Provea continúa con el monitoreo sobre las condiciones laborales y medio ambiente de trabajo del personal de salud en Venezuela, en contexto de la pandemia del COVID-19.

En esta sexta edición de nuestro Boletín sobre Personal sanitario, condiciones y medio ambiente de trabajo en Venezuela, se documenta el monitoreo realizado en diciembre, mes en el que se registró un leve ascenso en los casos y muertes por COVID-19, de acuerdo a la información oficial. Además, también se produjo una leve diferencia en las muertes del personal médico, con lamentablemente 25 fallecidos. Mientras que en el mes de noviembre hubo 10.381 casos, en el mes de diciembre se reportó un total de 11.168 casos.

Hasta el 31 de diciembre de 2020 transcurrieron 9 meses y 17 días desde la declaración de emergencia por el Covid-19 en Venezuela. En ese lapso el Ejecutivo Nacional y sus autoridades sanitarias han desarrollado una política caracterizada por la opacidad, monopolio forzado de la información de contagios incluyendo la persecución por divulgar cifras independientes y modalidades de flexibilización y restricción de movilidad. Ello acompañado con la falta de voluntad para sumar la academia, colegios profesionales y otras instituciones y organizaciones para coordinar políticas y sumar esfuerzos.

Durante el mes de diciembre se impuso una cuarentena flexibilizada la cual fue cuestionada por voces independientes del sector salud.

295 trabajadores de la salud fallecidos

De total de fallecidos, es preocupante la alta cifra de personal de salud, constituyéndose en una de las más altas del mundo, siendo el mes de septiembre el más crítico. Desde el 20 de junio, cuando se reportó el primer caso, hasta el 31 de diciembre, un total de 295 trabajadores de la salud fallecieron, de ellos 217 eran médicos, 52 personal de enfermería y 26 otros trabajadores del área salud según reportó la organización Médicos Unidos de Venezuela en su cuenta de twitter.

En septiembre hubo la mayor cantidad de fallecidos, lo cual evidencia la falta de políticas y acciones por parte del gobierno de facto de Nicolás Maduro sobre condiciones y medio ambiente de trabajo óptimas para el personal sanitario.

El crítico escenario de los trabajadores de la salud no ha mermado, por el contrario, ha ido incrementándose y el gobierno de Maduro no ha actuado en consonancia para revertir o paliar, en alguna medida, los daños causados por el Covid-19 al personal sanitario. En entregas anteriores de este boletín, Provea ha denunciado y exigido mejores condiciones de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

«Lea también: COVID-19: 5to Informe Condiciones de trabajo Sector salud en Venezuela, noviembre 2020»

Ayuda humanitaria continúa en la clandestinidad

Nueve vuelos humanitarios y 274 toneladas de ayuda es lo que se recibió durante 2020. El último vuelo arribó el 22 de diciembre, procedente de China, con insumos y equipos de bioseguridad para hacer frente al Covid-19.

La funcionaria Delcy Rodríguez, señaló que desde inicio de la pandemia “han enviado 2 millones de pruebas rápidas, casi un millón de pruebas moleculares (RTPCR), 10 millones de mascarillas y casi 600.000 trajes protectores. También informó sobre la entrega de medicinas como antibióticos, cloroquina e interferón, que se usan en los tratamientos para pacientes con Covid-19”4.

Hasta el momento, no existe una rendición de cuentas de la distribución de la ayuda humanitaria en los más de 300 centros de salud que tiene el país, lo cual afecta, considerablemente, el derecho a la vida y trabajo del personal sanitario y, por consiguiente, de la población. Es urgente que la ayuda humanitaria gestionada por el gobierno de facto de Maduro como del interinato de Juan Guaidó, dejen de regirse por los criterios de opacidad, tal como Provea advirtió en su pasado boletín.

10 millones de vacunas en el primer trimestre de 2021

Una de las últimas declaraciones realizadas por Maduro fue la firma, el 29 de diciembre, de un contrato con la Federación de Rusia para la adquisición de la vacuna Sputnik V, inmunizando, en una primera fase, a 10 millones de personas.

Surgen en torno a este aspecto, dos consideraciones importantes: la efectividad de la vacuna Sputnik V y la aplicabilidad de la misma sin discriminación en la población. Es pertinente que ambas variables sean tomadas en cuenta con extrema rigurosidad y en el proceso de vacunación, se priorice al personal sanitario, residentes de centros de salud y la población de adultos mayores, por ser los más riesgosos.

Desde Provea, apelamos a la promoción de mecanismos que integren a diversos sectores de la sociedad que coadyuven al manejo, desde diversos niveles, de la pandemia y de la futura vacunación. Debe tomarse en cuenta la participación de los gremios de salud en la planificación, puesta en práctica y monitoreo de medidas que minimicen el impacto del virus en la ciudadanía.

La actuación del gobierno de Maduro, a través de la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19 debe llamar a la integración de los gremios de salud, Academias científicas, organizaciones de la sociedad civil con enfoque en derecho a la salud y el trabajo y universidades para garantizar políticas y prácticas que hagan frente al crítico escenario, sin olvidar la precariedad que existía antes de la pandemia.

Además, Maduro propuso durante su participación por videoconferencia en la 31o Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU, en el marco de la lucha contra la Pandemia del Covid-19, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaren como bien de

interés público mundial, las vacunas contra el Covid-19. “Hemos servido al pueblo con entrega, disciplina, conciencia y mucho amor. En nuestro país se ha recuperado el 95% de los pacientes y hemos tenido las cifras más bajas de nuestra región. Gracias a nuestras políticas hemos logrado atender a más del 98% de los pacientes con tratamientos gratuitos”.

Con evidencias suficientes, no ha habido políticas acordes para la ciudadanía y personal sanitario en la reducción de incidencia del Covid-19. La atención a centros de salud, flexibilización, dotación de medicinas, insumos y equipos de bioseguridad ha sido precaria. Urge una política inmediata, con enfoque en derechos humanos y rendición de cuentas, que le pueda brindar a la ciudadanía y personal sanitario, condiciones y medio ambiente de trabajo seguros.


A través de estos informes mensuales queremos contribuir a visibilizar las condiciones en que laboran las personas en el sector de la salud pública en Venezuela. Y también, hacer un llamado de ayuda y acción a las autoridades en sus distintos niveles de responsabilidad nacional, estatal y municipal como de las agencias internacionales que vienen prestando ayuda humanitaria en Venezuela.

Desde Provea, expresamos nuestra fuerza y palabras de condolencias a todo el personal de salud que está librando la batalla por la vida en Venezuela, especialmente bajo condiciones tan difíciles, también a los familiares que perdieron a sus seres queridos. Enviamos nuestro reconocimiento porque realizan día a día su labor, a pesar de las situaciones económicas y sociales, y los riesgos a los que se exponen por dar atención a la población afectada por la COVID-19.

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