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En el contexto del deterioro general de la economía y producción en el país, las empresas básicas de Guayana han atravesado un proceso de decaimiento que se intensificó durante la última década. 

A través de una serie de eventos y decisiones que tuvieron como punto de partida el encuentro del entonces presidente Hugo Chávez con los trabajadores de Guayana en mayo de 2010; cuando inauguró lo que denominó el Plan Guayana Socialista 2009-2019 y dio inicio al control obrero; los hornos y celdas de las industrias comenzaron a apagarse y se encendieron las calles en una lucha que sigue exigiendo respuesta: las protestas de los trabajadores por sus derechos laborales.

En las reseñas de los medios, tanto regionales y nacionales como internacionales, de los años 2008, 2009 y 2010, no faltan las alertas a lo que pareció ser una mala idea desde el principio; lo que el gobierno pretendía señalar como un crecimiento en el poder del Estado socialista, a través del control total del sector petrolero, eléctrico, las empresas del hierro y aluminio así como otras industrias, bancario y buena parte de las telecomunicaciones, en las cifras se manifestaba como el deterioro que hoy en día aqueja gravemente a los trabajadores de las industrias básicas y mantiene en negativo la economía nacional. Se nacionalizaron las empresas del sector briquetero, Tubos de Acero de Venezuela (Tavsa) y Cerámicas Carabobo entre otras.

Según algunos dirigentes obreros pro gobierno que de manera entusiasta apoyaron ese proceso de nacionalizaciones y reorganización las empresas básicas estaban física y funcionalmente desarticuladas, operando como “islas” donde privaba el carácter mercantilista en cada una de ellas, desaprovechando sus potencialidades en conocimientos, experiencias, repuestos, tecnologías, insumos, materias primas, procesos de compras y ventas ya que tienen procesos productivos similares.

Se planificó entonces la integración de las empresas del Hierro-Acero (Ferrominera, Sidor, Tavsa, EPS Perfiles y Rieles, EPS Siderúrgica Nacional, EPS Tubos Sin Costura, EPS Aceros del Alba y las briqueteras nacionalizadas Orinoco Iron, Matesi, Comsigua y Venprecar) y del Sector Aluminio (Bauxilum, Alcasa, Venalum, Carbonorca, Cabelum, Alucasa, Alunasa y Rialca), que consideraban estaban fragmentadas, en un sólo ente de organización por procesos productivos para la creación de las Corporaciones Socialistas de los sectores Hierro-Acero y Aluminio.

El llamado control obrero a través de los Consejos de Trabajadores y las promesas de un crecimiento de las empresas y con ellos más empleo y beneficio para los trabajadores, terminó siendo todo lo contrario. 

A pesar de ese fracaso en octubre de 2019 Nicolás Maduro anunció un relanzamiento del Plan en reunión con los llamados Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores (CTP), en Caracas, afirmando se iniciaría un nuevo Plan Guayana Socialista para el período 2019-2025.

Casi dos años después, casi nada ha cambiado para bien. La crisis, la miseria de los trabajadores y las protestas se intensifican. 

Ante la falta de cifras oficiales, un monitoreo de medios dio como resultado que Sidor pasó de 4,3 millones de toneladas de acero líquido en el 2007, antes de la reestatización, a 16.000 toneladas en 2020 -lo que equivalía a un día y medio de producción en el 2007-; Ferrominera de 14 millones de toneladas en el 2010, a 3,17 en el 2019; Alcasa de 115.000 toneladas en el 2009, a cero en 2019 y 2020; y Bauxilum de 1,2 millones en 2010, a 275.000 en 2020.

El fin de las contrataciones colectivas

Apenas dos años transcurrieron para que el control obrero se transformara en control militar, y ocho para que aquel discurso en el que Chávez dijo: “…en el socialismo nosotros no podemos explotar a los trabajadores. ¿Sino qué socialismo sería ese? No podemos negarles los derechos a los trabajadores. ¿Sino qué socialismo sería ese?” quedara sepultado con el memorando 2792.

