencia también contempla la obligación, por un lado, de realizar evaluaciones del impacto ambiental antes de poner en marcha proyectos o actividades con las que se pueda correr el riesgo de ocasionar un daño significativo, y, por otro, de notificar y consultar a los Estados que podrían verse afectados”. Esto es de particular importancia para Venezuela, ya que en las fronteras con Brasil y Colombia, se presentan situaciones de afectación al ambiente e incluso de agresiones a los pueblos indígenas asentados ancestralmente en esos territorios, como es el caso de los Yanomamis.
Por otra parte, el Informe dedica el apartado IV para destacar las “Principales dificultades para hacer realidad el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible”, entre las cuales destaca “el aumento del riesgo para los defensores de los derechos humanos relacionados con el medioambiente y cierre de espacios cívicos”. Esta situación se presenta desde hace varios años en Venezuela, y en particular afecta a organizaciones de derechos humanos y ambientales, y a organizaciones indígenas que promueven la defensa de sus territorios ante la presencia de grupos irregulares externos armados y de grupos delincuenciales.
En este sentido, el Informe alerta sobre que “Las situaciones de conflicto y otras actividades ilegales agravan los efectos ambientales y climáticos y las situaciones de vulnerabilidad”. Las actividades extractivas incontroladas, como la minería, la deforestación y la agricultura a gran escala, tienden a aumentar cuando hay un conflicto. Los derechos de las mujeres, las niñas, los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes y forestales corren especial peligro.”.
Además, la Relatora Especial visibiliza en el Informe en su apartado V, las “Dificultades a las que se enfrentan las personas y los grupos en situaciones de vulnerabilidad”, y en el caso específico de los Pueblos Indígenas señala que “Los conocimientos indígenas y ancestrales, incluidos los de las personas respetadas por la comunidad y las mujeres, son imprescindibles para hacer una transformación y avanzar hacia la justicia climática y ambiental. A pesar de ello, los Pueblos Indígenas siguen teniendo graves problemas, como la estigmatización y la discriminación, para ejercer sus derechos.”
El Informe señala adicionalmente que “Para los Pueblos Indígenas, el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia también son problemáticos cuando hay por medio proyectos y actividades que conciernen a sus territorios, el medioambiente y el clima. El idioma sigue siendo una de las principales barreras”.
Finalmente, en el Informe la Relatora hace una serie de Recomendaciones, a los Estados y gobiernos, entre las cuales Odevida destaca la siguiente: “g) Refuercen la protección de los defensores del medioambiente, implantando medidas participativas con un enfoque interseccional e inclusivo, velando porque haya espacios cívicos seguros, evitando la criminalización y haciendo que se investigue y se enjuicie a quienes vulneran sus derechos humanos.”
Sociedad civil venezolana: derecho al ambiente y pueblos indígenas
En septiembre de 2023, en ocasión de la reunión en Ginebra del Consejo de derechos Humanos, la Coalición por los Derechos de la Amazonia presentó el Informe “Violaciones a los derechos humanos de comunidades indígenas y el medioambiente al sur del Orinoco”.
Según sus autores, el informe “pretende resaltar los efectos adversos que la actividad minera en la región al sur del Orinoco tiene en los pueblos indígenas de esta región, junto con los impactos negativos al medioambiente y a la biodiversidad en la región amazónica venezolana”, que en opinión de Odevida, constituyen la deuda histórica que tiene el Estado venezolano para con los pueblos indígenas asentados en el sur del territorio nacional.
El Informe comienza dando cuenta que “Entre los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, se concentra la mayor diversidad sociocultural y étnica del país, en una multiplicidad de poblaciones criollas, afrodescendientes y en más de 1.500 comunidades de 30 pueblos indígenas: Akawayo, Arawak, Arutani, Baniva, Baré, E’ñepa, Inga, Jivi, Jotï, Kari’ña, Kubeo, Kurripako, Mako, Makushi, Mapoyo, Pemón, Piapoko, Piaroa, Puinave, Sáliva, Sanema, Sapé, Shiriana, Wapishana, Warao, Warekena, Yanomami, Yavarana, Ye’kwana, Yeral.” Asimismo, se detalla que “según el último censo oficial del año 2011, existían un total de 172.543 indígenas en Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, lo que representa el 10,3% del total de la población de los tres estados y el 24% de la población indígena nacional, ubicándose a su vez el mayor número de comunidades en el estado Amazonas. Esta región comparte frontera terrestre con Colombia, Brasil y Guyana.”
Inicialmente, la Coalición destaca que “(…) se evidencia una política sistemática por parte de sectores del Estado de escasa protección y respuesta a los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas y sus demandas y, en el peor de los casos, de criminalizar y hostigar, y otros hechos donde ha ocurrido la muerte de líderes indígenas que defienden sus territorios y se oponen a políticas extractivistas mineras, ejecutadas legal o ilegalmente, como ha quedado documentado en informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional para Determinación de los Hechos.”
