Casi 3000 víctimas piden a la Corte Penal Internacional que ratifique la investigación por crímenes de lesa humanidad (Venezuela I) ante la apelación del gobierno de Nicolás Maduro contra las funciones investigativas de Fiscal, Karim Khan.

Unas 2.684 víctimas individuales y 104 familias, han participado ante la Corte Penal Internacional (CPI) dentro de la apelación del gobierno de Nicolás Maduro contra la autorización al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para reanudar la investigación por crímenes contra la humanidad, Venezuela I.

Según la Sección para la Participación de las Víctimas y Reparaciones – VPRS (de la Secretaría de la CPI), las víctimas enviaron 172 documentos que ya fueron remitidos a los jueces de la Sala de Apelaciones, junto con un informe elaborado por la VPRS que ya es público.

De acuerdo al informe “Todas las presentaciones recibidas por la VPRS indicaron que las víctimas desean que el Fiscal de la CPI investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Situación” y que, por lo tanto, la Decisión de los Jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I, autorizando al Fiscal Karim Khan “debería ser confirmada en apelación.”

Las víctimas alegaron los siguientes motivos para esta petición:

1. El Gobierno de Venezuela no está dispuesto y es incapaz de llevar a cabo realmente investigaciones y enjuiciamientos de los autores de crímenes de lesa humanidad;
2. Los procedimientos penales internos, extremadamente limitados, no reflejan suficientemente la investigación prevista por el Fiscal de la CPI;
3. El sistema judicial venezolano se caracteriza por la falta de independencia, la falta de imparcialidad, la falta de capacidad y recursos, las violaciones del debido proceso, la intención de proteger a los autores de la justicia y los retrasos injustificados;
4. No hay perspectivas realistas de que las víctimas obtengan justicia en Venezuela por ninguno de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos, en particular asesinato, encarcelamiento u otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, deportación y persecución;
5. Los crímenes de lesa humanidad siguen cometiéndose en Venezuela con total impunidad, incluso después de que se emitiera la Decisión, autorizando al Fiscal a reanudar la investigación;
6. La investigación de la CPI sigue considerándose una oportunidad única para que se escuche la voz de las víctimas, se ponga fin a la impunidad y se impidan futuros crímenes;
7. La investigación de la CPI sigue considerándose una oportunidad única para que se escuche la voz de las víctimas, se ponga fin a la impunidad y se impidan futuros crímenes.

Las víctimas subrayaron que en Venezuela continúan cometiéndose crímenes de lesa humanidad, que hay un número creciente de ataques contra defensores y organizaciones de derechos humanos.

Además, las víctimas señalaron que un gran número de asesinatos cometidos en Venezuela nunca fueron investigados. Según el informe, las víctimas plantearon “preocupaciones de seguridad, ya sea para la(s) víctima(s) que presentaban opiniones y preocupaciones, sus familiares, las personas u organizaciones que asistían a las víctimas, los abogados, etc., independientemente de si residían actualmente en Venezuela o en otro lugar. Las víctimas mencionaron sistemáticamente el miedo a las represalias” (traducción libre).

Finalmente, las víctimas pidieron a los jueces de la CPI que se mantenga la confidencialidad de su identidad; que los procedimientos sean expeditos y transparentes; la divulgación y comunicaciones regulares con las víctimas en español, incluyendo reuniones cara a cara; y participación genuina de las víctimas en potenciales procedimientos judiciales futuros. Varias víctimas pidieron además a la Sala de Apelaciones que amplíe el ámbito temporal de la investigación a todos los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos desde el 1 de julio de 2002, cuando el Estatuto de Roma entró en vigor para Venezuela.

Las comunicaciones de las víctimas deberán ser tomadas en cuenta por los magistrados de la Sala de Apelaciones al momento de decidir. Esto ocurrirá luego del 7 y 8 de noviembre, cuando se realizarán audiencias de la apelación en La Haya con la participación de representantes del Estado de Venezuela, la Oficina de Defensoría Pública de las Víctimas de la CPI y el Fiscal General de la CPI, de acuerdo a lo ordenado el pasado 17 de octubre por la Sala de Apelaciones.

Entretanto, es importante reiterar que el Fiscal de la CPI continúa investigando los Crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela, pues sus facultades investigativas se mantienen plenamente vigentes mientras dura esta apelación, de acuerdo a lo ordenado por la Sala de Apelaciones el pasado 20 de julio, cuando los jueces rechazaron la solicitud de efectos suspensivos de esas facultades introducida por el gobierno de Maduro.

Descarga el informe completo de la consulta aquí

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Situación Venezuela I

Tras la solicitud del Fiscal de la Corte Penal Internacional (“CPI”) de reanudar la investigación sobre la Situación Venezuela I (“Solicitud de la Fiscalía”) bajo el Artículo 18(2), que fue notificada el 4 de noviembre de 2022, la Sala de Cuestiones Preliminares I (“Sala I”) el 27 de junio 2023, publicó su decisión autorizando que el Fiscal reanudara su investigación en la situación (“Decisión del Artículo 18(2)”).

Los jueces consideraron las observaciones de aproximadamente 8,900 víctimas mediante 1875 solicitudes para su participación ante la CPI. Las víctimas apoyaron de manera contundente que el Fiscal de la CPI reanudara la investigación.

El 3 de julio de 2023, el Gobierno de Venezuela presentó un recurso apelando la decisión de reanudar la investigación en una solicitud confidencial ex parte, misma que, a la fecha, no es de acceso público.  El 12 de julio de 2023, la Sala de Apelaciones de la CPI emitió una primera decisión pública referente al recurso de apelación y de efecto suspensivo de la Decisión del Artículo 18(2) presentado por el Gobierno de Venezuela. En esta decisión, la Sala de Apelaciones le concedió al Gobierno de Venezuela su solicitud de prorrogar la presentación de su escrito de apelación hasta el lunes 14 de agosto de 2023.

El 20 de julio de 2023, la Sala de Apelaciones emitió una segunda decisión pública en la cual rechazó la solicitud del Gobierno de Venezuela de efecto suspensivo de la Decisión del Artículo 18(2) de reanudar la investigación. Los procedimientos de apelación actuales no tendrán ningún impacto en la investigación del Fiscal de la CPI, y que esta puede continuar.