English Spanish

“Mis papás eran unas personas demasiado humildes quiero que, por los derechos humanos, se haga justicia, que limpien el nombre de ellos porque ellos no eran ningunos guerrilleros”.

“El gobierno venezolano masacró a la mitad de mi familia, con eso me paga el gobierno los 18 años de mi vida que le dediqué”.

“Mis tíos no eran guerrilleros eran gente inocente que no tenían nada que ver con grupos irregulares, que se dedicaban al trabajo del campo”.

“Quiero que se haga justicia, que se diga la verdad, que se diga que Julio Jiménez no era ningún guerrillero, ningún matón”.

A un año de que estos testimonios recorrieran las redes sociales y conmovieran a toda Venezuela y el mundo, estos clamores de justicia aún no han sido escuchados.

Prensa Provea- Los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los enfrentamientos ocurridos en 2021 en la población de La Victoria, en el estado Apure, no han sido investigados por las autoridades venezolanas. Al contrario, buena parte de los abusos y lesiones contra los derechos de los pobladores de esta región fronteriza con Colombia, se han prolongado y agravado.

A las ejecuciones extrajudiciales, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, y desplazamientos forzados, dejados por el combate armado entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Frente Décimo «Martin Villa» de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se sumaron el juzgamiento de civiles en tribunales militares, casos de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, y el acostumbrado retardo procesal de las causas judicializadas.

Testimonios de los familiares de las víctimas hace un año

En la mañana del 25 de julio, Emilio Ramírez de 42 años, Luzdey Remolina de 40, Jeferson Uriel Ramírez de 17 y Ehiner Villamizar Ramírez de 20, los cuatro, miembros de una misma familia, fueron sacados de su casa en el barrio 5 de Julio de la población de La Victoria.

Del mismo modo y en el mismo operativo, fue retirado de la panadería donde laboraba, Julio César Jiménez Millán, de 30 años de edad, natural de Cabimas, Zulia, quien llevaba poco tiempo trabajando en La Victoria.

Al mediodía, estas 5 personas aparecieron asesinadas con tiros de gracia y signos de tortura, vestidas con indumentaria guerrillera, y rodeadas por fusiles y granadas en el asentamiento campesino El Ripial, a kilómetro y medio de La Victoria, de donde fueron sacados más temprano por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

El parte militar difundido por la FANB el 27 de marzo, junto con las fotografías de los asesinados, informó acerca de “6 terroristas neutralizados”.

Se refería a los Ramírez Remolina, a Jiménez Millán y a un cabecilla de las Farc con el alias “Nando”.

Se lee en ese mismo parte firmado por el ministro de la defensa Vladimir Padrino López: “Cabe destacar, que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo se han incorporado, integralmente, a estas tareas a fin de garantizar la mayor transparencia y el absoluto respeto a los derechos humanos”.

Sin embargo, familiares y habitantes de La Victoria, en manifestaciones públicas masivas y por redes sociales, denunciaron el asesinato de estas 5 personas como una masacre de campesinos y trabajadores inocentes.

Del mismo modo, las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Provea, denunció estos homicidios como ejecuciones extrajudiciales. 

“El gobierno venezolano masacró a la mitad de mi familia”

El 26 de marzo, un día después del asesinato, Yanilse Ramírez, la hermana mayor de Emilio y Ehiner Ramírez, tía de Jeferson y cuñada de Luz Dey, con expresiones de dolor y rabia describió lo sucedido a su familia.

“En el día de ayer, a horas de la una de la tarde venezolana, llegó una tanqueta del ejército a la casa de mi hermano, recogieron, entraron a la casa, la desordenaron y por el simple hecho de que mis hermanos, mi cuñada y mi sobrino tenían cédula colombiana, por eso, se los llevaron y dijeron que eran guerrilleros de las Farc, les pusieron armamentos, les pusieron uniformes, les pusieron botas, cuando uno de mis hermanos de 20 años, llevaba unas cholas, llevaba unos chores y una franela, que si mira las fotos ahí se le ve el chor que está por debajo del pantalón, verde asqueroso, que le pusieron. El gobierno venezolano masacró a la mitad de mi familia, cuando yo le trabajé 18 años al gobierno venezolano, con eso me pagó”.