Posteriormente, el Informe profundiza las principales preocupaciones sobre los impactos de la minería y otras amenazas a los derechos humanos, que se detallan a continuación.
Bajo el subtítulo “La escalada sin precedentes de la minería ilegal”, en el Informe se afirma que: “El establecimiento del Arco Minero del Orinoco aunado a la situación de crisis socioeconómica e institucional que atraviesa el país desde hace ya casi una década, trajo como consecuencia que el territorio al sur del Orinoco experimentara un acelerado incremento de la minería ilegal dentro y fuera del área del Arco Minero del Orinoco. (…) De acuerdo a la RAISG (2020), en la Amazonía la deforestación acumulada alcanzó 513.016 km² entre los años 2000 y 2018. El avance de las actividades antrópicas indica que la Amazonía está mucho más amenazada que hace 8-10 años atrás, con un 7% del territorio que está bajo presión muy alta y 26% alta. En Venezuela, durante ese mismo lapso se perdieron al menos unos 4.000 km² de bosques amazónicos debido a la expansión agropecuaria, que, junto a la minería, principalmente ilegal y de crecimiento desordenado, han generado cambios importantes en la región durante las últimas dos décadas.”
La Coalición denuncia y manifiesta su preocupación porque “En el Estado Amazonas, todo tipo de minería está totalmente prohibida por decreto presidencial Nº269/1989. Sin embargo, en el Parque Nacional Yapacana en los últimos 10 a 12 años se ha acumulado una deforestación de más de 2.300 hectáreas, con presencia de miles de mineros y control del territorio por actores armados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Adicionalmente, la deforestación acumulada en la parte suroeste del parque que rodea al tepui, se estima en 1,537 hectáreas, y más de 750 hectáreas de deforestación se produjeron entre 2021 y 2022. Del total de deforestación acumulada, 17 hectáreas se han producido sobre el tepui sagrado. Más de un tercio (35%) ha ocurrido en 2021-22. De acuerdo con un informe del Proyecto MAAP, “el Parque Nacional Yapacana puede ser actualmente el sitio más impactado de toda la Amazonía (…), en base a la densidad de la actividad relacionada con la minería.”
Por otra parte, el Informe también documenta detalladamente las afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas que incluyen aspectos como la demarcación del hábitat y tierras indígenas; invasión, explotación y militarización de territorios indígena; violaciones a los derechos a la vida e integridad personal; amenazas y asesinatos de líderes indígenas y defensores ambientales; migración forzada y desplazamiento; salud; alimentación y educación; afectación diferenciada sobre las mujeres indígenas; y afectaciones al derecho a un medio ambiente sano.
Según la Coalición, desde el año 2016 el Gobierno Nacional entregó 102 títulos colectivos de tierras entre los años 2005 y 2016, por una superficie de 3.280.298,72 ha, donde habitan 101.498 personas, agrupadas en más de 25.000 familias de 683 comunidades. Se estima que la entrega de tierras no supera el 13% del total de los hábitats indígenas a nivel nacional. Preocupa a Odevida que, desde entonces, la demarcación como deber del Estado venezolano y como derecho de los pueblos indígenas se ha paralizado. Respecto a la región Guayana/Amazonía, se han otorgado solamente 8 títulos que benefician a 61 comunidades de los pueblos Warao, Jotï, Kari’ña, Pemón y Mapoyo, donde viven 2.157 familias y un total de 8.668 personas, con una superficie total de 1.206.060,91 ha. Lo cual corresponde, en superficie, al 36,8% del total de tierras indígenas adjudicadas a nivel nacional. Pero en términos del número de títulos entregados apenas representa el 8% del total a nivel nacional, que corresponde al 4% del total aproximado de comunidades indígenas presentes al sur del país.
Respecto de la presencia de grupos armados irregulares, mineros ilegales y cuerpos de seguridad del Estado, la Coalición afirma que todos ellos han convertido la región en zona de permanentes conflictos violentos y armados, donde han ocurrido masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, amputaciones, amenazas de muerte, hostigamiento y persecuciones. En el Informe se pone en evidencia que grupos armados irregulares como el ELN, las disidencias de las FARC, los “sindicatos” o “sistemas” mineros, mafias de narcotráfico, entre otros grupos criminales que actúan en la Amazonía venezolana, reclutan personas en las comunidades indígenas para trabajar con ellos. Parte de los indígenas captados por estos grupos criminales son jóvenes a quienes les ofrecen distintas formas de pago a cambio de su lealtad y servicios. Ante el duro contexto económico de la región y la falta de empleo, muchas personas son fácilmente convencidas para unirse a los grupos criminales. Esta situación genera divisiones y enfrentamientos en las comunidades, entre aquellos que están a favor o en contra de los grupos criminales y sus actividades ilícitas.
