Una de las problemáticas más agudas en la Venezuela actual es la crisis del Sistema Eléctrico Nacional ocasionada por falta de inversión, opacidad en las contrataciones, falta de personal técnico calificado, entre otros aspectos que ha generado corrupción y deterioro operativo en las instalaciones hidroeléctricas.
Frecuencia e intensidad de los cortes eléctricos
Racionamientos severos e impredecibles: se registran cortes diarios que van desde las 6 hasta más de 10 horas, frecuentemente aplicados en esquemas de «doble tanda» o fraccionados a lo largo del día y la madrugada.
Fallas prolongadas: en zonas fronterizas de Táchira se han reportado interrupciones continuas de más de 26 y hasta 40 horas, mientras que en sectores del centro de Caracas (como La Candelaria) los vecinos han denunciado apagones de hasta ocho días seguidos.
Registros en el estado Lara: el Observatorio Activos por la Luz contabilizó 722 apagones en agosto (acumulando 2.874 horas sin servicio, un incremento interanual del 425%) y registró un récord de 853 horas acumuladas sin electricidad en una sola semana a inicios de septiembre.
Extensión territorial
Nacionalización del colapso: Aunque los racionamientos afectaban históricamente con mayor severidad a los estados Zulia, Táchira, Mérida, Barinas y Portuguesa, la crisis se ha extendido a Carabobo, Aragua, Anzoátegui, Nueva Esparta, Guárico, Cojedes y la Gran Caracas.
Cobertura del impacto: estudios de monitoreo señalan que el 95 % de los hogares en Zulia y la región andina sufre cortes diarios, mientras que en Caracas la afectación alcanza al 82 % de la población.
Impacto social, económico y sanitario
Paralización del servicio de agua: la falta de electricidad paraliza los sistemas de bombeo y pozos profundos, dejando a las comunidades sin agua ni energía simultáneamente.
Riesgos para la salud: gremios asistenciales alertan sobre los riesgos para pacientes dependientes de oxígeno o ventiladores, la pérdida de refrigeración de medicamentos y el deterioro del descanso por las altas temperaturas.
Pérdidas económicas y agrícolas: las fluctuaciones constantes dañan electrodomésticos y equipos de trabajo. Asimismo, las protestas y trancas viales han retenido cargas de producción agrícola, como ocurrió en Payara (estado Portuguesa), donde más de 40 camiones cargados con arroz y maíz quedaron paralizados con riesgo de perderse.
Conflictividad social y represión
Protestas masivas: la población ha respondido con cacerolazos, quemas de cauchos y bloqueos en vías principales como la autopista José Antonio Páez, la carretera San Cristóbal–Rubio y avenidas en Barquisimeto, Acarigua, Guacara y Caracas.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 531 protestas por fallas del servicio eléctrico durante el pasado mes de septiembre. De acuerdo a las cifras de la ONG esto representó un incremento de 2.024% respecto a septiembre de 2025. De acuerdo al OVCS los apagones se consolidaron como uno de los principales detonantes de la conflictividad social.
Judicialización: se han reportado detenciones por manifestarse a favor de los servicios públicos, incluyendo el caso de cinco jóvenes en Barinas imputados por agavillamiento y resistencia a la autoridad.
Argumentos oficiales vs. diagnóstico técnico
Versión oficial: el Gobierno atribuye la inestabilidad al fenómeno climático «El Niño», a la sequía en los embalses y al alto consumo residencial, solicitando a la población restringir el uso de electrodomésticos.
Diagnóstico de expertos: sectores técnicos y vecinales afirman que el colapso se debe a la falta de mantenimiento, la obsolescencia de la red, la carencia de repuestos en Corpoelec y proyectos paralizados, como la termoeléctrica Argimiro Gabaldón en Lara (inoperativa desde 2010).
¿Qué regiones de Venezuela han reportado más apagones?
Según la información documentada, los apagones y esquemas de racionamiento afectan prácticamente a todo el país, aunque la intensidad y el volumen de reportes varían según la entidad:
- Occidente y Región Andina (mayor severidad):
Zulia y la Región Andina (Táchira, Mérida, Barinas y Apure): en Zulia y los estados andinos más del 95 % de los hogares sufre interrupciones eléctricas diarias.
Táchira: en sectores fronterizos como San Antonio del Táchira los residentes reportan cortes diarios que superan las 10 y 12 horas.
Además, se documentan fallas de infraestructura que han dejado a comunidades rurales de Capacho Viejo y Capacho Nuevo sin servicio durante 26 y más de 40 horas continuas.
Barinas y Portuguesa: registran cortes diarios de entre 6 y 8 horas en municipios como Guanare, Acarigua, Araure y Guanarito.