“A mi tía le colocaron unas botas de guerrillera”

La sobrina de Luz Dey, la única mujer en la masacre de El Ripial, también denunció, con la misma conmoción, el asesinato de sus familiares. Provea publicó en sus redes sociales la denuncia de la mujer.

“Mi nombre es Raiza Isabel Remolina, familiar de la señora Luzdey Remolina y Jeferson Uriel Remolina. Mi tía, mi primo, el esposo de ella, Emilio Ramírez y Ehiner Villamizar, fueron asesinados, vilmente, el día de ayer 25 de marzo del 2021, en el estado Apure, parroquia Urdaneta, La Victoria…Aparecieron tirados en el campo, uniformados con lo que usan los grupos irregulares, con sus uniformes. A mi primo le amarraron un pantalón, le pusieron botas y un arma a su lado. A mi tía le colocaron unas botas de guerrillera, a su esposo y también a su cuñado. Gente inocente que no tenía nada que ver con grupos irregulares, gente que se dedicaba al trabajo de campo. El esposo de mi tía, Emilio Ramírez, se dedicaba al trabajo de campo”.

“No entiendo por qué se llega a la conclusión que mis padres son guerrilleros”

Edinson Emir Ramírez Remolina, el único habitante del hogar Ramírez Remolina, que quedó vivo porque el día del allanamiento y detención de sus padres, tío y hermano, no se encontraba en la casa, entre llanto y desconcierto declaró a la prensa colombiana.

Mientras ofrecía su testimonio, se observaban detrás los 4 ataúdes de sus seres queridos, velados en Arauquita, Colombia, frente a La Victoria, el 29 de marzo de 2021, 4 días después del asesinato y tras intensa lucha con los organismos venezolanos para que se los entregaran y ofrecerles honras fúnebres y cristiana sepultura.

“Mis papás eran unas personas demasiado humildes es lo único que le puedo decir y quiero que el gobierno venezolano, que, por favor, por los derechos humanos, que se haga justicia, que limpien el nombre de ellos porque ellos no eran ningunos guerrilleros como lo están diciendo, que respeten, que mis papás no son guerrilleros, ni mis hermanos ni nada, nosotros no tenemos vínculos con ninguna guerrilla, no tenemos necesidad de tener vínculos con nadie, ni con el mismo gobierno”.

“Mi mamá era una mujer dedicada al hogar, que no salía de la casa a ningún lado, mi papá, un campesino trabajador, todo el tiempo ha sido campesino, tenía sus cultivos como todo campesino, como todo agricultor tenía sus tierritas, un hombre muy trabajador, un hombre muy honesto, no entiendo por qué se llega a la conclusión, por qué motivos los hacen pasar por guerrilleros, cuando ellos legalmente no tienen arte ni parte, ni nada que ver con la pinche guerra que están viviendo esos manes (hombres) allá”.

“Mi hijo no era ningún guerrillero más bien era un muchacho que daba su plato de comida a cualquiera” 

Livia Coromoto Millán, madre de Julio César Jiménez, no sabía de la muerte de su hijo sino de su desaparición, 2 semanas después del homicidio, tras una colecta familiar para trasladarse de Cabimas, Zulia a La Victoria de Apure, a donde el joven de 30 años se había mudado en busca de una mejor vida para su familia, la madre constata su fallecimiento mediante fotografías en el CICPC de Guasdualito.

“Cuando veo esa foto donde lo veo muerto para mí fue muy impresionante porque no me lo esperaba, porque mi hijo nunca fue de mala conducta. Todo lo que me decían era que mi hijo había sido detenido y se lo habían llevado con vida y aparece muerto. Fue la Faes que lo mató porque cuando a él se lo llevaron fue la Faes la que se lo llevó, luego, bajan una foto donde lo tienen vestido de guerrillero, donde está torturado, matado a puro golpes porque no fue baleado y dicen que fue un enfrentamiento entre guerrilleros, ¿dónde están los tiros que le hicieron si lo que está es muerto a puros golpes y amarrado?, porque si se fijan bien en la foto, si se fijan en las muñecas, ven como tiene las muñecas y las manos maltratadas, fue torturado, sus costillas partidas, sus pies descalzos y amarrados, con vestiduras de guerrillero y tengo pruebas y tengo testigos, testimonios, de que mi hijo no era de esos. ¿Qué quiero yo con todo esto?, que se haga justicia, que se diga la verdad, que se aclare que Julio César Jiménez no era ningún guerrillero, no era ningún matón, era un muchacho que más bien daba su plato de comida a cualquiera no importándole, a él, quedarse sin comer por ayudar a otros, ¿Cómo entonces lo van a implicar con guerrilleros? Yo sé que con esto yo no voy a revivir a mi hijo, yo sé que con esto no voy a superar este dolor tan grande, pero sí quiero que se limpie su nombre, que quede en claro que él no es ningún guerrillero como lo mostraron en esas fotos”.

