Tenía 19 años cuando sufrió el ataque de los cinco policías que dispararon contra una manifestación pacífica en Lechería, Estado Anzoátegui. Siete años después ha superado casi todas las secuelas físicas y psicológicas, pero sigue a la espera de justicia mientras los acusados gozan de total libertad.
Carlin se mira al espejo y sonríe. Se agrada. Se ve bonita. No solo eso: también se siente orgullosa y hasta asombrada de todo lo que ha logrado en los últimos años: pudo graduarse de comunicadora social y tiene un trabajo donde puede y le dejan hacer lo que le gusta. Todo eso no tendría nada de particular en una linda e inteligente muchacha de 26 años. Para ella, sin embargo, esa imagen y esos sentimientos son un grandísimo triunfo. Son el resultado de siete años de lucha contra las secuelas de lo ocurrido esa tarde en que una bala le atravesó la cara.
Aquella Carlin Rodríguez, la que existió hasta las seis de la tarde del 9 de mayo de 2014, gozaba de esa inocencia juvenil que nos hace creer que nada malo puede pasarnos. Incluso en un país donde, como ella bien sabía, ejercer el derecho a la protesta puede pagarse con la vida. Por eso no le hizo caso a su mamá cuando -por primera vez desde que las calles de Puerto La Cruz y Lechería se habían calentado con la efervescencia estudiantil- le dijo que ese día no se sumara a la manifestación, que se quedara en casa. ¿Por qué? Por una de esas razones de madre que no se pueden explicar: porque no.
Y así fue como junto a sus panas, esos con los que compartía y comparte la ilusión de un país distinto, se fue hasta las adyacencias del distribuidor Fabricio Ojeda. Se trataba, como otras veces, de realizar un “pancartazo” contra el gobierno y por las libertades democráticas.
No hubo gritos de advertencia, no hubo intentos de dispersarles, no hubo refriegas que de alguna forma, aunque no lo justificaran, dieran algún tipo de explicación a los que sucedería. Solo una patrulla que se acercó al sitio, en silencio. Adentro iban cinco funcionarios de Polianzoátegui, incluyendo a Eliezer Alexander Fuentes Rodríguez, Luis Alberto Cantillo, Pablo Guillén y Gilberto Benítez López.
Ocurrió entonces lo que Carlin, a estas alturas, todavía no logra concebir ni encajar dentro de lo que ella considera un ser humano en su sano juicio: se bajaron del vehículo y comenzaron a disparar sus armas de fuego. Todos ellos, sin excepción. Plomo de alto calibre contra el papel de las pancartas. Las balas se perdieron en el aire sin causar daño, menos una. En el pánico desatado por las detonaciones, Carlin se agachó sin saber que en aquel movimiento iba al encuentro del proyectil.
La realidad, que suele mostrarse cruelmente simbólica, hizo que aquella bala buscara la oquedad donde los pensamientos se convierten en palabras, el músculo que nos permite convertir la indignación en grito.
Sí, aquella bala quiso callarle la boca a Carlin. Entró por la izquierda de su mandíbula destrozando huesos, laceró casi la totalidad de su lengua, rompió una arteria y salió por el cuello, detrás del oído derecho, para finalmente desaparecer.
Esa bala quizás esté allí todavía, escondida en algún rincón, o quizá, como algunos piensan, fue oportunamente recogida para evitar la identificación del arma que la disparó. Sea cual sea su destino, lo importante es que no logró su cometido.
El privilegio de tener una voz
Hoy, tras dos operaciones e incontables horas de terapia, Carlin Rodríguez puede hablar perfectamente. Tiene su voz, tiene la palabra, la dicha y la escrita, y las usa para seguir exigiendo justicia.
¿Qué pasó después de que te hirieron?
Mis amigos me recogieron y me llevaron a una clínica donde me dieron algunos primeros auxilios, y de allí me remitieron al Centro Médico Zambrano. Me estaba desangrando, llegué con la hemoglobina casi en tres y estuve en terapia intensiva varios días. Tuve una primera intervención y luego una segunda de reposición mandibular. Pasé mucho tiempo con limitaciones para hablar, por toda la afectación en la boca, pero afortunadamente pude recuperarme sin necesidad de terapia foniátrica. Quedé con una parálisis facial de la que me fui recuperando y con la que aún lucho. La parte superior del labio superior derecho no tiene la movilidad normal; y el ojo derecho no pestañea igual al otro, lo que me genera resequedad e irritación. Tengo que usar lentes para protegerme. Además están los dolores de cabeza y detrás del ojo afectado.
¿Qué pasó con los policías que te atacaron?
