(México, julio 14, 2022) Latinoamérica vive momentos en los que la democracia se ha debilitado o va rumbo en esa dirección, al afianzarse tendencias autoritarias que ahogan las libertades y obstaculizan el ejercicio de derechos. El principal antagonismo continental no es entre izquierdas y derechas, sino entre democracia y autoritarismo. Éste fue el mensaje de Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, representantes del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), de visita en México.
“Como organización de derechos humanos, nos preocupa la progresiva restricción del espacio cívico en Venezuela y otros países latinoamericanos –como Brasil, Nicaragua y El Salvador– y la narrativa desde el poder, que criminaliza la labor de las organizaciones de la sociedad civil, así como las prácticas del gobierno que buscan restarles autonomía”, señala Uzcátegui.
Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, Coordinador General y de Exigibilidad de Provea, respectivamente, se encuentran de visita en México para presentar el informe “Florecer en el abismo. Respuesta del movimiento de derechos humanos venezolano frente a la erosión de la institucionalidad democrática”, el cual recoge la evolución de las estrategias de promoción y defensa de derechos humanos realizadas por las organizaciones venezolanas, con el objetivo de hacer un balance de sus buenas prácticas y aprendizajes en la defensa del espacio cívico y atención a víctimas en el país latinoamericano, en un contexto de autoritarismo.
La investigación realizó un análisis de contenido de más de 900 comunicados, entrevistas a profundidad con 12 veteranos defensores y defensoras de derechos humanos y una encuesta respondida por 60 activistas en el país, incluyendo además la experiencia acumulada de Provea.
Cada país tiene sus propias particularidades y sus maneras de afrontar los retos que las circunstancias le van imponiendo. Sin embargo, hay aspectos que nos son comunes y sobre ellos debemos trabajar.
Como organización de derechos humanos consideramos fundamental sumar todas las voluntades posibles para reivindicar los principios democráticos, la vigencia de los derechos humanos y la necesidad de reducir la pobreza y avanzar a sociedades más equitativas.
La solución pacífica de los conflictos, la pluralidad como factor clave de la dinámica socio política, la transparencia de gestión, inclusión y no discriminación, la solidaridad y la vigencia de los derechos humanos son valores clave en toda sociedad democrática.
Oportunidad en México
La Misión Internacional de Determinación de Hechos para la República Bolivariana de Venezuela fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27 de septiembre de 2019, para investigar graves violaciones a los derechos humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. A casi tres años de su creación, el objetivo aún no se ha cumplido. En septiembre de este año se abre la puerta a la posibilidad para que el trabajo de la Misión continúe, a través de la ampliación del lapso para trabajar sobre Venezuela.
Hacemos un llamado al gobierno mexicano para que apueste también por la mejora de los derechos humanos en Venezuela y al regreso de la democracia, para lo que le exhortamos a prestar su apoyo para que vote a favor de la renovación de mandato de la Misión Internacional de Determinación de Hechos.
México está en un momento clave para facilitar que se realicen los diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición. Apostar a la solución pacífica del conflicto en Venezuela, no solo ayuda al pueblo venezolano sino también a toda la región.
La solidaridad con las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela favorece la permanencia y fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
Nos satisface contar con las expresiones y actos de solidaridad de organizaciones de la sociedad civil mexicana y su voluntad de explorar mecanismos, que permitan una mayor incidencia en nuestras sociedades para la vigencia de un espacio cívico propicio para el ejercicio de derechos, así como una adecuada y respetuosa interlocución con las instituciones estatales.
La experiencia ha demostrado que el diálogo constructivo de las autoridades con las organizaciones de sociedad civil y la acción común en beneficio de la población, sobre todo de las más requeridas de protección, contribuye al fortalecimiento institucional, la democracia y la convivencia pacífica.
Por ello, abogamos por un aprendizaje colectivo de experiencias que permitan reivindicar el espacio cívico y el papel de las organizaciones sociales. Desde esa perspectiva vinimos a recoger experiencias e intercambiar información con organizaciones mexicanas. A transmitir también algunas de las lecciones aprendidas de trabajar en un contexto cada vez más hostil y de riesgo.
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