Liliana Ortega, señala que el Caracazo, ha sido una tragedia usada a conveniencia del Gobierno de turno, sin embargo, ninguno se ha comprometido con esclarecer los hechos que arrebataron la vida a cientos de venezolanos
Para la directora de la ONG Cofavic, Liliana Ortega, al cumplirse 30 años de la denominada masacre de “el Caracazo”, los venezolanos siguen sometido a las más atroces violaciones de los derechos humanos.
Aseguró que los venezolanos “estamos viviendo un Caracazo diariamente”, alegando que esto se debe a la escasez de alimentos, medicinas e insumos básicos, así como a la crisis política y social que vive el país.
Estos señalamientos los hizo basada en el registro que se sigue desde la ONG en el que más de 9500 personas han sido ejecutadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad entre el 2012 y el 2018.
Durante la presentación del foro “30 años de aprendizaje después del Caracazo”, Ortega recordó a las cientos de víctimas de aquella suspensión a las garantías constitucionales ocurrida en 1989, cuando el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, lanzó un “paquetazo” económico que trajo consigo un estallido social.
Explicó que esta sería la violación más grande a los derechos humanos ocurrida en el país durante la denominada IV República, y que aún hoy, tres décadas después siguen sin esclarecerse los hechos ocurrido durante los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo, donde murieron al menos tres mil personas.
Desde Cofavic, ONG que nació para denunciar las miles de violaciones a los DDHH cometidas durante esta ola de represión y protestas, denunciaron que aún en la actualidad no existe ni una sola persona condenada por estos hechos.
“La mayoría de estos casos no tienen condena, no se ha sentado a ninguna de las víctimas frente a un juez… aquellas víctimas que dejó el uso desproporcionado de la fuerza pública”, dijo Ortega.
Tal es el caso de Matilde Castillo, quien forma parte de la comisión de víctimas del Caracazo. A sus 20 años, perdió su pierna izquierda, tras recibir el impacto de una bala cuando se disponía a regresar a su vivienda.
Todo ocurrió el 1 de marzo de 1989, cuando salió de su vivienda ubicada en Petare con destino a La Urbina, lugar donde quedaba la fábrica de carteras para la que trabajaba. Al llegar al sitio junto a su prima se percataron que estaba cerrado, por lo que decidieron regresar a casa, sin embargo, el camino que habían transitado estaba cerrado por las protestas, por lo que tomaron la decisión de tomar un atajo por el barrio 5 de Julio que las conduciría hasta Palo Verde.
Las calles estaban caliente, los saqueos y disturbios estaban cada vez más cerca de Castillo, por lo que decidió resguardarse con su prima en una bomba de gasolina, pero este sitio no era tan seguro, a los segundos ven a un hombre caer al suelo con un tiro en la cabezA, no sabía de dónde provenían los disparos.
Minutos más tarde aquella joven de 20 años vio como desde el centro comercial funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional disparaban en contra de los civiles, segundos después vio caer a su prima y sintió un impacto de bala que perforó su pierna izquierda.
“Duré tendida en el piso quince minutos, alguien me ayudó y me resguardo”, de ahí fue trasladada a diferentes centros hospitalarios, sin embargo, tres días después tuvieron que amputar su pierna, porque se le había necrosado.
Aseguró que este hecho marcó su vida, “tenía ganas de casarme, estudiar, muchas cosas”.
Una tragedia usada a conveniencia
Para Liliana Ortega, el Caracazo, ha sido una tragedia usada a conveniencia del Gobierno de turno, sin embargo, ninguno se ha comprometido con esclarecer los hechos que arrebataron la vida a cientos de venezolanos.
Incluso aseguró que 30 años después son muchas las familias a las que no les han sido entregados los cuerpos de sus allegados, y no le han podido dar el descanso deseado.
Manifestó que en la actualidad Venezuela vive una situación tan similar a los hechos registrados en 1989, por lo que explicó que es su deber y el de la ciudadanía dar a conocer aquella trágica violación a los derechos humanos.
“Porque estos hechos no deben repetirse, aquel liderazgo que le dio la espalda al pueblo pobre, el caldo de cultivo que dio paso a esto, la escasez”, enfatizó la directora de la ONG Cofavic.
A su juicio la “militarización de las protestas ciudadanas sigue siendo el mayor responsable de violación a los DDHH”.
Por lo que subrayó que los casos de violaciones a los DDHH “el silencio no debe ser una opción” para las víctimas y sus familiares, y es que, de lo contrario, “esto sirve para que aquellos hechos se atornillen en la memoria de los venezolanos”.
Por su parte, Matilde, manifestó que, aunque lo que menos espera es que sus hijos vivan las desgracias del uso excesivo de la fuerza pública y de los organismos de seguridad en contra de la ciudadanía, es la hora de salir y manifestarse en contra de las violaciones sistemáticas a los DDHH.
“Actualmente se viola muchos derechos humanos bajo el escudo de situaciones que no existen, queriendo nos quitar los derechos que tenemos”, dijo, al tiempo que pidió a los venezolanos no tener miedo y no quedarse callados ante estas tragedias.
Alianza Provea | Tal Cual
