El presente informe analiza las violaciones sistemáticas a la libertad de expresión en Venezuela ocurridas entre enero de 2024 y octubre de 2025, evidenciando una estrategia estatal de silenciamiento y represión.
Se registraron 125 casos de persecución, hostigamiento y criminalización de ciudadanos comunes, activistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Los principales patrones identificados incluyen:
- Instrumentalización del sistema judicial: Uso de leyes como la Ley contra el Odio y figuras penales ambiguas (terrorismo, traición a la patria) para criminalizar la disidencia y la crítica pública. Se documentaron 40 imputaciones judiciales, 36 detenciones arbitrarias y 3 condenas a más de 10 años de prisión por delitos de opinión.
- Opacidad punitiva: En el 90% de los casos, se reportó falta de transparencia en las detenciones, con desapariciones forzadas de corta duración, negación de información a familiares y restricciones al acceso a la defensa legal.
- Control del entorno digital y persecución transnacional: Cerca del 45% de los casos involucraron acoso digital y amenazas, generando autocensura y miedo. Además, se documentaron detenciones de exiliados al regresar al país por contenido crítico publicado en redes sociales.
- Represión en regiones específicas: Estados como Trujillo y Zulia fueron particularmente afectados, con estrategias de vigilancia y persecución que fomentan la autocensura y el miedo.
El informe concluye que la libertad de expresión en Venezuela es una actividad de alto riesgo, con un aumento del 48% en los casos registrados entre 2024 y 2025.
Se exige al Estado el respeto al debido proceso, el cese de la instrumentalización judicial, la garantía de integridad física de los detenidos y la protección de la libre expresión en el entorno digital.
La represión sistemática busca aniquilar el disenso y deshumaniza a quienes defienden la transparencia y la dignidad en el país.
