GINEBRA (30 de agosto de 2017) – Múltiples abusos y violaciones de derechos humanos se han cometido en Venezuela en el contexto de las recientes protestas antigubernamentales y esos hechos apuntan a la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”, según las conclusiones de un informe* publicado por la Oficina del ACNUDH.
“El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, señala el informe.
En el documento se pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que examine la posibilidad de tomar medidas para prevenir el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela, país que en la actualidad es miembro del Consejo.
El análisis realizado por la Oficina del ACNUDH indica que de las 124 muertes relacionadas con las protestas que se encontraban sujetas a investigación por el Ministerio Público hasta el 31 de julio, 46 fueron presuntamente obra de las fuerzas de seguridad y 27 de los grupos armados progubernamentales conocidos como colectivos. Todavía no se ha podido determinar quiénes fueron los responsables de los otros 51 fallecimientos.
Durante el periodo que abarca el informe, del 1 de abril al 31 de julio, el Ministerio Público inició investigaciones sobre no menos de 1.958 casos de lesiones registrados en el contexto de las manifestaciones. El análisis de las lesiones que figura en el informe indica que el uso excesivo de la fuerza se fue agravando. En la primera mitad de abril, la mayoría de las lesiones se debieron a la inhalación de gas, mientras que en julio el personal sanitario estaba tratando a heridos de armas de fuego..
“Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplicaron a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“El gobierno de Venezuela debe velar por que se lleve a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados o a los manifestantes violentos. Esto comprende la garantía de que las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público durante el periodo que abarca este informe se prosigan de manera escrupulosa y con notoria imparcialidad”, insistió el Alto Comisionado.
“El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número. En el informe se identifican también violaciones graves del debido proceso judicial y patrones de malos tratos, que en algunos casos equivalen a torturas”, declaró Zeid.
Según cálculos fiables de las ONG locales, a partir del 1 de abril más de 5.000 personas fueron detenidas, de las que más de 1.000 permanecían todavía encarceladas el 31 de julio. Al menos 609 civiles arrestados en el contexto de las manifestaciones tuvieron que comparecer ante tribunales militares. En el informe se recomienda al gobierno que cese la detención arbitraria y el uso de tribunales militares para juzgar a civiles.
Grupos medianamente organizados de manifestantes antigubernamentales emplearon medios violentos, recurriendo a armas improvisadas que fueron desde piedras y hondas hasta cócteles Molotov y morteros de fabricación casera, según reza el informe. Se ha informado de que al menos cuatro personas murieron por la acción de grupos o individuos contrarios al gobierno y, según éste, nueve miembros de las fuerzas de seguridad habían sido asesinados hasta el 31 de julio. En el informe se recomienda a los partidos de oposición que condenen todo acto de violencia, en particular cuando se trate de acciones perpetradas por grupos de manifestantes violentos.
En el informe se documentan ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación realizados por fuerzas de seguridad que, al parecer, se proponían impedir la cobertura informativa de las manifestaciones. “Los manifestantes y periodistas fueron catalogados por las autoridades de alto nivel como “enemigos” y “terroristas” –palabras que no ayudaron mucho a atenuar el contexto de violencia y polarización y que, más bien, quizá contribuyeron a agravarlo”, afirmó el Alto Comisionado.
Aunque reconoció que el número de manifestaciones, arrestos y muertes ha disminuido desde el 1 de agosto hasta el día de hoy, Zeid expresó su preocupación por las medidas tomadas recientemente por las autoridades para criminalizar a dirigentes de la oposición mediante la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública.
“La comisión creada recientemente por la Asamblea Constituyente no cumple con los requisitos básicos de transparencia e imparcialidad necesarios para realizar investigaciones independientes y sin motivación política sobre violaciones y abusos de derechos humanos”, declaró Zeid.
El Alto Comisionado advirtió de que, en medio de la continua crisis económica y social del país y el aumento de las tensiones políticas, existe un riesgo elevado de que la situación de Venezuela se deteriore aún más.
“Insto al gobierno de Venezuela a que aplique las recomendaciones de este informe y a que use sus conclusiones como guía para aportar verdad y justicia a las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos. Una vez más pido al gobierno que renuncie a aplicar cualquier medida que pueda incrementar la tensión política en el país y exhorto a todas las partes a que entablen un diálogo sustancial con miras a poner fin a la crisis”, dijo Zeid.
Descarga el Informe del Alto Comisionado AQUÍ
HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP*Dado que el gobierno de Venezuela no respondió a las peticiones de acceso, un equipo de expertos en derechos humanos realizó una investigación a distancia del 6 de junio al 31 de julio. El informe se basa en el análisis de la información que este equipo compiló y comprende unas 135 entrevistas con víctimas y familiares, testigos, representantes de organismos de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos, personal de primeros auxilios y miembros del Ministerio Público.
Prensa Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
