Javier Tarazona, profesor universitario y director de la ONG FundaRedes, cumplió el pasado lunes, 500 días de injusta detención.
El activista fue arrestado el pasado 02 de julio del 2021, junto a su hermano Rafael Tarazona, Omar de Dios García y Yhonny Romero, quienes fueron puestos en libertad posteriormente.
Al cumplirse un año y medio del encarcelamiento del defensor, conversamos con Clara Ramírez, una joven abogada y defensora de derechos humanos, que debió tomar las riendas de FundaRedes debido a la ausencia de Javier.
A pesar de todo, Clara Ramírez afirma tajantemente que FundaRedes ´no se va a callar´
– Javier Tarazona cumplió 500 días de injusta detención. ¿En qué fase se encuentra el proceso que le siguen a él, a su hermano Rafael y a Omar de Dios García?
A la fecha, la causa de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, se encuentra interrumpida.
Nuestros compañeros están siendo víctimas de un daño irreparable.
Ya estaba en fase de juicio, se había iniciado la audiencia de juicio oral y público, pero en el mes de octubre fue interrumpida. El retardo procesal -que hemos denunciado constantemente ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos-, los mantiene en un limbo jurídico.
La audiencia preliminar fue diferida en trece oportunidades, hasta que, finalmente, en la oportunidad número catorce se celebró. Luego, para que se fijara la audiencia de juicio, transcurrieron cerca de ocho meses.
Han sido muchas dilaciones. Mucho retardo procesal.
Si bien Rafael y Omar de Dios fueron excarcelados el 26 de octubre del 2021, aún se están presentado, cada quince días, ante el tribunal de la causa. Ellos aún no tienen libertad plena y siguen sometidos a este injusto proceso, en el que están siendo imputados -al igual que Javier-, por los delitos de instigación al odio y terrorismo.
El acervo probatorio del Ministerio Público se limita a las actas de los funcionarios que los detuvieron. No hay nada que señale o fundamente que han instigado al odio, o que han cometido actos de terrorismo. Sólo se basan en publicaciones divulgadas en la red social twitter y en una nota de prensa que difundió FundaRedes del 30 de junio de 2021.
– ¿Qué intención hay detrás de esto? ¿Por qué el Gobierno de Maduro asume el coste político de perseguir, criminalizar y detener a un defensor de derechos humanos como Javier Tarazona?
La intención es callar e intimidar a los defensores de Derechos Humanos. Que no se siga visibilizando el trabajo de FundaRedes y del resto de las organizaciones de la sociedad civil.
Nuestra organización siempre ha señalado a los responsables de violaciones de derechos humanos en la frontera venezolana.
Vivimos momentos muy intensos luego de marzo del 2021, cuando comenzamos a visibilizar lo que estaba ocurriendo en el estado Apure, en la frontera con el departamento colombiano de Arauca, mientras se desarrollaba un conflicto armado entre autoridades de Venezuela y grupos irregulares provenientes de Colombia.
En medio de esas tensiones, FundaRedes se dispuso a denunciar los atropellos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de cuerpos policiales como las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), contra la población civil de la zona.
Entonces, Javier Tarazona afirmó públicamente que Ramón Rodríguez Chacín, un alto ex funcionario del estado venezolano vinculado al partido oficial, sostenía reuniones de alto nivel con cabecillas de la guerrilla colombiana y auspiciaba su presencia en el país. Esa afirmación aumentó el nivel de riesgo para Tarazona y todo el equipo de FundaRedes.
Por eso, por denunciar, Javier Tarazona está preso actualmente.
Antes de su encarcelamiento, entre el 29 de marzo del 2020 y hasta mayo de 2021, habíamos documentado once ataques contra Javier y contra FundaRedes, efectuados por voceros del estado venezolano en el sistema nacional de medios públicos.
En el estado Táchira, altos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) repetían constantemente en medios de comunicación de la entidad, que Javier era un asalariado de Estados Unidos y que FundaRedes, es una organización financiada por ese país para desestabilizar y propiciar una intervención extranjera.
Y es eso, precisamente, el principal argumento que está empleado el Ministerio Público para acusar de terrorismo a Javier y mantenerlo privado de libertad.
Vigilancia internacional
El 30 de octubre pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que daría seguimiento a las medidas de protección adoptadas a favor de Javier Tarazona, y que ampliaría su monitoreo sobre la situación, debido a la prolongada privación de libertad del activista y a los graves riesgos a los que está expuesto dado los alegatos de tortura y denuncias por el deterioro de sus condiciones de salud.
El organismo expresó su voluntad de realizar una visita in loco al país, para constatar las condiciones de reclusión de Javier Tarazona.