Las pruebas determinaron que todos dispararon. Los cinco fueron imputados por los mismos cargos, pero no los destituyeron y hoy por hoy están en libertad. El caso de uno de ellos fue sobreseído. Ni siquiera sabemos sí están aquí, si están en el país. Inexplicablemente quedaron en total libertad. El calvario judicial comienza para mí una vez que elegimos el primer abogado, pues pasaron años en que lo que hicieron fue jugar con el caso, encapsularlo, hasta ahora que sí tengo una abogada que está haciendo su trabajo y que me da esperanzas de alcanzar la justicia.
¿Quiénes se pronunciaron ante lo sucedido?
En su momento la fiscalía habló y actuó, pero luego fue el silencio. Nadie dio la cara. Ni el gobernador, que para ese entonces era Nelson Moreno, ni el director de Polianzoátegui. Ni el gobierno ni ningún partido político se interesó por el caso. Será porque yo nunca he pertenecido a ninguno.
¿Cómo afectó todo esto a tus estudios?
En ese momento estudiaba segundo semestre de comunicación social, en la Universidad Santa María, con 19 años. Me gradué en el 2018. Solo perdí un semestre.
¿Cómo costeaste todos los gastos médicos?
Los pagó Venezuela; primero mis amigos que hicieron “potazos” y otras cosas para recoger fondos, y luego gente del común que se solidarizó. Cero apoyo institucional. Después de las primeras etapas no ha sido fácil económicamente hablando. Sigo mis terapias, pero ya no voy a la clínica: las hago yo misma en casa. Durante algún tiempo me administré inyecciones o pastillas del complejo B, pero se me volvieron inaccesibles. Ya queda poco de la parálisis, un ligero toque apenas. No fue sencillo al principio. Me acomplejó mi aspecto y he trabajado mucho en eso. Yo solita, sin apoyo profesional, buscando en Internet orientación y contenidos que me ayudarán. Ahora me quiero y me gusto…
¿Cómo te ha ido en lo profesional?
Trabajo en un medio llamado Termómetro Nacional, súper bien, y antes trabajé en El Tiempo. He tenido la oportunidad de hacer lo que deseo. Me gusta escribir y se me da. Cubro denuncias y protestas; es mi tema. Simplemente es ayudar a la gente a hacerse visible. Me agrada ser un instrumento para algo que es tan importante.
¿Sigues políticamente activa?
Sigo con mi lucha; pero principalmente aportando como profesional. Pero sigo también apostando por la lucha pacífica y seguiré asistiendo a las manifestaciones por la libertad de mi país. Mis ansias de hacer justicia siguen intactas; justicia para mi caso y para todos. Justicia para que nadie se sienta con el derecho a quitarte la vida de un balazo. Gracias a Dios puedo ser mi propia voz, y tengo que prestarla a todos esos que ya no están aquí; los que partieron queriendo ver a Venezuela libre.
Yo sobreviví, pero otros no tuvieron esa suerte. En 2017 muere César Pereira a manos de un polianzóategui que le disparó una metra, como quedó registrado en video. Yo le conocía y su muerte me afectó mucho. En ese momento entendí cabalmente el valor de seguir aquí y mi responsabilidad. Hace unos días condenaron al autor a 26 años de prisión. Es un acto de justicia para un hermano de lucha, pero no podemos olvidar que la justicia tiene que llegar a los que dan la orden, a los que permiten y auspician que estas cosas sucedan.
El caso
El 30 de junio de 2015 el Ministerio Público presentó una acusación formal en contra de los funcionarios implicados, por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, uso indebido de armas orgánicas, simulación de hecho punible y quebrantamiento de pactos y tratados internacionales.
Tras muchas dilaciones, incluyendo siete diferimientos previos en total a lo largo de 21 meses por ausencia de uno o más de los acusados, la audiencia preliminar se realizó el 30 de marzo de 2017. A lo largo del proceso que condujo a la audiencia, tanto la víctima como sus abogadas y familiares fueron fotografiados por el entorno que acompañaba a los funcionarios policiales. Aunque fueron dictadas medidas de protección a la víctima, nunca se cumplieron.
Finalizada la audiencia se admitió la acusación y que se llevara a cabo el enjuiciamiento de los imputados, pero no fue acordada la medida privativa de libertad que parecía indispensable dada la gravedad de los hechos y el riesgo inminente para la víctima y sus familiares, así como por tratarse de una evidente violación a sus derechos humanos. Por ello se presentó un recurso de apelación el 5 de abril de 2017, y un año después la Corte de Apelaciones decide retrotraer el proceso al momento de interponerse el recurso.
Uno de los funcionarios implicados fue sobreseído. El resto sigue con sus vidas, en un cómodo limbo jurídico, mientras Carlin Rodríguez continúa a la espera de justicia.
Agustín García para Provea
Foto de portada: Salvador Passalacqua