En mayo del 2018, la administración de Nicolás Maduro emitió un decreto mediante el cual se declaró un estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional. En julio decretó una reconversión monetaria, que inició el 20 de agosto, junto a un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica; que estaba orientado a alcanzar una Venezuela potencia. Dentro de ese programa, estaba la defensa del salario, la estabilidad de los precios, el sistema de protección al pueblo y la elevación de la producción nacional.

Para Alejandro Álvarez, dirigente sindical y secretario general del sindicato de trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional, Sidernac, afiliado a la central sindical UNETE, ninguno de esos puntos se cumplió.

En el mismo mes de agosto, transformaron el salario mínimo legal, en el salario mínimo único nacional, con la excusa de la reconversión monetaria. 

“Con la excusa de la reconversión monetaria a todos nos redujeron el salario. Antes de la reconversión, con más de 20 años trabajando, yo ganaba 9,4 salarios mínimos legales, que eran el básico. Al meterlo en nuestra hoja de cálculos de beneficios, me arrojaba en total 222 salarios mínimos legales; pasé a ganar 1 salario mínimo legal”, contó Álvarez.

Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, se requieren 446.46 salarios mínimos (Bs. 1.200.000,00) para poder adquirir la canasta alimentaria; el salario mínimo mensual es de 0,63 dólares, lo que según indicadores internacionales representa pobreza extrema.

También hubo una reducción en el cestaticket. Según Álvarez, en ese momento ganaba el 87% del salario mínimo legal de aquel momento como cestaticket, que eran 3 millones de bolívares; pasó a percibir apenas un 10% del valor del salario mínimo legal. El salario mínimo se ubicó en 1.800 bs, y a él le daban 180 bs. por cestaticket.

El 11 de octubre del 2018, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, respaldado por centrales sindicales alineadas con el oficialismo, ordenó y facultó, de forma ilegal, el desconocimiento los derechos contractuales y salariales a criterio del patrono, a través del memorando 2792. 

“Yo lo he catalogado como una prueba de la apología del delito. El ejecutivo nacional manipula y justifica la violación de nuestros derechos, e incita a sectores de la población a vulnerarlos también”, declaró Álvarez.

Según Henry Arias, trabajador y dirigente sindical de Alcasa, el memorando 2792 surge con el objetivo de preparar a las empresas para su venta “a precios de gallina flaca, y con poca y barata mano de obra”.

Violaciones a los derechos de los trabajadores

Los beneficios de alimentación que se establecieron como incentivo por producción, para supuestamente proteger el salario de los trabajadores, no son entregados mensualmente. En el caso de algunos están suspendidos desde hace meses, y se manejan figuras sin sustento legal para suspender el salario de los trabajadores sin despedirlos, como es la denominación “no requeridos”. 

Arias explicó que en las empresas básicas están aplicando un plan de contingencia, que comenzó en Alcasa y se replicó en las demás. Lo compara con una suerte de apartheid, en el que declaran como inactivos a los trabajadores que critican las duras condiciones a las que están siendo sometidos y el desmantelamiento de las empresas, y les arrebatan su salario y beneficios. “Actualmente 700 trabajadores tienen su sueldo y sus beneficios suspendidos”, reveló. 

Aunque, en lo que respecta a Álvarez, la totalidad de los trabajadores tienen su sueldo suspendido. Solo reciben dinero o una subvención, porque no es un salario real; ninguno sabe cuánto gana en este momento. El pago de los trabajadores que no están inactivos ronda, algunos meses, los $20, y otros meses los $30 dólares. A los inactivos les depositan $0,65 mensuales.

Además, se están llevando a cabo Jornadas de actualización de datos, las cuales no están contempladas en el contrato colectivo, y tiene como objetivo saber la condición de los trabajadores de las empresas básicas. El problema, es que muchos no pueden asistir a estas jornadas por imposibilidad para movilizarse, ya sea por la falta de transporte público o por no tener dinero para cubrir los gastos de un traslado privado.

Javier Torres, dirigente sindical, miembro de la Alianza Sindical Independiente (ASI) Venezuela y el Movimiento 7, calcula que desde el 2018 se han despedido más de 400 trabajadores como consecuencia de sus reclamos y su incapacidad de movilización. “Ni siquiera la inamovilidad laboral la han respetado”, denunció.