A un año de esta solicitud de justicia ¿qué ha pasado?

El 10 de enero de 2022, el diario Los Andes del estado Táchira, Venezuela, entrevistó a los familiares de las víctimas, tras cumplirse 10 meses del asesinato.

Insistieron en la inocencia de sus parientes y cuestionaron que ninguna autoridad, nacional, regional o local se haya pronunciado al respecto y, menos aún, haya ejercido acciones en busca de justicia.

Fiscales designados por el fiscal general sólo llegaron hasta Guasdualito

Yanilse Ramírez, narró que la comisión especial designada por el fiscal general Tarek William Saab, integrada por funcionarios de Caracas y San Fernando, la capital de Apure, llegó al hospital José Antonio Páez de Guasdualito, municipio Páez, el sábado 27 de marzo a las 8 de la noche, un día después del anuncio de su designación, y que, como a las 12 de la noche, “uno de los funcionarios salió vomitando de la morgue y dijo que tan solo  habían podido revisar un cadáver, por lo que todavía no podían entregar los cuerpos”.

El día 28, los funcionarios llegaron a la morgue a las 7 de la mañana y en menos de una hora, ya habían revisado los 4 cadáveres restantes, por lo que, tomando en consideración el tiempo empleado en la revisión del primero, Yanilse supone que no hicieron el trabajo.

“Ellos no hicieron nada, ellos simplemente vinieron a darse cuenta que lo que yo dije fue cierto, mi familia fue masacrada, la sacaron de esta casa, los sentaron, los montaron en una tanqueta. Les pusieron cosas, armamentos, explosivos. Eso fue un falso positivo, todo lo que ellos dijeron es un falso positivo… Ellos querían tirarlos a una fosa, porque no hay pruebas. Yo logré con muchas personas poder retirar esos cuerpos. Querían que esos cuerpos se pudrieran ahí”.

Tras ese episodio y transcurrido un año, no se conocen los resultados de esa experticia y Yanilse y resto de sus familiares siguen esperando justicia, incluso de sus propios vecinos que son autoridades y miembros del partido de gobierno en La Victoria, quienes han guardado silencio frente a estos crímenes.

Perdieron la fe en la justicia terrenal

“Ni las fuerzas vivas de aquí de La Victoria que pertenecen al Psuv han dicho nada. El concejal es del Psuv, el alcalde es del Psuv, el gobernador es del Psuv, y ¿quién se ha pronunciado?, nadie”, lamentó.

La madre de los Ramírez, quien padece de cáncer y se encontraba en chequeo médico el día del asesinato, quedó devastada con la noticia, relató Yuleiga Ramírez, otra hermana de Emilio y Ehiner, así como tía de Jeferson.

Ella perdió toda fe en la justicia venezolana y se consuela con la justicia divina. “Yo creo en la justicia divina, lo creo, yo creo en Dios Todopoderoso porque ahí está la palabra de Dios. Él dejó las leyes terrenales para que se hiciera justicia, yo pido justicia”, exige un año después.

Lo mismo hizo en la entrevista del Diario Los Andes, Santos Ramírez. “Yo lo que pido es justicia”, solicitó el padre de Emilio y Ehiner, Suegro de Luz Dey y abuelo de Jeferson, cuyo rostro compungido habló más que sus palabras.

Las violaciones a los derechos humanos se agravaron

Provea y la Fundación El Amparo, que mantienen comunicación con los familiares de las víctimas y han asumido la defensa en las causas penales sobre la masacre de El Ripial y las detenciones arbitrarias, han advertido que la ya grave violación de los derechos humanos al momento de suscitarse ambos casos, ha empeorado en el transcurso del año.

