El fiscal de la dictadura, Tarek William Saab, amenazó públicamente este jueves a quienes cuestionan la verdad oficial sobre los hechos que condujeron a la muerte del señor Fernando Albán, con procesarlos penalmente.
Durante una rueda de prensa realizada en la sede del Ministerio Público en Caracas, Saab dijo sobre quienes afirman que el dirigente político pudo haber sido asesinado: “Eso los va a colocar en una situación muy delicada, porque si no tienes pruebas de algo que ocurrió, pero sigues insistiendo que eso es así… Eso es un delito y nosotros estamos evaluando todo eso, porque hemos presentado la autopsia auditada para quien quiera”.
Tarek William Saab advierte sobre “consecuencias” para quienes insistan en que el concejal Fernando Albán fue asesinado. Asegura que autopsia “es auditable. Está firmada y hay videos y fotografías”. Evadió responder si el concejal estaba esposado. pic.twitter.com/knmVr4RTPy
— Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) 18 de octubre de 2018
Con sus declaraciones Saab aumenta las serias dudas que tiene la opinión pública venezolana sobre la versión oficial de los hechos. Desde que se conoció el fallecimiento del dirigente del partido Primero Justicia el pasado 8 de octubre bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), los voceros de la dictadura han emitido declaraciones confusas y contradictorias, que han abonado el terreno para que en la colectividad germine la creencia de que el señor Albán fue asesinado por sus captores, y presentado ante la opinión pública nacional e internacional como un suicidio. Asimismo, Saab y otros funcionarios han emprendido una campaña de amenazas y hostigamiento, contra activistas, periodistas y medios de comunicación que han exigido una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido.
En una nota divulgada el 8 de octubre, Provea señaló que la muerte del concejal Fernando Albán es un crimen de Estado y la consecuencia directa del ascenso del terrorismo de Estado por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, que de forma sistemática y generalizada, persigue, encarcela y tortura a centenares de opositores políticos con el firme objetivo de generar terror en la población y consolidar los mecanismos de control social y político. Advertimos que las contradicciones entre las versiones del Ministerio Público y el Sebin y las circunstancias que rodearon los hechos, recordaban el asesinato por torturas del dirigente político Fabricio Ojeda en 1966 a manos del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada (SIFA), y del también dirigente de izquierda Jorge Rodríguez (padre) en 1976, por la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Ambos casos fueron presentados ante la opinión pública como suicidios y posteriormente se demostró que fallecieron a consecuencia de las torturas recibidas. La detención arbitraria y posterior desaparición forzada del concejal Albán, generan serias dudas sobre el trato que recibió mientras estaba bajo la custodia de los funcionarios del Sebin.
En un comunicado suscrito por 65 organizaciones de derechos humanos venezolanas y divulgado el pasado 10 de octubre se exigió que, ante la ausencia de organismos confiables e independientes dentro de Venezuela para aclarar lo ocurrido, es necesario que un organismo internacional sea quien investigue las causas y responsables de la muerte del concejal Fernando Albán. En tal sentido, se solicitó a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, incluir toda la información sobre el caso, incluyendo testimonios y evidencias proporcionadas por familiares y otras personas recluidas en el pasado en alguna de las sedes del SEBIN, en su próximo informe especial sobre la situación de Venezuela.
Las sedes policiales y militares del país, especialmente las del SEBIN y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se han convertido en centros especializados de torturas, donde este crimen se comete a diario contra detenidos por razones políticas. Los testimonios de quienes han permanecido recluidos en los calabozos de estos organismos de seguridad, indican un patrón de abusos que institucionalizó la práctica de la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes contra los detenidos. De toda la documentación levantada por las ONG y los organismos internacionales de protección de derechos humanos, y de los penosos antecedentes de maltratos contra los presos políticos, surge la razonable duda sobre la muerte de Albán y el fundado temor de la colectividad de que este ciudadano probablemente haya sido asesinado.
Provea rechaza enérgicamente las declaraciones del señor Tarek William Saab, y reitera que, ante sus amenazas y contradicciones, se hace aún más necesaria una investigación independiente que permita alcanzar la verdad y determinar las responsabilidades por la muerte de Fernando Albán. Las amenazas del fiscal de la dictadura no nos intimidan, estamos seguros que tampoco intimidarán al pueblo venezolano que hoy pide verdad y justicia.
Prensa Provea
