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15 marzo, 2017 por

En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.

Este martes 14 de marzo, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro hizo llegar a la Organización su informe actualizado sobre Venezuela en el marco de la crisis que vive el país.

Este informe cuyo contenido el propio diplomático lamenta por ser «abundante en atropellos, en vulneración de derechos, en cercenamiento de libertades civiles, políticas y electorales, en pobreza, en hambre, en privación de libertad, en tortura, en censura y en todo el catálogo de violaciones de la dignidad política, social y personal», está orientado a solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana basada ya no en el artículo 20, como lo fue el año pasado sino en el artículo 21 debido a que no se han logrado avances para la solución de la crisis. «La negación persistente del Gobierno venezolano y su incumplimiento absoluto de lo acordado han hecho fracasar sistemáticamente en la práctica la vía de las gestiones diplomáticas y los buenos oficios prevista en el artículo 20 de la CDI. Ha cerrado y agotado de hecho la perspectiva de todo camino diplomático en este sentido.»

A pesar de las dificultades, lo anterior no significa que las vías diplomáticas se cierran ni que la comunidad internacional dirija la mirada hacia otro lado y renuncie a la solidaridad entre los pueblos, de hecho Almagro insiste:

Se trata de un fracaso que no únicamente -y no principalmente- cierra en las bruces de la comunidad interamericana la posibilidad de interceder, sino que -sobre todo- condena a la gente de Venezuela al desmantelamiento absoluto de la democracia y el sistema de derechos y al derrumbe total de las condiciones humanitarias, económicas y sociales.

Pese a toda la falta de resultados hasta el momento, estoy, sin embargo, convencido de que la OEA, como baluarte del Sistema Interamericano y de sus valores democráticos, aún tiene la posibilidad de influir sobre la realidad venezolana.

Pocas sanciones morales y políticas más fuertes existen para los gobernantes de un país que la mirada y las medidas que puedan tomar sus pares. En un continente signado por la solidaridad democrática, que todos nuestros países asumieron como derecho positivo al firmar la Carta Democrática Interamericana, el instrumento más fuerte que existe es la reprobación de los pares. No sólo por su valor internacional. Sino principalmente por la deslegitimación interna que para un gobierno que vulnera derechos implica la censura colectiva de sus pares del Hemisferio.

No existe en la historia cercana de los países del Sistema Interamericano que un dictador haya triunfado contra la voluntad colectiva de los países democráticos. Somos el continente que, en su historia reciente, se enorgullece de hacer de la democracia su bandera y de haber cerrado el paso -desde la aprobación de la CDI, a cuanto dictador ha intentado perpetuarse como gobernante y regir los destinos de su pueblo.

Este documento refleja la indignación del Secretario General de la OEA ante las graves irregularidades del gobierno venezolano en ejercicio, pero sobre todo reivindica la solidaridad como un valor social capaz de lograr grandes cambios: Tengo para mí, con total certeza, que comparto con los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas que éste es el continente que cree que Videla, Gregorio Alvarez, Pinochet, Fujimori, Pérez Jiménez, Noriega, Trujillo, los Duvalier, Stroessner, Somoza y tantos otros no son tan sólo un pie de página sino que tienen una dimensión trágica en la historia de nuestros países. Ese es el destino de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Es nuestro trabajo librar a cualquiera de nuestras naciones de esos infortunios a partir de la solidaridad interamericana. Asimismo, el escrito plantea la urgencia de que sean aplicadas las sanciones diplomáticas al gobierno de Venezuela. Para Almagro ya no hay tiempo que seguir perdiendo frente al deterioro sistemático y acelerado de las condiciones de vida del pueblo: Intentar replicar ejercicios de mediación, gestiones diplomáticas, buenos oficios, misiones al terreno a través de nuevas configuraciones, mediadores u otras personalidades sólo daría nuevamente al Gobierno la oportunidad de ganar tiempo para mantener sus privilegios, al tiempo que prolongaría la miseria de la gente y el aplastamiento de sus derechos. Estoy convencido de que se trataría de un paso en falso sin otro resultado que un nuevo fracaso. El pueblo venezolano ya no tiene más tiempo para ello. Seria marcar un retroceso al año 2014, implicaría tomar de rehén al pueblo venezolano y a su sufrimiento. 

