Desde Provea, procedemos a difundir trabajo de relato de la defensora indígena de derechos humanos del Pueblo Pemón, Lisa Lynn Henrito Percy, sobre la situación del pueblo indígena Pemón y la criminalización por parte de las autoridades venezolanas de la cual están sufriendo debido al COVID-19 en sus alrededores. Además, publicamos la historia de Yolanda Williams, mujer Indígena Kariña que perdió a su bebé por mala praxis y la falta de atención por parte del Estado venezolano de la que aún es víctima. Insistimos en la necesidad de atender a los pueblos indígenas de Venezuela, quienes están alejados en situación de vulnerabilidad frente al Coronavirus.
Lisa Lynn Henrito Percy | Ante las medidas tomadas por el gobierno venezolano frente la pandemia COVID-19, quiero hacer públicos, mediante una historia real y vigente, los hechos preexistentes a la misma, hechos que se han consolidado con el avance de la pandemia, demostrando, claramente, el irrespeto y un desconocimiento total de los derechos humanos del Pueblo Indígena Pemón, además, un desacato intencional al mandato constitucional, el de refundar la República.
Considerando que nuestro territorio como Pueblo Pemón hace frontera con la República Federativa de Brasil, siendo la entrada principal hacia este país, es casi imposible controlar el ingreso y regreso forzado de venezolanos de un país que es el epicentro de la pandemia de este continente.
En este contexto, resultaron contagiados 14 oficiales de la Policía del Edo. Bolívar, quienes dieron positivo con el coronavirus, después de haber albergado en su comando, a 25 personas provenientes de Brasil, con sospecha del virus.
Adicionalmente, durante las primeras semanas de mayo, el Pueblo Pemón reporto 3 mujeres indígenas del Pueblo Pemón como casos sospechosos del virus, de las cuales, 2 resultaron negativas y una aún sigue en espera de los resultados de una prueba molecular.
El día martes, 26 de mayo, falleció un anciano de la comunidad indígena de San Antonio del Morichal, supuestamente de COVID-19. Aunque no hay una confirmación oficial de este caso, las autoridades sanitarias de la gobernación del Estado Bolívar, ingresaron a la comunidad de San Antonio de Morichal, aislando y militarizando a la misma, aplicando pruebas rápidas de COVID-19, arrojando un resultado de supuesto contagio de un 80% de la población. Esto causó una ola de pánico, estrés, alarma, ansiedad y miedo, no solo en esta comunidad, también en las demás comunidades adyacentes, perturbando la paz mental, la estabilidad emocional y el estado psicológico de sus integrantes.
Con respecto a los casos antes mencionados resalto lo siguiente:
- El tráfico de inmigrantes, combustible, alimentos, divisas y oro es manejado por un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada, bajo la mirada permisiva de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, la Policía Estadal, el Ejército y los jefes de la REDI en ambos lados de la frontera. No obstante, los integrantes de la comunidad de San Antonio de Morichal tienen toda una vida caminando por la frontera y, con estos bloqueos, hay una cantidad considerable de personas que esta yendo a Pacaraima por las trochas también a comprar mercancías, alimentos y medicinas. Pacaraima tiene ya varios casos de Covid-19 y muchas de estas personas pudiesen contagiarse y volver a Santa Elena y ser un vector de contagio.
- Aún cuando es deber de Todos los Cuerpos de Seguridad de la Nación estar en primera fila resguardando a la población, por ende, colocándolos en contacto diario con los inmigrantes que son enviados a Venezuela, no se ha visto al frente de la pamdemia a un equipo profesional confiable de médicos, epidemiólogos, científicos y expertos en la materia. No se tiene información de los expertos de medicina. Vemos al frente a personas quienes solo deben impulsar, promover, aprobar y dirigir las políticas de salud, como el presidente, el gobernador, el alcalde y muchos militares, algo que no tiene sentido y tampoco cuentan con el equipo adecuado de protección. Una de las razones por la que hay esa cantidad de policías infectados y pasan a ser vectores del contagio.