Las amenazas y asesinatos de líderes indígenas y defensores ambientales, también son denunciados en el Informe presentado por la Coalición ante la ONU. En el Informe se hace referencia que, en diciembre de 2021, el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) publicó el informe “Ecocidio y violencia: panorama del extractivismo en Venezuela”, en el que se denunció que entre 2013 y 2021 un total de 32 líderes indígenas y ambientales fueron asesinados, 21 de ellos por sicarios o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y otros 11 por miembros de la FANB. Al respecto, posteriormente Odevida ha seguido documentando y para 2023 se elevó la cifra a 40 defensores o líderes asesinados, 25 asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 15 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Durante 2024, en septiembre, se conoció del asesinato de Joaquín Hernández, protector territorial del pueblo Yekuana, quien fue asesinado por tres personas encapuchadas el 4 de septiembre. La Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y la organización de base KUYUNU denunciaron los hechos y solicitaron una investigación y solicitaron medidas cautelares de protección al Ministerio Público en Puerto Ayacucho.
El Informe de la Coalición cita una investigación realizada por Observatorio de Ecología Política de Venezuela, titulado “Mujeres indígenas de Venezuela: las otras víctimas del extractivismo” el cual ha comprobado que la actividad de minería legal e ilegal en Venezuela, reúne varias de las características identificadas por la CIDH que ha impulsado la violencia de género y la violencia sexual, específicamente en las regiones al sur del Orinoco. Según han reportado varias organizaciones, las mujeres indígenas son maltratadas, violadas y explotadas laboral y sexualmente. En muchos casos su virginidad es subastada a cambio de pagos en gramos de oro. La presencia de grupos irregulares en actividades extractivistas y conexas, ha determinado el aumento de este tipo de vulneraciones. En las minas de oro del estado Amazonas, la trata de personas, especialmente de niñas y adolescentes indígenas, así como de mujeres indígenas en labores de semi esclavitud es evidente. Asimismo, el asedio de grupos armados y la pobreza ha influido a que las mujeres indígenas junto a sus familiares dejen sus territorios. Este fenómeno de desplazamiento forzado implica un riesgo de que puedan ser víctimas de diferentes tipos de violencias, entre ellas, ser objeto de tráfico sexual.
En relación con las afectaciones al derecho a un medioambiente sano, el Informe destaca la contaminación por mercurio que afecta a pobladores de zonas mineras. De acuerdo con denuncias de médicos de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, desde el año 2016 hasta el presente, la creación del Arco Minero del Orinoco, ha provocado un aumento de la minería en toda región, asociado con un importante incremento en el número de casos de intoxicación por mercurio. La mayoría de los pacientes provienen de las poblaciones de El Callao y Las Claritas, en los municipios El Callao y Sifontes del Estado Bolívar, así como también de la zona de Yapacana, Municipio Atabapo del Estado Amazonas. La mayoría de las veces los pacientes solicitan información vía telefónica, pero no acuden a la consulta, por no poder cubrir los costos de los laboratorios. El Estado venezolano no ofrece servicios de atención gratuita para pacientes contaminados por mercurio. Los servicios que ofrecen exámenes, consulta y tratamiento, son privados.
El Informe presenta una serie de Recomendaciones, entre las que destacan las siguientes:
*Derogar la “Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco” y declarar el sur del Orinoco como zona megadiversa biológica, cultural y reserva de agua dulce.
* Permitir la visita de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, así como de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
* Cumplir con la obligación de realizar las consultas previas a los pueblos indígenas en la Amazonía de acuerdo con los estándares internacionales para que puedan expresar su consentimiento libre, pleno e informado de acuerdo con sus usos y costumbres tradicionales, frente a cualquier proyecto que pueda afectar su territorio.
* Retomar los procesos de demarcación de territorios indígenas y entregar los títulos de propiedad colectiva correspondientes, respetando los procesos de auto demarcación que las propias comunidades ya han adelantado.
* Implementar medidas de protección de los derechos de las mujeres indígenas con un enfoque integral que incluya medidas para abordar la violencia sexual y la discriminación.
* Implementar programas de atención integral de salud para las poblaciones rurales e indígenas, fortaleciendo las redes de servicios de salud, tomando en consideración sus particularidades culturales e idiomas, y la logística necesaria para garantizar la atención en zonas de difícil acceso geográfico.
* Adherirse al Convenio de Escazú y ratificar el Convenio de Minamata.
Finalmente, Odevida hace un llamado a la comunidad nacional e internacional de derechos humanos a solidarizarse con las luchas de los pueblos de la Amazonía venezolana, quienes en estos momentos viven tiempos difíciles, como se evidencia en los informes que se compartieron en esta presentación.
