Venezuela: violencia contra personas campesinas defensoras del derecho a la tierra

El presente Boletín Informativo tiene como objetivo visibilizar los hechos y patrones de violencia que han afectado a personas campesinas que defienden el derecho a la tierra entre los años 2015 y 2020 con base en el ejercicio de investigación del Observatorio para la Defensa de la Vida-ODEVIDA, en los Informes Anuales publicados por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y por el trabajo desarrollado por la organización Surgentes, Colectivo de DD.HH., especialmente en su informe “Giro a la derecha y represión a la izquierda Violaciones a los derechos humanos en el campo popular venezolano (2015-2020)”.

Cabe precisar, que la opacidad de las fuentes oficiales tales como la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT), que no publica dichas Memorias desde el año 2016, dificulta, por ejemplo, poder analizar los resultados de las políticas públicas en materia de distribución de tierras. Lo mismo sucede con la Fiscalía General de la República (FGR), que no las publica desde el año 2017, impide conocer los casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos que afectan a los campesinos afectados por la represión y la violencia. Esta situación ha sido denunciada de manera reiterada por Provea y otras organizaciones de derechos humanos.

En este sentido, Surgentes, Colectivo de DD.HH aclara en el Informe a que hacemos referencia que “Con relación a los datos que se presentan en esta investigación, resulta necesario aclarar que de ninguna manera pueden considerarse como la totalidad de hechos de represión sobre los sectores campesinos que se registraron en el país durante el periodo del estudio; son únicamente aquellos que fueron conocidos.”

Contexto de violencia contra el campesinado defensor de la tierra

Entre 2015 y 2020, ODEVIDA ha registrado un total 102 hechos victimizantes dirigidos contra personas campesinas defensoras del derecho a la tierra en Venezuela que han sido víctimas de la violencia y la represión. Del total, 37, 25% han sido detenidos arbitrariamente; 14,71% han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales; 13,73 % víctimas de asesinatos selectivos; 12,75 % han sido víctimas de malos tratos; 12,75 % han sido víctimas de amenazas; 2,94% han sido víctimas de desapariciones forzadas, 2,94% han sido víctimas de secuestros; 1,96% heridos por armas de fuego, y 0,98% de intento de asesinato.

De los 29 defensores o líderes asesinados, 15 habrían sido ejecutados extrajudicialmente por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y 14 asesinados por sicarios al servicio de terratenientes.

La regionalización de los ataques que afectaron a los campesinos defensores del derecho la tierra coinciden con aquellas zonas donde se desarrollan los conflictos más graves del campo venezolano, destacando Yaracuy 25; Aragua 12, y Zulia 8.

Otro aspecto de la represión que afecta a los campesinos defensores del derecho a la tierra son los desalojos o intento de desalojo de tierras llevados a cabo “por grupos de particulares armados al servicio de familias o empresas terratenientes; o por cuerpos de seguridad del Estado con participación o no de otros agentes estatales: jueces agrarios, fiscales del Ministerio Público o representantes de las oficinas regionales del INTI.”2 Según registros de Surgentes, Colectivo de DD.HH. entre 2015 y 2020, ocurrieron “22 desalojos y 12 intentos de desalojo o llevados a cabo con alguna participación de los cuerpos de seguridad del Estado y otros agentes del Estado.”3 De los 34 casos, 16 se llevaron a cabo en el estado de Barinas. Las personas campesinas que defienden el derecho a la tierra son víctimas de la violencia, tanto de la ejercida por el sicariato al servicio de terratenientes, y por los distintos cuerpos de seguridad del Estado, que actúan en los estados rurales de Venezuela.