- El Hospital Rosario Vera Zurita no tiene suficientes equipos e insumos para garantizar la protección del personal de salud. No hay detergentes, ni alcohol para desinfectar a lugares y transportes públicos, mucho menos hay insumos para dotar los centros de salud de las siete comunidades que colindan con Sta. Elena de Uairén. No solo esto, la forma en que se usa el equipo de bioseguridad esta incorrecto por lo que aumenta el riesgo de contagios.
- Un hospital de campaña fue instalado dentro del aeropuerto en los linderos de la comunidad indígena de Maurak, sin la debida consulta, exponiendo a integrantes de la comunidad quienes laboran en esas instalaciones. Además, como es la única vía de entrada, se pone en riesgo de contagio a 28 comunidades indígenas lejanas y de difícil acceso, usuarios de estas instalaciones. Es necesario recordar que, a diario, las autoridades de la Gobernación del Estado Bolivar están recibiendo venezolanos que son repatriados de Brasil y algunos vienen con el virus. El gobierno podría instalar ese hospital de campaña en el patio de la Aduana que está cerca de la frontera o en la Fuerte Militar Escamoto que son lugares mucho más seguros para atender estos casos.
Todas los hechos establecidos anteriormente tienen sus raíces en las diversas realidades que expongo aquí:
En primer lugar, la falta de confiabilidad en las pruebas rápida de COVID-19, aunado a la falta de información con respecto al panorama sanitario local. No hay una información confiable ni real. Lo cierto es, si todos saben que la República Federativa de Brasil es el epicentro de la pandemia Coronavirus N°19 en todo el continente, y el Municipio Gran Sabana es la entrada, ¿Por qué no hay un laboratorio que realize las pruebas moleculares en este sitio? ¿Por qué a dos meses de cuarentena y el cierre de fronteras este supuesto laboratorio sigue solo en Caracas? Lejos de prevenir y controlar esta pandemia, estas pruebas rápidas están causando caos, alarmas innecesarias, pánico y miedo entre la población. Un ejemplo de esto es la inconsistencia entre los resultados arrojados por las pruebas rápidas en la comunidad indígena de San Antonio del Morichal y el sector no indígena de La Planta. Estas comunidades se encuentran a 17 kilómetros una de la otra y ambas sobre el tramo de la Troncal 10 que comunica con Brasil, es decir, sometidas a riesgos sanitarios muy parecidos, como el ingreso irregular de personas y trafico de combustible desde Brasil. Sin embargo, mientras que en San Antonio 80% de las pruebas dieron positivo en La Planta 100% dieron negativo. ¿Son confiables realmente estas pruebas? O ¿Los resultados están siendo utilizados como estrategias de militarización y negocios?
Con esto, voy al segundo aspecto: La militarización del operativo de respuesta al COVID-19 y la represión, dos aspectos que afectan a todos los habitantes de la Gran Sabana y especialmente a los habitantes de las comunidades indigenas adyacentes que utilizan Santa Elena de Uairén como centro de servicios. Es decir, mientras que se militarizan las comunidades indígenas porque, aparentemente, están contagiadas por el COVID-19, se anuncia la flexibilización de criterios de tránsito y comercio en la zona urbana no indígena del municipio Gran Sabana, en donde tiene lugar un permanente flujo comercial transfronterizo con pasaje tanto de mercancías como de personas en ambos sentidos, incluso durante la pandemia y cuarentena.
En tercer lugar: Hay muchísimas personas en aislamiento en posadas y hoteles del municipio Gran Sabana. Algunas con test positivo pero con condición estable o asintomáticas y otras, por la política del gobierno de aislar a todo el que llega de Brasil, una medida que no está mal pero, esta mal ejecutada en función de aislar juntos en posadas a casos positivos con personas sanas. Y no solo eso, el uso de los hoteles y posadas como centros de aislamiento, sin disponer de un sistema de información que permita a los familiares saber de su paciente. Aquí, llegamos una vez más, al tema de la desinformación. La información llega a la comunidad del municipio Gran Sabana principalmente por redes sociales, sin fuentes oficiales. Esto se ha convertido en un motor para impulsar los rumores y el terror. No suficiente con esto, el mal uso del secreto médico, siendo que nadie sabe la causa de muerte de las personas aisladas por sospecha de COVID-19. El argumento que se ha dado es el secreto médico, sin embargo, la comunidad interpreta ese hermetismo como parte de una estrategia de terror.
