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En el marco de la 70 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se celebrará el 4 y 5 junio en Washington, el órgano acordó incluir en el temario oficial la discusión sobre la situación de Venezuela. La celebración del debate fue aprobado en la votación que tuvo lugar este martes 2 de febrero en el seno de la comisión preparatoria de la Asamblea, con 19 apoyos, 5 abstenciones y 6 votos en contra.

En tal sentido, publicamos el Resumen Ejecutivo del Informe País sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 12 de febrero del presente año. La Comisión elaboró dicho informe en atención al profundo deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. El informe realiza un análisis de la crisis institucional y de derechos humanos de los últimos dos años, con especial énfasis en lo acontecido a lo largo de 2017.

El informe aborda la situación de los derechos humanos en Venezuela, analizando el impacto que ha tenido en ellos el debilitamiento de la institucionalidad democrática en el país. El informe está organizado en torno a cuatro ejes principales, que representan las preocupaciones centrales de la CIDH respecto del país: institucionalidad democrática; protesta social y libertad de expresión; violencia y seguridad ciudadana; y derechos económicos sociales, culturales y ambientales (DESCA). A su vez, analiza de manera transversal las afectaciones específicas que personas, grupos y colectivos enfrentan por su condición de mayor riesgo, y discriminación y exclusión históricas, tales como mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores; defensores y defensoras de derechos humanos; personas privadas de libertad; migrantes; y personas refugiadas o en similar situación; entre otros.

El informe de la CIDH revela las severas restricciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela a través de censura y de medios de comunicación, ataques a periodistas, criminalización de opiniones disidentes o a quienes difunden información contraria a funcionarios de gobierno y la sanción a quienes difunden mensajes considerados de odio en internet. Asimismo, registra el uso excesivo de armas de fuego y bombas lacrimógenas contra manifestantes, así como por la participación de miembros de las fuerzas armadas en el control de manifestaciones. El Estado debe cesar la obstaculización del ejercicio del derecho a la protesta y frenar el uso de la fuerza contra los manifestantes. La Comisión expresa su más enérgico rechazo a las duras medidas tomadas por el Estado frente a las recientes protestas sociales, que resultaron en cientos de personas muertas, miles de detenidos arbitrariamente, denuncias de tortura, actos crueles, inhumanos y degradantes y violencia sexual perpetrada por agentes estatales, y personas sometidas injustamente a tribunales penales militares. La CIDH hace un llamado para que estos actos no queden en impunidad.

El informe registra el aumento de la violencia y la criminalidad en los últimos años. Esto afecta la vida diaria de toda la población e impacta principalmente a personas y grupos históricamente discriminados y en situación de especial vulnerabilidad. Preocupa a la CIDH que la respuesta estatal ante este fenómeno ha estado marcada por la militarización de la seguridad ciudadana y el involucramiento de civiles en tareas de seguridad. La Comisión Interamericana considera indispensable eliminar la participación de las fuerzas armadas en las actividades de seguridad ciudadana, que son de competencia de los cuerpos policiales. El Estado de Venezuela debe adoptar una perspectiva de derechos humanos en la seguridad ciudadana, partiendo de que se trata de ciudadanos que hay que proteger y no de enemigos que hay que combatir.

A la crítica situación de la democracia y los derechos políticos, se le suma una crisis socioeconómica caracterizada por el desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos. También se registran serias afectaciones al derecho a la educación y a la vivienda. Los índices de pobreza y pobreza extrema en Venezuela son alarmantes, así como las serias dificultades para el goce de los DESCA de la población, especialmente de los grupos en situación de exclusión y discriminación histórica. Para enfrentar esta situación, la Comisión urge al Estado a intensificar medidas dirigidas a reducir la situación de pobreza y pobreza extrema y a asegurar que toda la población tenga acceso a los DESCA, sin discriminación. La crisis ha tenido un alto impacto en la movilidad humana, obligando a migrar a un gran número de personas y familias.

Descarga el informe completo AQUÍ

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Prensa Provea