Aunado a esto, están las detenciones arbitrarias a trabajadores y la criminalización de la lucha sindical; incluso han violado las cláusulas de privacidad de los trabajadores para difamarlos, como consecuencia de su participación en manifestaciones por sus derechos.

Y en tiempos de pandemia, el seguro HCM ha sido suspendido; los trabajadores se han visto en la obligación de peregrinar entre clínicas y hospitales buscando opciones para mantenerse con vida.

Esto fue un hecho duramente señalado por el sindicalista Rubén González, quien confesó que su salud y la de su esposa se ha visto comprometida y han tenido que recurrir a remedios caseros y naturales, ante la imposibilidad de adquirir medicinas.

La transformación del sindicalismo venezolano

Desde el 2018, las denuncias y movilizaciones por la exigencia del respeto a los derechos laborales han sido habituales, así como ha sido habitual la falta de respuesta por parte del Estado.

Desde la llegada al poder de Hugo Chávez, el sindicalismo venezolano ha atravesado numerosos obstáculos. Con decisiones que perjudicaron la retroactividad de prestaciones sociales, y posteriormente con el rechazo a la intervención gubernamental; la que en algún momento fue la más sólida central sindical, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), se debilitó considerablemente y perdió también buena parte de su credibilidad. Eso, sumado a la renuncia a las libertades sindicales y la independencia por parte de una central promovida desde el oficialismo –la Federación Bolivariana de Trabajadores (FBT)-; la dura división que les juega en contra, la desigualdad de condiciones, y la asimetría que supone la falta de estado de derecho; hace que su situación continúe empeorando.

Para el profesor León Arismendi, especialista en estudios sindicales, hay varios factores que influyen en el debilitamiento actual de los sindicatos. La dispersión del movimiento sindical y la falta de unidad sindical sobre la base de la autonomía; la paralización de las elecciones que promueve una política sindical nebulosa y dispersa; y los conflictos internos de los sindicatos, son unas de las razones principales. “Parecen haber olvidado que su fuente de poder es su capacidad de interpretar los derechos de los trabajadores”, señaló.

Lo cual es reconocido por los trabajadores. 

Según Torres, hay mucha anarquía entre movimientos y sindicatos. “No se consigue una unión sincera y verdadera, y hay falta de lealtad y de acuerdos concretos entre dirigentes”.

Esto también lo señala Álvarez, quien critica que se lleven a cabo luchas aisladas. “En vez de juntar la masa de trabajadores, estamos divididos. Tenemos las mismas intenciones, pero no hemos podido concretar una unidad que deje de lado celos, diferencias, e intereses particulares”.

Torres reveló cómo varios sectores del sindicalismo, como el Movimiento 7, se han ocupado de formarse para adaptar su estrategia; pues estaban acostumbrados a obtener respuesta usualmente en los canales regulares y ya no era suficiente. 

Lo que necesitan los trabajadores en este momento es organización, recursos logísticos, estrategias para apoyar a los compañeros que detengan y criminalicen por la lucha sindical. También un plan de acción, y si el plan a no funciona, pues pasamos al b, y si el b no funciona el c. Ya no tenemos nada que perder, se está jugando con el bienestar de una colectividad”, puntualizó Torres.

Explicó que temas como las elecciones no son realistas cuando se carece de capacidad logística y recursos para movilizar y organizar a todos los trabajadores para las jornadas que suponen unas elecciones justas y democráticas.

Para Álvarez, el gobierno ha fomentado el miedo, la desinformación y la división de la clase trabajadora, a través de otorgar beneficios a algunos y arrebatárselos a otros.

Según reveló, el año pasado el gobierno implementó desde jueces, hasta “visitas” del DGCIM y la Guardia Nacional en la sede sindical; así como la introducción de un recurso de amparo constitucional contra 16 trabajadores, y solicitudes de despido ante la inspectoría del trabajo; razón por la que identifica el deber del gremio con las palabras de Simón Bolívar: “existir y luego modificar”. Tienen que luchar, pero al mismo tiempo tienen que mantenerse en sus puestos de trabajo.