Todo lo antes expuesto me lleva a lo que llamaré, la criminalización de la enfermedad COVID-19. La colectividad percibe que un diagnóstico positivo pone en riesgo su vida, no sólo por la enfermedad en sí, sino también por los protocolos de aislamiento, tratamiento y defunción que trascienden en medio del hermetismo. Eso hace que quien se siente enfermo y sospecha del COVID-19 se aisle sin notificarlo a las autoridades y sin recibir atención médica.
Por eso, considero que mas que medidas de prevención, el gobierno ha utilizado la cuarentena de la pandemia para consolidar sus medidas de represión contra el Pueblo Pemón, al negar en primer lugar, nuestro derecho al libre tránsito por nuestro territorio, y por ende, al reclamar, somos reprimidos, negando nuestra libertad de expresión y asociación, declarando estados de emergencia, uno tras otro, toque de queda y militarizando nuestras comunidades, coartando el derecho a la consulta, mientras que sigue impulsando sus intereses económicos, invadiendo nuestras tierras y explotando nuestros recursos, que lo único que nos deja es la destrucción.
No obstante, debo reconocer que hay comunidades indígenas que, por su lejanía y aislamiento, tal vez, puedan resistir esta pandemia porque han luchado por mantener su autonomía y el autogobierno dependiendo muy poco o casi nunca del gobierno, y como dice el nuevo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas “lo que les permite gestionar sus tierras, territorios y recursos y garantizar la seguridad alimentaria mediante sus cultivos y medicinas tradicionales” (Francisco Cali). Las autoridades legitimas de mayoría de las 119 comunidades indígenas que conforman al municipio fronterizo Gran Sabana, en cumplimiento de su deber de resguardar y proteger la integridad física, mental, emocional y psicológica de los integrantes de nuestras comunidades, especialmente las personas de tercera edad, mujeres, niños, niñas y adolescentes, han decidido prohibir el ingreso de personas ajenas a las comunidades, venga de donde venga. Solo se recibirá un grupo muy reducido de personal médico si así lo requiere alguna comunidad.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su preámbulo establece como fin supremo el de, Refundar la República, establecer una sociedad democrática, participativa, y protagónica, multiétnica y pluricultural… (omisis), entendiéndose como tal el respeto a los distintos Pueblos Indígenas y las distintas culturas que son las raíces de la venezolanidad actual.
La Carta Magna en su Art. 2 reza: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Nuestra Constitución ha sido muy elogiada por los avances en reconocimientos a los Derechos Indígenas, colocándolos al nivel de Derechos Fundamentales. Por ende, aún en Estado de Excepción y de Emergencia, el Estado debe respetar estos derechos, asumiendo sus deberes ante los Pueblos Indígenas. Por lo cual, sigue vigente, el Derecho a Consulta, a las evaluaciones de Impacto Ambiental, a la Participación en las Políticas Públicas que nos afecten directa e indirectamente y, mucho más en los actuales momentos, que se requiere la participación de todos para evitar una tragedia por falta de prevención a tiempo. Las Autoridades Legítimas Indígenas han hecho un esfuerzo enorme en base a nuestros usos y costumbres para evitar el contagio del Covid-19. Pero la exigencia es la descentralización de las competencias para tener plena potestad y control de la pandemia, garantizando el acceso a los servicios básicos.
Por lo tanto, cumplo con mi deber de alertar un desencadenamiento de acciones y reacciones que fácilmente se traducirá en la violación sistemática de nuestros derechos colectivos e individuales donde el Gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, lejos de controlar esta situación, señalara a nuestro Pueblo como culpable de las diversas inconvenientes que surgirán a raíz de las decisiones que ejecutaremos como Pueblo Indígena Pemón dentro de nuestro territorio. Sin embargo, llamó la atención urgentemente a la posible imposición de pruebas rápidas en todas las comunidades indigenas fronterizas, pruebas que no son confiable y podrían causar una falsa alarma, una situación que de presentarse, podría ser aprovechada por el Gobierno para militarizar las comunidades indigenas.
Como soporte de este escrito, presento la historia de una mujer de 28 años de edad, del pueblo kariña, esposa de un indígena Pemon, quien aún está postrada en una cama en el Hospital Rosario Vera Zurita, en espera de donantes de sangre, sin recursos y sin alimentación porque los familiares,no han podido salir del municipio desde el 20 de mayo del año en curso.