– ¿Bajo que condiciones afronta Javier Tarazona su reclusión en El Helicoide?
Los familiares de Javier Tarazona y todo el equipo de FundaRedes, han expresado, desde el primer día de su detención, las preocupaciones por su salud.
Antes de su arresto, Javier estaba presentando cuadros de salud críticos. Él estaba recibiendo tratamiento médico debido a padecimientos cardiovasculares, vinculados principalmente a problemas de tensión y arritmias constantes que todavía persisten.
Durante su reclusión, Javier contrajo COVID-19 y debido a que fue un paciente asintomático, nunca fue tratado.
El año pasado, en diciembre, desarrolló una neumonía producto de las secuelas del virus. Ello, ha generado que, durante todo este año, haya presentado asma y problemas respiratorios constantes.
En más de 500 días de detención, la familia de Javier ha denunciado que no ha podido tener acceso a un médico de confianza.
Un médico general que le hizo un chequeo en El Helicoide, le recomendó una colonoscopia y una endoscopia, pero hasta ahora no se le ha realizado. Mientras, su salud sigue deteriorándose.
En marzo de este año alertamos a la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas (MDH), que Javier Tarazona es un preso con una salud totalmente comprometida y que nosotros no queremos que sea el próximo preso político que fallezca bajo custodia del estado venezolano, o que sea el primer defensor de Derechos Humanos que fallece bajo custodia del estado venezolano.
Javier ha sido sometido a varios períodos de aislamiento en El Helicoide. Ha pasado meses totalmente aislado, sin comunicación con su familia, con el equipo de FundaRedes o con sus abogados.
Lamentablemente, no permiten el ingreso de los abogados de manera regular a El Helicoide. Ellos han podido ingresar dos o tres veces en estos 500 días de detención de Javier Tarazona.
– Gobierno y oposición han anunciado el inicio de un nuevo proceso de diálogo en México. También, en días recientes, el presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso decretar una «amnistía general para las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela«, ¿Qué expectativas le generan estos anuncios respecto a la posibilidad de liberación de Javier Tarazona?
La situación de los presos políticos no ha sido un tema que haya estado muy presente en la agenda de las mesas de negociaciones que se han realizado con anterioridad.
En 2021 confiábamos en que -durante el diálogo que llevaban a cabo gobierno y oposición durante el mes de agosto, y cuando Javier tenía pocos días detenido-, se hablara de su caso y se produjera su liberación, sobre todo teniendo en cuenta que, al ser un defensor de derechos humanos, suponía un gran costo político para el gobierno de Maduro.
Pero, posteriormente, notamos que en estas conversaciones no se habló de los presos políticos. Supimos que se intentó mencionar la situación de Javier Tarazona, pero los representantes del estado venezolano dijeron que no se iba a hablar del caso Tarazona.
Ahora que Gustavo Petro pone en el debate la palabra amnistía, nuestra organización y la familia de Javier reciben esa posibilidad con cierta esperanza. Creo que así también lo reciben los familiares de otros presos políticos en el país.
Pero hay que alertar que, cuando el presidente Petro habló de amnistía, en un momento mencionó la frase amnistía general, y es eso lo que nos lleva a cuestionar ¿una amnistía general para quienes? ¿Va a ser sólo para los presos políticos o va ser para aquellos funcionarios del estado venezolano que quieren evadir la responsabilidad que tienen ante los organismos internacionales?
Nuestra Constitución, no permite que se le otorgue una amnistía a violadores de derechos humanos o a los responsables de crimines de lesa humanidad.
Consideramos que una amnistía debe beneficiar a los más de 240 presos políticos que existen actualmente en Venezuela y que merecen estar en libertad.
Hay personas que tienen más de cinco años presos y que han permanecido totalmente en el olvido. Hoy hablamos de Javier Tarazona porque es defensor de derechos humanos y está respaldado por una organización que no se va a callar, pero ¿qué pasa con el resto de los presos políticos que no tienen quien abogue por ellos?
– ¿Qué esperan del nuevo Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, teniendo en cuenta los cuestionamientos que diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron a la gestión de Michelle Bachelet en nuestro país?
Esperamos que sea contundente en sus pronunciamientos.
A Michelle Bachelet, la sociedad civil siempre le reclamó su cierta complacencia con el gobierno venezolano.
En el caso de Javier Tarazona, sólo pidió al gobierno que debía garantizar el acceso a abogados de confianza y condiciones adecuadas de salud. Nunca exigió -como correspondía hacerlo-, la libertad plena e inmediata de Tarazona debido a su condición de defensor de derechos humanos.
Esperamos que el nuevo Alto Comisionado se tome la situación de derechos humanos en Venezuela muy en serio.
