Se cumplió un mes de la Operación Gedeón o Masacre de El Junquito, en la que resultaron muertos el ex-CICPC Óscar Pérez y un grupo de hombres —más una mujer—, por haber realizado actividades de sublevación contra el gobierno de Nicolás Maduro desde junio de 2017, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) haya anunciado una investigación formal de los hechos, ni la Defensoría del Pueblo haya hecho alusión a los derechos vulnerados en esa operación.
¿Se rindieron Óscar Pérez y sus compañeros ante los cuerpos de seguridad que sitiaron la vivienda donde se encontraban en el kilómetro 16 de El Junquito, tal como el mismo expolicía declaró en varios videos antes de morir? ¿Hubo uso desproporcionado de la fuerza? ¿Actuaron grupos paramilitares en el operativo?, son algunas de las preguntas a las que por ahora no hay respuestas certeras, porque en el lugar de los hechos no había fiscales del Ministerio Público (MP), mediando una eventual entrega, o la Defensoría del Pueblo, protegiendo los derechos humanos de los ciudadanos allí presentes. Tampoco había medios de comunicación que narraran los acontecimientos, ni una averiguación posterior que sirva para aclarar lo que realmente sucedió. Sin embargo, la manera en que posteriormente se trataron los cadáveres de los abatidos aumentaron las sospechas de un ajusticiamiento.
En este sentido, Acceso a la Justicia respaldó el pronunciamiento de varias ONG y expertos en derechos humanos, en el que se denunció la posibilidad de que haya ocurrido una ejecución extrajudicial en el caso de Pérez y sus compañeros, a los que el Ejecutivo calificó como “célula terrorista”, en un intento por justificar el uso de la fuerza contra el grupo.
Con respecto al uso de la fuerza en el operativo policial, el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que utilizar la fuerza para ejecutar la detención es excepcional y debe ser proporcional a la resistencia que oponga el imputado; el uso de armas está expresamente prohibido, excepto para proteger la vida o la integridad de las personas, y está destinado a conseguir la captura de los imputados, por lo que el uso de armamento de guerra es cuestionable.
En otros videos difundidos se pudo observar cómo los efectivos emplearon lanzagranadas y otras armas calificadas como de guerra. Un ensangrentado Óscar Pérez aseguraba en una transmisión en vivo que la intención de los cuerpos de seguridad no era dejarlos con vida.
De hecho, la organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que existen pruebas de la ejecución extrajudicial, entre ellas los mencionados videos con los testimonios de Pérez durante el ataque a la vivienda donde se escondía; la afirmación de un familiar de uno de los caídos según la cual el cadáver presentaba varios disparos en la cabeza, pero el acta de defunción decía que fue un disparo único, lo que denota encubrimiento oficial; más el sorpresivo entierro de los cuerpos sin que la familia pudiera velarlos e impidiendo el acceso de público. Sobre esto el artículo 254 del Código Penal advierte que ayudar a eludir las averiguaciones por la comisión de un hecho punible merece pena de hasta cinco años de prisión.
Vale acotar que las autopsias a Pérez y a su grupo debieron realizarse ante un juez y en presencia de los familiares y abogados de todos los fallecidos para que luego pudiera reproducirse en un hipotético juicio (artículo 289 del COPP), lo cual no ocurrió, y todo indica que no sucederá mientras dure este gobierno. Debemos recordar que no fue sino hasta el 22 de enero (una semana después) que el fiscal Tarek William Saab apareció públicamente para retar a sus detractores a un debate sobre derechos humanos, luego de justificar el procedimiento que acabó con Pérez, su grupo, una civil y dos policías nacionales. Nada dijo de una investigación seria para esclarecer los hechos. El defensor del pueblo, Alfredo Ruíz, simplemente ha hecho mutis.
Otras personas fuera de la administración de justicia, como el constituyente Diosdado Cabello y el presentador Mario Silva, entre otros, fueron quienes a las horas del asesinato de los sublevados dieron detalles del procedimiento, que se supone sólo debían conocer las fuerzas de seguridad del Estado y los organismos con competencia en la materia.
¿Qué hubiera pasado con el procedimiento policial y la investigación si estuviéramos en un estado de Derecho?
El MP debió estar presente en la negociación si la intención de los sublevados era entregarse, como consta en los videos difundidos, donde pedían alto al fuego. Pero no había fiscales, no hubo entrega, el fuego no cesó y el resultado fue ocho personas muertas, incluyendo civiles.
Es oportuno recordar una sonada situación de rehenes en la parroquia El Cementerio, en Caracas, en febrero de 2016, cuando un peligroso antisocial conocido como “El Buñuelo” (Claudio Jovannis Jiménez), portando un fusil y una granada, retuvo a la fuerza a una mujer y su hija para evitar ser capturado por la policía. Jiménez solicitó la presencia de su madre, un sacerdote y fiscales del MP para rendirse; esto le fue concedido y él se entregó. De hecho, nadie resultó herido.
En el seno de la opinión pública fue inevitable la comparación con el intento de golpe de Estado, encabezado por Hugo Chávez en 1992. Aun con el calibre del delito cometido y las numerosas muertes, los insurrectos fueron capturados con vida y hasta al teniente coronel se le permitió pronunciarse a través de los medios de comunicación, llamando a la rendición de sus compañeros de armas. Óscar Pérez y su grupo no tuvieron la misma suerte en la llamada Quinta República.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Resulta muy peligroso que el Ejecutivo utilice el delito de terrorismo a discreción para poder arremeter con todo el peso de la fuerza pública contra la disidencia, incluyendo la letal. Incluso un sublevado contra un gobierno tiene derechos, de modo que ninguna acción justifica el violarlos, pues lo que debe prevalecer es la protección de los mismos. Pero queda claro que, finalmente, lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un mensaje del régimen sobre lo que le puede ocurrir a todo aquel que se pronuncie en su contra.
Prensa Acceso a la Justicia
