ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
El Ministerio Público informó el pasado 22 de octubre que se había condenado al exfuncionario Berman José Vega a 17 años y cuatro meses de prisión por participar en la Masacre de Yumare ocurrida el 8 de mayo de 1986. Es una buena noticia. Significa un logro en la lucha contra la impunidad.
La masacre de Yumare, junto a las masacres de Cantaura, El Amparo y el Caracazo constituyen hechos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante los años 80 del siglo pasado. Una década altamente represiva. Salvo en el caso de Yumare en todas las demás la impunidad es total.
Las víctimas se llamaban Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelson Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jimenes García, Simón José Romero Madriz y Alfredo Caicedo Castillo.
Se trató de ejecuciones extrajudiciales donde se informó de un falso enfrentamiento entre un grupo de guerrilleros y funcionarios de la denominada Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) conocida hoy como Sebin.
Un paso importante para avanzar en el logro parcial de la justicia en este caso fue haber ganado la controversia judicial contra el ministerio de la defensa para la desclasificación del expediente, el cual estaba reservado como secreto.
En 1998, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción judicial para desclasificar el expediente. Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución y la creación del Tribunal Supremo de Justicia le correspondió a la Sala Constitucional decidir. El día de la audiencia de la acción de amparo, los abogados representantes del ministerio de la defensa consignaron ante el tribunal una copia total del expediente. A partir de ese momento, los familiares y cualquier persona pudieron consultar su contenido.
Cuando se creó en 2011 la Comisión por la Justicia y la Verdad que investigó los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de derechos humanos entre 1958 y 1998, la organización consignó una copia certificada del expediente para contribuir a las investigaciones.
Con la condena a Vega suman tres los responsables de la masacre condenados. La primera se produjo en 2011 contra el general retirado Alexis Ramón Sánchez Paz sentenciado a 13 años de cárcel. El general pidió perdón a los familiares y colaboró para que prosiguieran las investigaciones. La acusación se había realizado en 2009 junto a la de Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega.
En agosto de 2022, el Tribunal 6° de Juicio del estado Aragua emitió condena de 16 años y 8 meses de prisión contra Ramón Celestino Rojas. El exfuncionario de la Disip también admitió su participación en la Masacre.
Uno de los graves problemas que tiene la justicia venezolana es la deuda con miles de familias por las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido durante distintos gobiernos. En el pasado como en el presente ha imperado la impunidad.
Hace pocos días se conmemoraron 36 años de la masacre de El Amparo, los dos sobrevivientes, Wolmer Pinilla y José Augusto Arias, junto a las familias de las víctimas, siguen exigiendo justicia.
Aplaudo el avance logrado con estas recientes sentencias y a su vez llamo la atención que en cientos de casos falta voluntad para investigar y condenar a los responsables.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
