El gobierno de Nicolás Maduro, a través del fiscal general, adelanta una estrategia de simulación de justicia. Ello ha implicado adelantar algunas investigaciones sobre violaciones de derechos humanos generalmente vinculadas a víctimas de represión en las protestas. Poco se sabe se esté adelantando investigaciones sobre las torturas y ejecuciones.
En esa estrategia los altos mandos de cuerpos policiales son intocables. No se muestra ninguna voluntad de investigar la cadena de mando, por ejemplo, de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional o de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Mucho menos de quienes ocupan cargos de ministros.
Esos esfuerzos de simulación buscan evitar que la Corte Penal Internacional avance hacia la fase de investigación en el caso Venezuela 1 y aparentar que hay un cumplimiento de las recomendaciones de la Misión Independiente de Determinación de Hechos. Mientras los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad no sean investigados y sancionados no hay avances importantes en materia de justicia.
En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional.
En este sentido el Boletín Crisis en Venezuela, surge como un espacio semanal en el que como movimiento de Derechos Humanos, reunimos las situaciones que actualmente reflejan la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.
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