Que tome en consideración todo el trabajo que han levantado sus oficiales en el terreno y que le haga llamados tajantes a los funcionarios del Estado venezolano, quienes, hoy en día, quieren venderse al mundo como respetuosos de los derechos humanos y como funcionarios que colaboran con el sistema internacional de protección, aunque todos sepamos que eso es una mentira.
La paz de Colombia pasa por Venezuela, y viceversa
– Maduro se ofreció como garante en el proceso de paz promovido por el gobierno de Colombia con el ELN, pero hay cientos de denuncias sobre la presencia de esa guerrilla en Venezuela. ¿Cómo es posible garantizar la paz en Colombia, si la guerra se está mudando a Venezuela?
Cuando Nicolás Maduro señaló que aceptaba ser garante en el proceso de paz, porque él quería lograr la paz en Colombia, nosotros nos preguntamos: ¿cómo pretende la paz en Colombia, si ni siquiera hay paz en Venezuela?
Entonces, dijimos que Colombia iba a sentarse a dialogar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela en desventaja, porque nuestro país es territorio de esa guerrilla.
Según el trabajo de documentación de FundaRedes, el ELN tiene presencia en al menos 20 estados del país.
¿Cómo puede el gobierno de Maduro puede ser garante del proceso de paz cuando le abrió las puertas del país a este grupo? ¿Cómo puede el gobierno ser garante cuando ha permitido que los grupos armados controlen economías ilícitas en el país?
Por ello, cobra mucha fuerza la carta que las organizaciones de la sociedad civil venezolana entregaron a la vice presidenta de Colombia, Francia Márquez, señalando que las organizaciones venezolanas deben estar presentes en este proceso de diálogo, porque del trabajo de documentación que tienen las organizaciones venezolanas, pueden salir aspectos claves sobre la presencia de grupos armados irregulares en nuestro territorio que deberían ser considerados en estas discusiones.
Compartimos una frontera extensa con Colombia. Si vamos a procurar la paz en Colombia, debemos procurar la paz en Venezuela.
Masacre de El Ripial
En marzo de 2021, miembros de la FANB y de las FAES, sostuvieron fuertes enfrentamientos con presuntos grupos de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el fronterizo estado Apure venezolano.
En un masivo operativo denominado “Escudo Bolivariano”, la FANB bombardeó y ametralló supuestas zonas controladas por la guerrilla.
Al cierre del conflicto, el balance fue totalmente negativo para los derechos de la población civil de la zona. Al menos cinco ejecuciones extrajudiciales cometidas por presuntos miembros de la FANB y FAES, miles de desplazamientos forzosos, y decenas de detenciones arbitrarias.
– ¿Los hechos ocurridos en El Ripial han sido investigados? ¿Ustedes siguen acompañando a las victimas de los abusos denunciados?
Estamos en contacto permanente con los familiares.
Un caso dramático es el de una madre que vive en el Estado Zulia, y cuyo hijo fue asesinado en este suceso. Un joven panadero oriundo de Zulia que decidió radicarse en el estado Apure.
Todavía, a esta señora no le han entregado el cuerpo de su hijo.
Ella sigue esperando por los restos de su hijo. No ha podido trasladarse a Apure porque es una señora de avanzada edad.
Los funcionarios le dijeron que se olvidara de su hijo que tenía que ir a Apure, y que ellos tendrían que ver si podían desenterrarlo para que ella lo reconociera y pudiera llevarse sus restos.
Es una madre desesperada. Porque en este caso no se ha investigado ni se ha señalado a ningún responsable por lo ocurrido.
Lo mismo ha pasado con las más de 32 personas que fueron detenidas durante el operativo en Arenales de La Capilla, en El Ripial.
Estas personas eran campesinos de la zona, fueron detenidas arbitrariamente y la mayoría de ellas se encuentran detenidas en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) en Santa Ana, por crímenes que no cometieron. Siguen esperando la fecha para su audiencia de juicio.
Hemos seguido de cerca el caso de la señora Mónica Triana.
Ella estaba embarazada cuando la detuvieron. Los funcionarios del Ejército la trasladaron a Guasdualito, allí la golpearon y días después perdió a su bebe mientras se bañaba en la sede del Ejercito en esa localidad.
Cuando la entrevistamos, la señora Mónica atravesaba un profundo trauma por la muerte de su hijo.
Los militares nunca tuvieron un mínimo de humanidad para trasladarla a un centro médico, al contrario, la llevaron al CPO junto al resto de los agricultores detenidos.
Allí siguen, víctimas de atropellos. Esperando justicia y libertad.
Prensa Provea