En localidades agrícolas como Payara (municipio Páez), los vecinos denunciaron racionamientos de hasta 16 horas al día.
- Estado Lara (alto volumen de registros locales)
Lara es una de las entidades con el monitoreo ciudadano más detallado a través de la ONG Activos por la Luz. En agosto registró 722 apagones y 2.874 horas acumuladas sin servicio.
En la primera semana de septiembre alcanzó un pico histórico de 188 cortes y 853 horas sin luz en 44 sectores, concentrándose la mayor cantidad de fallas en los municipios Iribarren (137 cortes en una semana) y Palavecino (41 cortes).
- Región Central
Aragua y Carabobo. En Aragua se aplican esquemas de «doble tanda» (dos bloques de racionamiento al día que superan las 6 horas cada uno), mientras que, en comunidades de Maracay, Costa de Oro y Choroní se han reportado suspensiones de hasta 48 horas continuas por fallas en transformadores.
En Carabobo, ciudades como Valencia, Guacara y San Diego, registran interrupciones diarias sin cronogramas oficiales.
- Región oriental e insular
Anzoátegui y Nueva Esparta. En el oriente del país, la ciudad de El Tigre concentró la mayor cantidad de denuncias sobre fallas eléctricas en monitoreos comunitarios, seguida por Puerto La Cruz, La Asunción, Guanipa y Los Robles.
- Caracas y Gran Caracas
Distrito Capital y Miranda. Aunque históricamente la capital contaba con mayor estabilidad, actualmente las afectaciones alcanzan al 82 % de la población.
Se han documentado interrupciones severas en sectores de La Candelaria que han durado hasta 8 días seguidos por fallas en transformadores, así como cortes de varias horas en Los Chaguaramos, El Valle, 23 de enero, El Recreo, San Bernardino y Parque Caiza.
Vulneración de derechos humanos con los apagones eléctricos
La crisis eléctrica en Venezuela va más allá de un problema técnico y constituye una vulneración sistemática de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), precarizando de forma directa la vida de los ciudadanos:
- Derecho a la Salud
Riesgo vital en centros asistenciales: gremios como el Colegio de Enfermería de Barinas advierten que los cortes comprometen la atención de pacientes que dependen de ventiladores y concentradores de oxígeno, además de romper la cadena de frío necesaria para conservar medicamentos y vacunas.
Impacto en tratamientos y poblaciones vulnerables: en municipios como Palavecino (Lara), personas con patologías crónicas no pueden cumplir con sus tratamientos médicos por falta de energía.
Asimismo, la falta de ventilación en climas cálidos afecta a niños y adultos mayores, calificándose la situación en algunos sectores como un trato inhumano.
Afectación psicológica y descanso: los apagones nocturnos e impredecibles generan un severo agotamiento físico y emocional, desencadenando altos niveles de estrés, ansiedad e irritabilidad en la población al impedir el descanso adecuado.
- Derecho al agua potable
Sistemas de bombeo paralizados: la electricidad es indispensable para activar los pozos profundos y estaciones de rebombeo de agua. Cuando se corta la luz, se interrumpe simultáneamente el suministro hídrico, dejando a comunidades enteras sin ambos servicios básicos de forma recurrente.
- Derecho a la Alimentación
Pérdida de alimentos e imposibilidad de cocinar: en sectores donde los cortes se extienden por días (como en La Candelaria en Caracas, donde duraron de 5 a 8 días), los alimentos refrigerados se descomponen en los hogares.
En la frontera de Táchira, la falta de gas doméstico obliga a usar cocinas eléctricas, por lo que los apagones impiden la preparación diaria de comidas.
Riesgo para la cadena agroalimentaria: las protestas de vecinos desesperados por los cortes han ocasionado trancas viales con camiones cargados de arroz y maíz, corriendo el riesgo de perder cosechas enteras bajo el sol.
Criminalización del derecho a la manifestación pacífica y libre expresión
Detenciones arbitrarias y judicialización: en Barinas, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a cinco jóvenes (José Carrero, Freddy Pérez, Denis Díaz, Maikel Pérez y José Coiran) mientras manifestaban de forma pacífica por la falta de luz.
Estas personas fueron procesadas judicialmente bajo cargos de «agavillamiento» y «resistencia a la autoridad», siendo liberados bajo régimen de presentación.
Organizaciones de derechos humanos como Fundehullan denunciaron que fueron aprehendidos sin orden judicial, condenando la criminalización de la exigencia de servicios públicos básicos.
Por otra parte, habitantes en Caracas denunciaron que personal de la empresa estatal Corpoelec llegó a amenazar a vecinos con bloquearles las cuentas debido a la insistencia en sus reclamos y denuncias.