De las investigaciones sobre la masacre de El Ripial oficiadas por el fiscal general de la república, ni los familiares ni los defensores de derechos humanos tienen conocimiento sobre su evolución debido a que no han recibido respuesta a sus reiteradas solicitudes formales de información por parte de la Fiscalía 62 de Caracas, a donde fue trasladado el expediente.

Tampoco esta Fiscalía ha permitido a los apoderados legales de los familiares de las víctimas el acceso a estas investigaciones. Provea y la Fundación El Amparo han denunciado denegación de justica y encubrimiento de crímenes de guerra al evidenciar el nulo interés del Estado en investigar los mandos medios y altos de cuerpos militares y policiales, para determinar responsabilidades en la autoría material e intelectual de la masacre. 

Una de las teorías desglosadas por Rocío San Miguel, directora de la organización venezolana de derechos humanos y observatorio militar Control Ciudadano, sobre la participación de las Faes en La Victoria, el año pasado, podría explicar esta negativa del Estado a investigar las cadenas de mando de la fuerza pública que intervino en las ejecuciones extrajudiciales de El Ripial.

San Miguel expuso en 2021, luego de la incursión del organismo policial en La Victoria, que el uso de las Faes habría sido para «hacer el trabajo sucio que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) no quiere hacer, pues el primer grupo (las Faes) siempre se ha visto más maleable políticamente hablando”.

La misma San Miguel también ha advertido este año, que “la situación de los derechos humanos, lamentablemente, es grave a partir de cada incursión u operativo que realizan los cuerpos de seguridad del estado y la FANB, en el territorio nacional, esto adquiere una dimensión aún más problemática, respecto de las regiones fronterizas, de difícil acceso, donde el manto de los abusos e impunidad es mayor”.

Sobre los 19 de los 31 detenidos arbitrariamente y procesados por justicia militar, que aún permanecen presos, Provea y la Fundación El Amparo han denunciado que todavía no han sido trasladados desde el Pabellón de Procesados Militares de la cárcel de Santa Ana, Táchira, para Guasdualito, Apure, a donde les corresponde, pese a ser beneficiados por la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal que condiciona las causas de civiles únicamente a la justicia ordinaria. 

Constituye un agravante de esta violación, la paralización del proceso judicial de estos privados de libertad, así como las torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos a los que han sido sometidos la mayoría de los procesados en las cárceles de Santa Ana, Táchira y El Rodeo, Miranda. Muchas de estas torturas formalmente denunciadas por los detenidos y algunas admitidas y en investigación por los tribunales.

Los familiares de los detenidos también han recibido amenazas por denunciar estas torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos y exigir el proceso por la justicia civil y en su jurisdicción territorial, como corresponde.  

Sobre estas graves violaciones y crímenes de lesa humanidad, Provea y la Fundación El Amparo, han documentado, e informado, formalmente, a la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, así como al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, ambas instancias de la Organización de las Naciones Unidas, informó Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea.

Omisión de la FGR viola acuerdo con CPI y alienta crímenes de cuerpos de seguridad

La falta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, de la masacre de El Ripial, así como la paralización del proceso judicial de los detenidos, las amenazas y hostigamientos a los familiares de las víctimas para impedir sus denuncias, viola el memorándum de entendimiento, firmado en noviembre del año pasado, entre el gobierno venezolano y el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, afirma Marino Alvarado.

El coordinador de Exigibilidad de Provea aprovecha la visita en el país del alto funcionario de justicia para recordar estas graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ocurridas en el conflicto FANB-FARC, de La Victoria, estado Apure, toda vez que el Estado, reformó el COOP, como quedó en compromiso, pero no ha hecho cumplir sus reformas, ha tenido omisión en las investigaciones a las ejecuciones extrajudiciales, ha torturado y ha detenido el proceso judicial de los detenidos.  

“Esa conducta de omisión lo que hace es estimular las actuaciones irregulares de la fuerza pública frente a los ciudadanos y les alienta para seguir cometiendo graves abusos contra la población como violaciones al derecho a la vida, a la libertad e integridad personal, porque los funcionarios se sienten seguros de que, por más que abusen, no tendrán ningún tipo de sanción, lo cual contraría el memorándum de entendimiento que obliga a investigar, a sancionar y adoptar medidas para evitar que hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, se sigan cometiendo en el país”, recalcó Alvarado.