En el presente documento de sesión, la misión internacional de determinación de los hechos sobre Venezuela elabora las principales conclusiones presentadas por la misión en su informe (A/HRC/57/57) a través de un análisis de contexto, fáctico y jurídico de las violaciones graves de derechos humanos y delitos cometidas en el país entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.
El período que abarca la investigación de la Misión se caracterizó por actos de represión en vísperas de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, las protestas masivas que tuvieron lugar tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral de la victoria del presidente Maduro, y la violenta respuesta por parte de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados afines al Gobierno. El presente documento presenta las conclusiones de la Misión sobre las violaciones de derechos humanos y delitos cometidas antes y después de las elecciones presidenciales. Este análisis se acompaña de 19 fichas de casos ilustrativos que ejemplifican estas violaciones y delitos.
En los 10 meses anteriores a las elecciones, la Misión documentó e investigó numerosos actos de represión selectiva, en particular la detención de lideresas y líderes políticos de la oposición y actores destacados de la sociedad civil. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas (39 hombres y nueve mujeres), entre civiles y militares, fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, como la operación Brazalete Blanco. En el marco de la campaña electoral, la Misión registró y documentó las detenciones de 121 (106 hombres y 15 mujeres) por colaborar en actividades de la oposición.
El presente documento incluye un análisis pormenorizado sobre la operación Brazalete Blanco y sus implicaciones de derechos humanos y cómo esta trama sirvió de justificación para la represión selectiva de militares, políticos, activistas de la sociedad civil.
Tras el anuncio de los resultados electorales, las autoridades pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente. Las detenciones, con cifras reportadas por las propias autoridades, se contaron por miles, llegando a números solo comparables con las protestas de 2014, 2017 y 2019. Entre el 28 de julio y el 1 de septiembre de 2024, la Misión alcanzó a documentar 143 detenciones, basándose en la información de al menos dos fuentes creíbles, consciente de que se trata apenas una muestra de un universo mucho más amplio.
Muchas de las detenciones en el período postelectoral se efectuaron dentro del marco de la denominada “operación Tun Tun”, como forma de amenaza y generando temor en la población. Las fuerzas de seguridad detuvieron en sus viviendas a personas que habían participado en las protestas o que habían expresado opiniones críticas contra el Gobierno; las casas de personas percibidas como opositoras se marcaron con una “X” y se habilitó una aplicación móvil alentando a los grupos afines al Gobierno a señalar y denunciar. Durante el período postelectoral, la Misión obtuvo información sobre la detención de 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas) durante o después de las protestas, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo. Se trata de un nuevo fenómeno sobre el que la Misión expresa especial preocupación.
Las detenciones y los actos procesales que les siguieron adolecieron de graves y sistemáticas violaciones al debido proceso. En la mayoría de los casos, las detenciones se llevaron a cabo sin una orden judicial, sin una base legal evidente, y/o sin informar del motivo de la detención. Con frecuencia, no se respetó el plazo de 48 horas para presentar a las personas detenidas ante un tribunal de control y las audiencias se realizaron sin publicidad, sin abogados de su elección y en horas de la noche o madrugada.
Tras la crisis postelectoral, las audiencias ante los tribunales de terrorismo, celebradas generalmente por videoconferencia, tendieron a ser sumarias y colectivas. En la mayoría de los casos investigados por la Misión, el Ministerio Público imputó delitos graves como “terrorismo” o “traición a la patria”, previamente anunciados por el Fiscal General antes de iniciar cualquier investigación conducente a la individualización y sustentación fáctica de dichos cargos. Durante los primeros días de protestas electorales, se produjeron al menos 25 muertes, incluidas las de dos niños, y todas, excepto una, a causa de disparos de armas de fuego. Aunque no se ha obtenido por el momento evidencia suficiente para determinar la autoría de estas muertes, la Misión puede concluir que, en al menos ocho de los incidentes fatales, los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, así como grupos de civiles afines al Gobierno, hicieron uso de armas de fuego durante las manifestaciones. La Misión seguirá investigando estos casos.
Durante el período del informe, la Misión continuó investigando casos de desapariciones forzadas de corta duración. El número de casos identificados durante este período, unidos a los reportados en informes anteriores de la Misión, muestra que no se trata de hechos aislados ni que responden a errores procedimentales puntuales. Más bien, este tipo de prácticas se ha convertido en un instrumento frecuente de represión contra las personas opositoras o percibidas como tales, lo que genera un impacto grave adicional en el círculo familiar y social de las personas desaparecidas.
La Misión investigó numerosos casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que se produjeron cuando las personas detenidas se encontraban bajo custodia de las fuerzas de seguridad, en prisiones y otros centros de detención. En el documento se incluye un breve análisis de las alegaciones recibida en relación con la prisión Rodeo I, en el Estado de Miranda, que desde febrero 2024 acoge a los presos vinculados a conspiraciones contra el Gobierno.
El documento analiza también diversos casos de violencia sexual y basada en género que fueron documentados e investigados por la Misión. Estos tipos de actos, que aumentaron de la mano de las detenciones masivas en el contexto electoral, incluyeron tocamientos, desnudez forzada, requisas invasivas, sexo transaccional coercitivo, y denegación de derechos sexuales y reproductivos, entre otros.
Finalmente, el documento elabora en detalle las conclusiones de la Misión en su informe ante el Consejo. Entre otros, la Misión concluyó que algunas de las violaciones graves de derechos humanos investigadas durante este período representan una continuación de la misma línea de conducta caracterizada como crímenes de lesa humanidad en informes previos de la Misión. Asimismo, estas violaciones, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, y violencia sexual cometidas en el marco de una política discriminatoria, configuran el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos, en razón de la identidad de las víctimas en cuanto que personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales, o simplemente críticas del Gobierno.
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