GINEBRA (11 de agosto de 2023) – Expertos de la ONU* advirtieron hoy que condenar a sindicalistas y dirigentes sindicales por cargos de terrorismo es un «abuso crónico» de las leyes antiterroristas de Venezuela utilizada en contra de quienes defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Los expertos expresaron su profunda preocupación por la sentencia del 1 de agosto de 2023 que condena a seis sindicalistas y dirigentes sindicales venezolanos en virtud de las medidas de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo.
«Es evidente que estamos asistiendo a un abuso crónico de las medidas antiterroristas contra quienes defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, buscan mejorar las condiciones laborales, y participan en organizaciones sindicales en Venezuela», señalaron los expertos. «En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional», afirmaron.
En una comunicación anterior al Gobierno de Venezuela, los expertos destacaron la falta de protección del debido proceso, la falta de acceso a la defensa legal para los activistas y lideres sindicales, la inadecuación de las pruebas a las acusaciones formuladas y el hecho de que informantes clave no testificaran en el juicio.
«Denunciamos el uso indebido de las leyes antiterroristas contra quienes han abogado por la protección de los derechos sociales y económicos y la libertad de asociación», afirmaron los expertos. «Este tipo de uso indebido es un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada».
Al tiempo que subrayaron que el uso de medidas antiterroristas debe ser necesario, proporcional y no discriminatorio, los expertos recordaron que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los órganos de derechos humanos han sostenido sistemáticamente que la legislación y la práctica antiterroristas deben implementarse de manera respetuosa de los derechos humanos.
Los expertos se mostraron profundamente preocupados por el hecho que todos los sindicalistas fueron condenados a penas de prisión excepcionalmente largas.
«Consideramos que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela», señalaron los expertos. «La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del gobierno», señalaron.
Según los expertos, las condenas representan una tendencia creciente y preocupante en Venezuela de perseguir y acosar a quienes expresan opiniones discrepantes con el Gobierno o defienden derechos humanos. «Las autoridades venezolanas están utilizando la lucha contra el terrorismo para excluir y socavar la labor legítima en favor de los derechos humanos», afirmaron.
«Estas condenas son un ataque a la libertad de asociación, dirigido contra organizaciones cuya razón de ser es atraer a los individuos a la acción colectiva para mejorar sus vidas y las de sus comunidades», afirmaron los expertos de la ONU.
Instaron a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión.
«El uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos debe cesar de inmediato», afirmaron los expertos. Invitan a otros gobiernos y a todos los organismos pertinentes de derechos humanos y lucha contra el terrorismo de la ONU a centrarse en el uso indebido de la legislación antiterrorista y exigir al Gobierno de Venezuela que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, los expertos alientan a las autoridades venezolanas a implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo.
«Pedimos que se tomen medidas rápidas y contundentes para proteger a las personas defensoras de los derechos laborales en Venezuela», afirmaron los expertos.
Hace días, 6 trabajadores fueron injustamente condenados a 16 años de cárcel: Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes. Una condena de “conspiración” donde el testigo denunciante NUNCA se presentó en 1 año y 2 meses.
Los luchadores sociales se mantenían en las calles por la exigencia de salarios dignos en Venezuela y contra la ONAPRE.
*Los expertos: Fionnuala Ní Aoláin, Relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
ONU Derechos Humanos, Página de país – Venezuela
