El presente trabajo forma parte de un conjunto de escritos elaborados con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sindicales y sus estrategias de exigibilidad de derechos. Tiene un formato de documento ampliado y un resumen para una mayor difusión entre los y las trabajadoras.
El análisis del salario y otros derechos laborales que se realiza tiene, por un lado, una mirada jurídica y por la otra, una mirada desde los derechos humanos complementandose.
Focalizamos el derecho humano al salario, jubilación, pensión, convención colectiva y otros medios de protección social, como herramientas dentro de la jerarquía de las necesidades humanas, de las más básicas e importantes. Sin ello, no habría posibilidad del desarrollo humano, planteado este como un proceso continuo que implica el crecimiento y mejora de las capacidades de las personas a lo largo de su vida, procurando los medios para su existencia digna y el compromiso global de integración social para el progreso de la humanidad.
Nuestra Constitución, así como convenios internacionales, establecen un conjunto de derechos en el área laboral que están directamente relacionados con la garantía de la dignidad humana. Normas que establecen obligaciones para las autoridades en sus distintos niveles y constituyen una de las bases para los procesos de exigibilidad en acción individual o colectiva.
Mientras más se conozca el contenido de nuestros derechos se amplían las posibilidades de defensa. La voluntad es esencial pero no suficiente, por ello es importante dotarnos de conocimiento y contar con argumentos más sólidos al momento de ejercer las acciones jurídicas pertinentes.
Los derechos sociales, económicos y culturales no deben ser meros enunciados sino una realidad concreta. El Estado tiene la obligación de realizar los derechos adoptando políticas públicas aplicadas sin discriminación asignando presupuestos suficientes para que dichas políticas se ejecuten y produzcan un impacto positivo en la vida de los y las trabajadoras. Debe garantizar igualmente las condiciones necesarias para que los beneficiarios de esas políticas puedan ejercer contraloría social y desarrollar procesos de reclamo y defensa de sus derechos.
Por ello, en un esfuerzo conjunto Estado-sociedad, debemos remar en la dirección del progreso y así poder lograr el objetivo humano del ingreso digno y demás medios de protección social.
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