La violencia endémica del campo venezolano

El 12.05.18 son asesinados los campesinos Jesús LEÓN y Guillermo TOLEDO, miembros del Consejo Comunal Robert Serra, compuesto por 56 familias que disputan el rescate de 336 ha del hato Palo Quemao, en el estado Barinas187, de donde habían sido desalojadas por efectivos de la GNB el 23.11.17188. Los testigos de los hechos afirman que a las 6:00 pm cinco hombres armados con fusiles AK-47, uno de ellos encapuchado, portando prendas militares y a bordo de una camioneta Hilux verde oscuro ingresaron al hato. Portaban en un celular una lista con nombres de campesinos, la cual fue leída en voz alta ante los presentes.

León y Toledo estaban en la lista; fueron esposados y llevados a un destino desconocido, donde los asesinaron con tiros en la frente y en el cuello. Los cadáveres fueron encontrados en la carretera que da al caserío Las Calenturas. Esto generó que el 26.06.18, en un esfuerzo unitario, el movimiento campesino de Barinas emitiera un comunicado donde hacen una serie de exigencias al Gobierno, entre ellas justicia para los campesinos Jesús León y Guillermo Toledo, asesinados.

El 10.10.18 el dirigente campesino Robinson GARCÍA, militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), fue víctima de un atentado por desconocidos cuando viajaba desde la parroquia El Real hacia Barinas. La camioneta en que se trasladaba fue atacada a tiros y recibió tres impactos de bala.

Sobre el intento de asesinato el agraviado dijo: “Desde hace semanas vienen dándose amenazas y amedrentamientos contra mi persona. Me siguen vehículos, me toman fotografías, me señalan. Andan en varios vehículos: una Tucson nueva color blanco, una Hilux gris y un Spark placas PAN-23P. Intenté poner la denuncia ante la oficina de Seguridad Ciudadana de la Gobernación y allí se negaron a recibirla. Hace cuatro días, además, entró un grupo al predio y pretendía sacar la gente de allí, con armas de fuego y machetes”.

Algunas reflexiones

• Entre 2015 y 2020, ODEVIDA ha registrado un total de 102 hechos victimizantes contra personas campesinas defensoras del derecho a la tierra en Venezuela. Los dos hechos con mayor intensidad son detenciones arbitrarias (38) y ejecuciones extrajudiciales (15).
• Las fuentes de información consultadas y las entrevistas realizadas por ODEVIDA, coinciden en señalar que los principales actores responsables de la violencia que afecta a personas campesinas defensoras del derecho a la tierra en Venezuela, son las fuerzas de seguridad del Estado venezolano por acción u omisión; bandas de sicarios al servicio de terratenientes y delincuentes comunes.
• Dada la restricción del acceso a información pública y la opacidad de la información disponible, no se cuentan con datos confiables que permitan establecer el nivel de avance de procesos judiciales. No obstante, según las fuentes consultadas la impunidad ha sido la ley frente a los casos de victimización contra personas campesinas en los últimos 20 años.

Exhortaciones y recomendaciones

• Exhortamos a los organismos y entes adscritos a la Administración Pública relacionados con la agricultura y el acceso a la tierra a publicar sus respectivas Memorias y Cuentas, índices y estadísticas, de conformidad con el Art. 244 de la CRBV y Art. 14 de la LOAP.
• Exhortamos al Ejecutivo Nacional para que garantice las condiciones de seguridad para que los campesinos y productores puedan desarrollar su actividad agrícola, sin que grupos delictivos, paramilitares • y organismos de seguridad, actuando al margen del Estado de derecho, vulneren el libre desarrollo de las fuerzas productivas del campo.
• Exhortamos a abandonar la sistemática y continuada política trazada desde el Ejecutivo para militarizar a las actividades agrícolas en el campo, respetando el derecho a la asociación, reunión y manifestación.
• Exhortamos al MP y Defensoría del Pueblo para que acelere las investigaciones de los asesinatos y violaciones a los derechos humanos denunciadas por las organizaciones campesinas; y que garantice la no criminalización de los campesinos defensores del derecho a la tierra involucrado en el proceso de rescate de tierras y lucha contra el latifundio.
• Exhortamos a que el Estado venezolano firme y ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) e implemente de manera inmediata sus disposiciones para proteger a los defensores de derechos humanos.

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