Lisa Lynn Henrito Percy, defensora indígena de los derechos humanos del Pueblo Pemón.
Caso de Yolanda Williams, mujer Indígena Kariña
A continuación difundimos el caso de Yolanda Williams una mujer indígena del pueblo Kariña que perdió a su bebé por mala praxis y la falta de atención por parte del Estado venezolano de la que aún es víctima.
El 7 de mayo, 2020, la Señora Yolanda Williams, titular de la cédula de identidad N° 22.834.174, de 28 años de edad de la comunidad indígena de Anaitoy, llegó a la clínica privada en El Dorado donde paga 7 gramas, para dar a luz a su 5to hijo, ya tenia 9 meses, 4 días. Por razones que aún no conocemos, no pudo dar a luz y ella misma cuenta que «las Doctoras y las enfermeras se montaron en su barriga» para poder sacar al bebé. Empujaban y Presionaron a su barriga, lastimándola pero sin éxito. Al cabo de unas horas, el bebé estaba muerto en su vientre. Al no poder hacer más nada en ese sitio, el esposo de Yolanda la llevo para la Clínica Plan Salud en Tumeremo. Al hacer el eco y los demás exámenes comprobaron la muerte del bebé. El doctor procedió a sacar el bebé, por 17 gramas de oro.
El esposo de Yolanda cuenta que el bebé tenía la cabecita destruida y el médico le dijo «ven a ver cómo quedó tu bebé para que no digas que fui yo que lo mate». El esposo dice que veía las huellas de manos en la cabeza y el cuerpecito del bebe. El médico informó que tenía que hacerle un legrado y ya el útero de Yolanda estaba muy inflamada por el maltrato. La clínica pidió 6 gramas de oro más para hacer el legrado pero el esposo de Yolanda ya no tenía nada. «En ese caso hay que referir la paciente a Uaiparo» dijo el médico porque «no podía hacer más nada alli». Sin dinero, se negaron a ir al hospital que quedaba en San Felix a unas 7 horas de Tumeremo. Salieron contra opinión médica de la clínica. Regresaron a su comunidad pero a los 3 días se empeoró Yolanda porque seguía muy inflamada y adolorida, a pesar del tratamiento del personal médico de la comunidad.
El jueves 14 de mayo, el esposo traslada a la paciente a Sta. Elena de Uairén, al Centro Médico tradicional en la comunidad de Wara, una comunidad en la periferia de Sta. Elena de Uairén. Su mala experiencia en los centros de salud más el riesgo de contagiarse de COVD-19 en los centros hospitalarios eran razones suficientes para justificar su rotunda negación de ir al Hospital Rosario Vera Zurita o al CDI. Yolanda estuvo bajo tratamiento tradicional por 6 días, donde mejoró notablemente según sus propios familiares. El miercoles 20 de mayo, deciden retornar a su comunidad que está a 7 horas y media en carro y bote en el municipio Sifontes. Al llegar a la alcabala de la Guillotina, se les informan que no pueden salir sin un permiso o un «salvo conducto». A todas estas, son 4 personas quienes están a cargo de la paciente, el esposo, una prima y el primo hermano de la paciente quien es el chófer del vehículo. Les dicen que hay que ir al hospital a solicitar el permiso, al llegar al hospital, les dicen que «aquí no es, tienen que ir al CDI».
Al llegar al CDI, les dicen que tienen que ir al comando de la Guardia Nacional. Como están en un carro, ellos van al comando de la Guardia Nacional, al llegar allá, les dicen «aquí no dan ese permiso, tienen que ir a la aduana». La Aduana Ecológica de Santa Elena de Uairen está a 10 minutos hacia la frontera de Brasil. Estas 4 personas, paciente incluida salen para allá, ya consumiendo combustible que en estos momentos, está en 25 reais brasileños el litro. (USD $5 por litro) Cuando llegaron a la aduana les dicen lo mismo «aquí no se saca ese permiso». A las 2 de la tarde, se reportan al punto de control de Manakru, buscando una orientación y apoyo, ya que les queda muy poco recursos económicos para sobrevivir en un pueblo donde La Moneda «oficial» es el oro y el real. Uno de la directiva de la Capitania General dice «pero eso no es un problema, solo hay que llamar al comandante».