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“Tenemos grandes retos frente a este gobierno y nuestro principal desafío es descubrir cómo unir a la clase trabajadora, cómo recuperar la confianza en los sindicatos, y cómo organizarnos y prepararnos para defender verdaderamente y con compromiso nuestras conquistas logradas en más de 80 años de historia sindical”, puntualizó Álvarez.

Denuncias internacionales

Javier Torres describió cómo, tras agotar todos los canales regionales y nacionales, en el 2019 elevaron su queja a la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

“Fuimos a la Inspectoría del Trabajo y obtuvimos silencio administrativo. Fuimos a la Defensoría del Pueblo, obtuvimos opacidad administrativa. Tuvimos que elevar las denuncias a instancias internacionales”, argumentó el sindicalista.

Álvarez confiesa que una de las fallas del movimiento ha sido el no creer en las instancias internacionales. “No estaban acostumbrados, no conocen el mecanismo para llegar a ellas, y se ha hecho muy difícil ejercer el sindicalismo en estas circunstancias”.

En 2019, a través de la Comisión de Encuestas, la OIT presentó un informe donde documentó las violaciones a los derechos laborales y los convenios internacionales; entre estas destacaban el amedrentamiento contra grupos sindicales, la detención arbitraria de trabajadores, y la violación de tres convenios: el 26, que habla sobre la fijación del salario mínimo; el 87, que establece la libertad sindical; y el 144, en el que se promueve la discusión tripartita y el diálogo social.

También solicitaban el “cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión” contra las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al gobierno. Así como la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro.

En 100 años solo se han realizado 13 informes de la Comisión de Encuestas, y entre ellos figura el informe del caso venezolano. 

Para el profesor León Arismendi, ha sido la radiografía más exacta que se ha hecho sobre la situación de los trabajadores en el país.

Según Alejandro Álvarez, hasta la fecha, la única intención de la administración de Nicolás Maduro es fingir el cumplimiento de los compromisos a través de fotos y mesas sin resultado. Eso genera miedo entre los trabajadores, pues temen que dichos shows mediáticos sean tomados como avances verdaderos, por lo cual han enviado actualizaciones de la situación a la OIT.

Sin embargo, el especialista Arismendi aclaró que la OIT tiene historia identificando criterios de representatividad en entornos complejos como el caso venezolano.

En lo que a él respecta, el manifiesto bipartito representa el mayor avance que se ha hecho a partir de las recomendaciones del comité de encuestas. Explicó que ha sido él único proyecto basado en una macro visión de la coyuntura venezolana, pues tiene como objetivo la reconstrucción del aparato productivo del país a través de la inversión y la creación de puestos de trabajo; la recuperación de la institucionalidad; y la revisión y adecuación de las políticas económicas.

Finalmente, aunque reconoce que la situación actual de los trabajadores se caracteriza por lo urgente y desesperante, la influencia de las instancias internacionales, a pesar de la demora de sus procedimientos, puede generar resultados. Sin embargo, deja claro que estos resultados deberán obtenerse a través de esa negociación y esa búsqueda de acuerdos tan necesaria en la actualidad

Del 20 al 26 de febrero se celebró la 341ª reunión del Consejo de Administración de la OIT. Con 27 votos a favor y 22 en contra, se decidió mantener la presión contra la administración de Nicolás Maduro. El objetivo es exigir el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta relativas a Venezuela en el año 2019 y exhortar al gobierno de Venezuela a establecer y convocar para mayo de 2021 un foro de diálogo social. En noviembre, durante la 343ª reunión, se evaluarán los avances obtenidos.

El ministro para el Trabajo Eduardo Piñate comunicó que la administración de Nicolás Maduro rechazó las decisiones de la OIT y no aceptará ninguna consecuencia. 

En consecuencia, no existe ninguna voluntad del gobierno de Maduro y su cúpula de rectificar, el panorama para los trabajadores de Guayana y el país continuará siendo sombrío. Tal como lo han venido realizando, sólo les queda el camino de la protesta en las calles, el ejercicio del derecho constitucional a la huelga y seguir usando los mecanismos internacionales para denunciar las reiteradas violaciones a los derechos humanos laborales. 

Camila González para Provea. ©

Actualización-a-OIT-marzo-2021