El grado de indefensión en la que se encuentran los ciudadanos ante las arbitrariedades de la élite política gobernante llegan a tales niveles que la Fiscal General de la República es víctima de graves violaciones a sus derechos humanos, como lo demuestra el irregular antejuicio de mérito al que será sometida el próximo 4 de julio.
El derecho humano al debido proceso, es un componente esencial del derecho a la justicia. Así está plasmado en el artículo 49 de nuestra Constitución.
“La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.”
La Fiscal General viene siendo sometida a un proceso por parte del Tribunal Supremo de Justicia plagado de irregularidades y con evidentes obstrucciones al derecho a la defensa. No se le ha permitido acceder al expediente y con ello se le niega el derecho a disponer del tiempo y medios adecuados para preparar su defensa.
Provea advierte que las medidas arbitrarias que se viene imponiendo contra la Fiscal General se pueden extender en un futuro próximo a otros altos funcionarios del Estado venezolano. Muchas de esas violaciones las vienen padeciendo ciudadanos y ciudadanas desde hace mucho tiempo a lo largo y ancho del país. Que le suceda a altos funcionarios, quienes cuentan con algunas prerrogativas legales, da una idea de lo que puede ocurrir a cualquier persona sometida a un proceso judicial en el país.
Por eso, lo que se está vulnerando no es solamente la defensa de un ciudadano en particular. Está en juego la vigencia de los derechos humanos, el derecho a que se respeten las garantías fundamentales de toda persona sometida a un proceso judicial o administrativo.
Cuando se permite que el Poder actúe con absoluta libertad para violar los derechos humanos, todas y todos estamos en riesgo, principalmente las personas más vulnerables. La defensa de la Fiscal General no es únicamente el apoyo a una ciudadana llamada Luisa Ortega Díaz, sino el compromiso con la vigencia de la institucionalidad democrática y la separación de poderes, que hoy sufre un castigo ejemplarizante contra quien tiene las atribuciones de liderizar la acción penal en nuestro país, en momentos en que se desea instaurar el reino de la total impunidad.
Reafirmamos que no es tiempo de silencio ni de inhibiciones, sino de defender la Constitución y la democracia frente al arrebato dictatorial y autoritario. Es tiempo que todas las voluntades dispuestas a defender la Constitución y la Democracia unamos esfuerzos e iniciativas para impedir el autoritarismo y la arbitrariedad se consoliden.
