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La Asamblea Nacional de Nicolás Maduro -electa en 2020 bajo un proceso con baja participación y denuncias de ilegitimidad- aprobó este martes, en primera discusión, el anteproyecto de «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines«, presentado por el diputado oficialista Diosdado Cabello ante la plenaria del ente.

«Ha llegado la hora de legislar sobre este tema. Sobre el financiamiento, Cómo, el que reciba recursos lo invierte. ¿Qué hacen las ONG?. ¿Se dedican a la política o a la labor social?. Si se dedican a la política que se inscriban como partido político», aseveró el líder oficialista, Diosdado Cabello, obviando que, en medio del creciente cierre del espacio cívico, también muchos partidos políticos han sido ilegalmente intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó en su sesión ordinaria de este martes, por mayoría calificada, el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, cuyo fin es supervisar el funcionamiento de este tipo de instituciones que hacen vida en el país», informó el órgano en su página web.

Cerrando el espacio cívico

En medio de la Emergencia Humanitaria Compleja que afecta al país desde hace varios años, los detentadores del poder en Venezuela intentan controlar y disminuir las posibilidades de apoyo que ofrece una amplia red de organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos independientes presentes en todos los estados del país.

Hace un año se promulgó la Providencia Administrativa No. 002-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

Entonces, dijimos que, al igual que medidas similares, esta constituía un acto inconstitucional, de extralimitación legal y grave quebrantamiento de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Advertimos, en esa oportunidad, que las autoridades del país estaban profundizando su política de criminalización, persecución y eventual suspensión e ilegalización de organizaciones de la sociedad civil autónomas e independientes,

Ahora. en el marco de un nuevo ciclo de protestas -protagonizado por gremios y sindicatos principalmente del sector público- que ha desafiado al gobierno y a sus bastiones territoriales, las organizaciones defensoras de derechos humanos, no han dudado en apoyar a ese movimiento.

Hoy, están corriendo el costo de haberlo hecho.

La Asamblea Nacional de Venezuela -electa en 2020 y compuesta en su mayoría por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por Hugo Chávez- mantiene la senda del cierre del espacio cívico, cerrando espacios a la organización e iniciativas populares autónomas.

El artículo 15 del anteproyecto de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines menciona:

«Las organizaciones no gubernamentales tendrán prohibido en todo el territorio nacional:

-Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos
-Realizar actividades políticas
-Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República
-Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana»
.

Prohibir la realización de «actividades políticas», e impedir «actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional», son dos peligrosos conceptos que atentan contra los derechos a la asociación y participación,

Naciones Unidas ha destacado que el derecho a la libertad de asociación «supone el derecho de las personas a interactuar y organizarse entre ellas para expresar, promover, buscar y defender de forma colectiva intereses comunes», incluido los intereses basados en opiniones políticas.

La Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, destaca disposiciones específicas para la protección de los activistas y sus derechos a asociarse para procurar la realización de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional.

Una ley anti ONG basada en la doctrina de seguridad nacional y que refuerza el concepto de garantizar la «estabilidad nacional», va de la mano de la visión autoritaria y militarista que guió la actuación de las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado, y del signo autoritario de la Nicaragua de Daniel Ortega.


Prensa Provea