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Durante 2018 Provea identificó a 970 víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que supuso un incremento de 179% respecto a la cifra registrada en 2017. 

Se registraron denuncias contra 12 organismos de seguridad y una contra agrupaciones paramilitares; de estos se desglosan ocho organismos de ámbito nacional, siendo responsables por 83,50% de los casos (810). El cuerpo de seguridad que acumuló el mayor número de denuncias fue el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios (MPPAP), un cuerpo élite diseñado para proveer seguridad en los recintos carcelarios que estuvo involucrado en 288 denuncias (29,69%) por trato cruel, inhumano y degradante contra igual número de mujeres recluidas en la Cárcel de Uribana, en el estado Lara.

Al GRIC le siguió el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que para el período analizado acumuló un total de 201 denuncias (20,72%) con igual número de víctimas. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fue el cuerpo de ámbito nacional que ocupó el tercer lugar en cuanto a denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes en 2018, con un total de 25 casos (2,57%).

Las policías regionales y municipales fueron señaladas en seis de los casos (0,61%), mientras que las agrupaciones paramilitares fueron señaladas en 20 denuncias (2,06%) de agresiones físicas y golpizas contra trabajadores que manifestaban. En 134 casos de muertes ocurridas en el período a consecuencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes la autoría es directamente responsabilidad de las altas autoridades del Estado venezolano. Se trata de 134 personas privadas de libertad que murieron en comisarías a consecuencia de hambre y enfermedades.

Cuadro N° 1

Discriminación por actores responsables

Tratos crueles, inhumanos y degradantes

Ámbito

N° de casos

Nacional

530

GRIC / MPPAP

288

CICPC

201

DGCIM

25

SEBIN

5

GNB

5

Custodios Penitenciarios

5

Ejército

1

Actuaciones conjuntas

280

DGCIM / SEBIN / FANB

280

Regionales y municipales

6

Policía del estado Sucre

2

Policía del estado Zulia

1

Policía de Monagas

1

Policía municipal de San Francisco

2

Paramilitares

20

Agrupaciones paramilitares

20

Muertes en comisarías

134

Autoría difusa

134

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de Provea.

El número de casos de penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes contabilizado por Provea durante el período 2018 es el segundo registro más alto de la serie que inicia en octubre de 2000. Los períodos octubre 2005-septiembre 2006 (1.394 casos), enero 2018-diciembre 2018 (970 casos) y enero 2015-diciembre 2015 (793 casos) contienen los tres más altos registros de los últimos 20 años.

Cuadro N° 2

Víctimas de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

Comparación últimos 18 años

Período

N° de víctimas

Oct. 2000 – Sept. 2001

342

Oct. 2001 – Sept. 2002

500

Oct. 2002 – Sept. 2003

254

Oct. 2003 – Sept. 2004

491

Oct. 2004 – Sept. 2005

503

Oct. 2005 – Sept. 2006

1.394

Oct. 2006 – Sept. 2007

692

Oct. 2007 – Sept. 2008

573

Oct. 2008 – Sept. 2009

427

Oct. 2009 – Sept. 2010

350

Oct. 2010 – Sept. 2011

125

Ene. 2012 – Dic. 2012

162

Ene. 2013 – Dic. 2013

256

Ene. 2014 – Dic. 2014

634

Ene. 2015 – Dic. 2015

793

Ene. 2016 – Dic. 2016

473

Ene. 2017 – Dic. 2017

539

Ene. 2018 – Dic. 2018

970

Total

9.478

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de Provea.

En 2018 fallecieron 134 personas por tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros de detención preventiva

Del total de muertes de personas privadas de libertad registradas durante 2018 en centros de detención preventiva de Venezuela 43,9% ocurrieron a consecuencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta información se desprende del informe “Proyecto: Monitoreo a la situación de los centros de detención preventiva en Venezuela” publicado en febrero de 2019 por la organización no gubernamental (ONG) Una Ventana a la Libertad, donde se plasma la dramática situación que padece la población recluida en comisarías y otros recintos distintos a los centros penitenciarios diseñados para albergar a los privados de libertad.

En 2018 se registraron 305 muertes en 174 centros de detención preventiva monitoreados por esta ONG defensora de los derechos humanos; 117 personas fallecieron a consecuencia de tuberculosis y 17 por desnutrición, lo que sitúa en 134 la cifra de personas privadas de libertad en centros de detención preventiva asesinadas por el Estado a consecuencia de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

En el contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que vive el país, las limitaciones para el acceso a alimentos y servicios de salud afecta particularmente a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad como adultos mayores; niños, niñas y adolescentes; pueblos indígenas, y personas privadas de libertad, entre otros. En un reporte conjunto publicado por varias ONG en octubre de 2018 se registraron 10.952 nuevos casos de tuberculosis ocurridos en 2017, intensificándose en las cárceles debido a las condiciones inhumanas de hacinamiento y desnutrición de la población reclusa.


Inti Rodríguez | Prensa Provea