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Alonso Medina Roa, abogado que llevó el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, refirió que esas torturas y tratos crueles están ocurriendo con mayor frecuencia dentro de los calabozos de la Dgcim y el Sebin

          Distintas organizaciones se concentraron en la sede del PNUD en Caracas

Un grupo de organizaciones no gubernamentales y sociedad civil protestaron el lunes 15 de julio frente a la sede del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) para denunciar las torturas que sufren los presos políticos civiles y militares en el país.

La abogada Ana Leonor Acosta detalló que hay más de 200 militares detenidos en todo el país, y la mayoría han sido brutalmente torturados.

“Hemos denunciado durante muchos años el tema de la tortura en Venezuela desde diferentes organizaciones. Estamos trayendo una comunicación para el equipo de la alta comisionada con el fin de solicitarle que se active el centro de prevención contra la tortura”, explicó.

En el informe que presentó la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, el pasado 5 de julio ante el Consejo de DDHH de la ONU, se pidió al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para “cesar, subsanar y prevenir” las violaciones de derechos humanos en el país, especialmente las referentes a torturas y ejecuciones extrajudiciales.

La Acnudh destacó que la mayoría de las personas que fueron apresadas entre enero de 2014 y mayo de 2019 fueron víctimas de violaciones graves de derechos, en particular de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Esas torturas y tratos crueles incluían la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.

Alonso Medina Roa, abogado que llevó el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, refirió que esas torturas y tratos crueles están ocurriendo con mayor frecuencia dentro de los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“La violaciones de los derechos humanos no son solo el tema de los presos políticos, es el tema del hambre y de la salud; es un problema general que debemos resolver”, dijo el abogado, cuyo defendido fue apresado por presunta conspiración y falleció antes de ser presentando en tribunales, en graves condiciones de salud, y que ha denunciado se debe a las torturas que sufrió por parte de funcionarios de la Dgcim.

Por su parte, la directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Camejo, hizo un llamado a las autoridades para que investiguen y se pronuncien por las reiteradas denuncias de torturas a militares; en particular, la abogada rechazó el silencio de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo sobre esto.

“En este momento hay desde mayores generales hasta sargentos, tropa profesional privados de libertad por unos procesos en su contra donde no hay elementos de convicción, no hay pruebas, solo la palabra de otro para sacarlos del juego militar”, detalló la abogada.

La protesta para denunciar las violaciones sistemáticas de derechos humanos también se replicó en Los Cortijos (Caracas), y en el estado Táchira. Las ONG y organizaciones políticas exhortaron a Bachelet para que continúe el monitoreo y se manifieste por la situación en Venezuela.

En días pasados, la abogada y activista Tamara Suju denunció que las torturas, tratos crueles y demás irregularidades son la constante para los presos políticos en Venezuela, durante la presentación de un informe ante la Organización de Estados Americanos.

Suju indicó que los métodos de torturas se han agravado en los últimos meses, pues han recibido informaciones sobre uso de químicos luego de golpizas, negación de alimentos durante varios días o amarrar a los detenidos durante largos periodos de tiempo.

Por Luisa Quintero Alianza Tal Cual-Provea