El informe «Memoria de la Amazonía venezolana en riesgo: Pueblos indígenas y ambiente afectados por el extractivismo minero» ha sido elaborado por el equipo de investigación e incidencia de la Escuela de Formación Permanente en Derechos Indígenas “José María Korta-Ajishama” con el objetivo de presentar una evaluación de la realidad que afecta a los pueblos indígenas y al ambiente en los tres estados que conforman la Amazonía venezolana, Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
El informe tiene el propósito de contribuir a generar un debate público con la sociedad y las autoridades sobre los problemas que afectan a los pueblos indígenas y poblaciones no indígenas que viven en la Amazonía venezolana..
Este trabajo analiza los efectos de la prolongada Emergencia Humanitaria Compleja que padecen los pobladores -especialmente indígenas-, en el sur de Venezuela, agravada por la expansión de la frontera extractiva tras la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO) en 2016.
La situación en los territorios de los estados Bolívar y Amazonas es crítica debido a la paralización del proceso de demarcación de tierras indígenas.
De 12 procesos de demarcación analizados en estos estados, solo el 7,24% de la superficie solicitada cuenta con títulos otorgados. Esto vulnera la seguridad territorial de 30 pueblos indígenas y facilita la invasión de sus hábitats.
En materia de salud, destaca el abandono del sistema público en los territorios habitados por el pueblo Yanomami, en los que se registraron cerca de 600 muertes entre los años 2022 y 2025 debido a enfermedades prevenibles y contaminación por mercurio.
La imposición del AMO ha propiciado el auge de la minería ilegal y la presencia de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), resultando en el asesinato de al menos 48 defensores indígenas y el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de ambas agrupaciones.
La creación y desarrollo de las actividades mineras en el AMO, que abarca 111.843,70 kilómetros cuadrados, extensión que representa 12,2% del territorio nacional, no solo han impactado al estado Bolívar, sino que ha favorecido e impulsado la práctica de la minería ilegal en el estado Amazonas, pese a estar vigente el Decreto Nº 269 de 1989, que prohíbe la minería en todo el territorio de dicha entidad.
Asimismo, en la actual coyuntura política que vive Venezuela, generan honda preocupación los anuncios oficiales sobre la intención de someter a reformas el Decreto Nro. 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas (1999), debido a la posible intención de introducir reformas regresivas para la protección del ambiente y para la participación de las comunidades indígenas y no indígenas asentadas en territorios escogidos para la actividad minera.
Preocupa que esta reforma excluya el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental y la garantía de beneficios sociales a las comunidades indígenas y no indígenas asentadas en territorios donde se realizarán emprendimientos mineros, derechos que, por la vía de la práctica han sido violados por el Estado venezolano de manera sistemática, al menos en la última década.
El informe «Memoria de la Amazonía venezolana en riesgo: Pueblos indígenas y ambiente afectados por el extractivismo minero» describe la grave realidad que se vive en la Amazonía venezolana, a la que la Escuela de Formación Permanente en Derechos Indígenas “José María Korta-Ajishama”, pretende contribuir a cambiar más temprano que tarde, promoviendo que las autoridades nacionales y locales se aboquen a solventar en el marco de la Constitución y las leyes que protegen a la población y al ambiente.
Las fuentes de información que alimentan este informe provienen del seguimiento y la documentación regular que realizan el Programa de Promoción de los Derechos Indígenas de Venezuela “Wayamoutheri”, el Observatorio Venezolano en Defensa de la Vida (Odevida), el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI), la organización ambientalista Clima21 y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y de la información obtenida de testimonios y entrevistas realizadas a guardianes y monitores indígenas habitantes de nueve territorios ubicados en los estados Amazonas y Bolívar.