Aquí comienza la verdadera odisea de Rosa María Leonsio Rodriguez, C.I 18.000.868, José Luis Flores, C.I 19.126.865, Yolanda Williams, C.I 22.834.174 y el chófer Andres Rafael James González, C.I 28.675.241, todos indigenas, habitantes de la comunidad indígena de Anaitoy, como indica las constancias. El comandante informa que para poder hacerles el permiso para viajar, deben realizar una prueba rápida de COVID-19. Con eso en mano, les iban a dar el permiso siempre y cuando salen negativos. El jueves, 21 de mayo del año en curso, se presentan en la Casa Comunal de Manakru para realizar las pruebas, sus números siendo el 16, 17, 18 y 19. Las resultados de los números 16, 17 y 18 salen negativos pero el número 19, el resultado de la paciente Yolanda Williams sale positivo. Las primeras reacciones son diversas pero hay una que es común, la desesperación, y estas personas no fueron una excepción.
Fue un poco difícil convencerlos, sin ponerse en sus zapatos, que había que seguir cierto «protocolo», cuando son personas de comunidades lejanas y de difícil acceso, además, sin los recursos económicos para sustentar unos días más de estadía. Relata la Dra. Keyla Infante, médica comunitaria de Manakru en sus propias palabras «Al salir el resultado positivo el Dr coordinador del CDI y yo, la Dra. Keyla Infante, medico de la comunidad indígena Manak kru en conjunto, decidimos realizar una segunda prueba, la cual resulta positiva nuevamente, se interroga a Yolanda y ella relata lo antes expuesto. Por los síntomas y signos de la paciente se decide hacer el protocolo de una paciente con sospecha de COVID y por las malas condiciones que se encontraba Yolanda.
Se llama a la jefe de los cubanos para canalizar una ambulancia, se espera dos hora, la cual nunca llega. Yo decidí llevarla al hospital en vista de las condiciones de la paciente. Al llegar al hospital no estaba recibiendo paciente con sospecha de Covid-19 porque están remodelando el hospital, pero como medico, insiste que la atendieran por la condición en que se encontraba la paciente con flujo fétido y debilitada. Yolanda es atendida por el ginecólogo y constata que tenia mucho coágulos fétidos y le indica triple antibióticos endovenoso y me dicen que, no la pueden dejar en el hospital que la lleve a la Posada Margarita en Los Apamates. Es llevada y en la posada dice que no hay médicos ni habitación para ella y esperamos 2 horas la respuesta para saber a dónde la llevamos. Yo hablo con un sargento para que ayudara ubicar un lugar para llevar a Yolanda. El hace varias llamadas y le dicen que la van aceptar en el hotel Anaconda. A las 7 y 30 pm es llevada a la Anaconda donde dice que el medico se fue y regresa mañana para poder atenderla. De igual manera la reciben y la colocan en una habitación y solicitan a los familiares toallas sanitarias y sabanas.
El día siguiente le realizan una nueva prueba de Covid la cual resulta negativo y deciden trasladarla al hospital». Ante el aislamiento de la paciente, Andrés James informa a los coordinadores que ellos no son de la zona y que no tenían recursos económicos para permanecer en el pueblo y sus familiares los estaban esperando en el Pto. Dorado desde el día miércoles, 20 de mayo, porque no tenían combustible para subir y volver a bajar de la comunidad. Los «coordinadores» les dicen que pueden ir ellos ya que eran negativos pero la paciente se quedaba cumpliendo cuarentena. Es necesario resaltar que desde que la paciente Yolanda Williams salió positivo de COVID-19, los familiares trataron de explicar su situación a todos, incluyendo a las autoridades Legitimas indigenas, sin mucho éxito, ya que pareciera que en si no sabían que hacer en estos casos. La condición física de la paciente era la preocupación principal porque no podía quedarse sola, además estaba la barrera lingüística porque Yolanda es del Pueblo Indígena Kariña y habla muy poco español. Además, cómo va a salir positivo si nunca salió de la comunidad donde fue tratada tradicionalmente. No solo eso, la llegada de la información a sus familiares en la comunidad del supuesto contagio, causó todo tipo de reacciones como es de esperar, perturbando La Paz colectiva de la misma.