Recomendaciones

Luego de la descripción detallada de la situación basada en informes de las organizaciones de la sociedad civil y de las propias investigaciones, Luis Almagro hace las siguientes recomendaciones para avanzar en la resolución de la crisis:

  1. Elecciones generales completas a la mayor brevedad con la presencia de observadores internacionales que cumplan con todas las normas internacionales de observación de comicios electorales. Ha quedado atrás el tiempo del referendo revocatorio — la última solución constitucional. Ha habido una ruptura total del orden democrático y la única solución democrática es que el pueblo vuelva a tener en sus manos el poder de decidir su destino. Estas elecciones son imprescindibles para permitir al país regresar a la democracia y al estado de derecho así como para permitir al país implementar las soluciones sociales, financieras, económicas y políticas que necesita. La existencia de autoridades legitimadas por un proceso democrático legitima al país a recibir el apoyo financiero que necesita para reactivar su sector productivo, especialmente el petrolero.
  2. Celebrar nuevas elecciones generales permitirá implementar un sistema eficaz de lucha contra la corrupción tomando como modelos a la CICIG o a la MACCIH. Deberá iniciarse una campaña internacional en gran escala, para investigar el despilfarro de los recursos nacionales y la corrupción generalizada. Los fondos robados al pueblo venezolano deben ser devueltos, una vez que se haya restaurado el orden constitucional.
  3. Hasta tanto ello no suceda será fundamental la continuación de sanciones bilaterales por cualquiera de los países a personas vinculadas al Gobierno o a autoridades del Gobierno involucradas en casos de corrupción o narcotráfico. Cuando el Vicepresidente de cualquier país es objeto de medidas como las implementadas por el Departamento del Tesoro, cuando se le congelan fondos por más de 3.000 millones de dólares – monto que equivale a la mitad del valor de las importaciones de alimentos de Venezuela hace cinco años para que se comprenda adecuadamente la dimensión de la tragedia que existe en Venezuela y el precio en dolor que paga el pueblo venezolano – quedan plasmadas las variables de desestabilización política, económica y social que vive el país por tener autoridades como esas.
  4. La liberación inmediata de todos los presos políticos.
  5. El establecimiento inmediato de un canal para prestar asistencia humanitaria (con énfasis en los alimentos y la asistencia médica) al pueblo de Venezuela.
  6. El retorno al orden constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de cada una de las ramas del Gobierno, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución de Venezuela. Estas medidas deben incluir: a. El restablecimiento de los poderes y competencias constitucionales de la Asamblea Nacional; b. El nombramiento por procedimientos constitucionales de los integrantes del Consejo Nacional Electoral; y c. El nombramiento por procedimientos constitucionales de los magistrados del TSJ
INFORME ACTUALIZADO ALMAGRO

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Primer informe: 30 de mayo de 2016

Recordemos que en mayo de 2016, el diplomático anunció por su cuenta de twitter que había presentado el primer informe sobre Venezuela y que, ademas, basándose en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana invocaba su aplicación al país.

El informe de 132 páginas hace una descripción detallada de la situación venezolana, abordando los temas: Defensa internacional de la democracia, Alteración grave del orden constitucional, Ética en la política, Situación humanitaria, Indicadores sobre corrupción, Contradicción entre democracia y presos políticos, Separación e independencia de poderes públicos, Democracia y Poder Judicial; Celebración de elecciones periódicas, libres justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo: referéndum revocatorio; Situación de derechos civiles y políticas. Libertad de expresión y prensa; Resumen de la intervención de la señora Ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Rodríguez Gómez.

Almagro expresa que «…no se puede más que concluir que estamos ante alteraciones graves al orden democrático, tal como se ha definido en numerosos instrumentos regionales y subregionales». De igual manera, rechazó cualquier posible golpe de Estado o intervención armada.

El documento concluye con varias recomendaciones que el diplomático hace al gobierno de Venezuela, «como resultado de un análisis imparcial, fáctico, basado en hechos y circunstancias fielmente determinadas…Las mismas procuran contribuir a una solución que, como dicho desde el primer momento, debe ser venezolana y entre venezolanos».

  1. Realización del Referéndum revocatorio: «La eventual realización de esta instancia de consulta popular es una contingencia de la mayor importancia política en el país (y en la región) y como tal debe ser considerada».
  2. Liberación de los presos políticos.
  3. Llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo a resolver la escasez de alimentos y servicios de salud.
  4. Llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo a «brindar estándares suficientes de seguridad a sus ciudadanos».
  5. Respeto y garantía de independencia de poderes.
  6. Nueva integración del Tribunal Supremo de Justicia «dado que la actual integración está completamente viciada tanto en el procedimiento de designación como por la parcialidad política de prácticamente todos sus integrantes».
  7. Creación de un mecanismo independiente para combatir la corrupción «integrado por expertos internacionales independientes apoyados en el sistema de Naciones Unidas».
  8. Incorporar a la Comisión de la Verdad el «apoyo técnico y la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos».
INFORME ALMAGRO 2016

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Jennifer Peralta
Prensa Provea

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