El día viernes 22 de mayo, esperan el levantamiento del toque de queda para presentarse en el comando de la Guardia Nacional. El presidente Nicolás Maduro decretó un estado de emergencia en este municipio Gran Sabana, específicamente un toque de queda desde las 4:00 de la tarde, hasta las 10:00 de la mañana, una medida que entró en vigencia el día miércoles, 20 de mayo. Desde el día jueves, les habían dicho que el Comandante de la Guardia Nacional, el único que podía «autorizarlos» para viajar, estaba en reunión. Al presentarse el viernes, recibieron la misma información «el comandante está en una reunión pero no sabemos en donde». Ellos vuelven a explicar su situación pero la respuesta sigue siendo «no podemos hacer nada». No han podido ver más a la paciente desde el jueves, 21, porque había que seguir el «protocolo». Ellos son informados del resultado negativo de la última prueba de Yolanda, pero igual la paciente no está en condiciones de viajar. Se presentan en el hotel Anaconda como las 11:30, el día viernes, 22 de mayo, para buscar la paciente, pero tienen que esperar porque hay que seguir el «protocolo».
A todas estas, el comandante de la Guardia Nacional sigue en reunión en algún lugar desconocido. Esperan hasta la una para saber de la paciente y nada. Salen a almorzar. A las 2:30 retornan al hotel y allá les informan que la paciente fue llevada al hospital. Llegan al hospital, les dicen que no hay «ninguna paciente con ese nombre allí» y que tal vez se la llevaron al CDI. Es necesario resaltar que no han visto la paciente desde el día anterior. Al llegar al CDI, les informan que la paciente no está en ese centro. En fin, la paciente sí estaba en el hospital pero bajo estricta orden de no permitir visitas.
El día domingo, 24 de mayo el médico tratante de Yolanda informa que debe ser trasladada al Hospital Universitaria Ruiz y Paez en Ciudad Bolivar y que va a ser vía aérea. Hoy es miércoles, 27 de mayo, 2020, y estas 3 personas, José Flores, Rosa María Rodriguez y Andrés James han ido todos los días, desde el jueves, 21 de mayo para el comando de la Guardia Nacional solicitando la autorización para trasladarse a su comunidad para buscar recursos económicos e informar a los familiares sobre la situación de Yolanda Williams pero no son atendidos. De igual manera han ido al hospital para ver a la paciente y solo la han podido ver en 2 ocasiones. Sin dinero y muy preocupados, hoy recibieron la noticia que Yolanda Williams está muy mal porque tiene la hemoglobina en 4. Por lo tanto necesitan 3 donantes de sangre. Cada uno de los donantes, si los consiguen deben pagar R$70 (USD$14) por los respectivos exámenes de revisión para asegurar si pueden ser donantes de sangre o no. Además, debe realizar varios exámenes de laboratorio que deben ser pagados pero no tienen recursos económicos. Mientras tanto, Yolanda Williams de apenas 28 años de edad, con 4 hijos menores, sigue postrada en una cama en el Hospital Rosario Vera Zurita, víctima de una violencia obstetricia y ahora víctima de unas medidas más represivas que preventivas de un sistema de salud ya en deterioro desde hace mucho tiempo. Lis familiares sin poder salir de este municipio para buscar los recursos económico que tanto necesita Yolanda Williams, solo porque un comandante de la Guardia Nacional no tiene tiempo para firmar una autorización de traslado. Ahora, sin combustible, sin dinero y sin una respuesta resolutiva de las autoridades competentes, el esposo, la tía y el primo de Yolanda Williams, están hospedados en la casa de unos familiares comiendo lo poco que pueden ofrecer, solo esperando lo peor.
Si Yolanda Williams fallece, no será por COVID-19, sino por las malas políticas de un país en decadencia, a pesar de ser una mujer que vive dentro el territorio declarado como el Arco Minero del Orinoco.
Historia autorizada por la propia paciente y sus familiares con la participación de la Dra. Keyla Infante. Documentada por Lisa Lynn Henrito Percy. Miércoles, 27 de mayo, 2020.
