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José Gregorio Afonso

Profesor universitario, Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV)

Gregorio Alfonso | La “Comisión especial para el diálogo, la paz y la reconciliación nacional”, encabezada por Jorge Rodríguez, en representación de la ilegítima Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2020, de momento, no ofrece nada nuevo al país. Su propósito es la ya veterana estrategia de la dictadura de cercar a la sociedad democrática provocando su aislamiento del debate público, y generar noticias que le permitan alcanzar algún reconocimiento.

Declarar el carácter fáctico de los poderes públicos en Venezuela es correcto. Esto debe documentarse y difundirse nacional e internacionalmente, pero si no se construye una estrategia de movilización de la sociedad democrática, la acción política sólo servirá para dejar testimonio. En el 2021, los sectores democráticos deben trascender la declaración, dotándose de una política concreta que dé respuesta a los desafíos del aquí y el ahora de la dinámica política en Venezuela y active a los ciudadanos, las organizaciones y las instituciones en la tarea de generar cambios.

Como ha ocurrido en diversos eventos políticos en los últimos años, la dictadura prefiere que ante iniciativas como las promovidas por la “Comisión especial para el diálogo, la paz y la reconciliación nacional”, la respuesta de los ciudadanos, organizaciones e instituciones que reclaman derechos sea rechazar su eventual convocatoria y si asisten lo hagan entregando su autonomía y desmovilizados. De este modo, se entenderían exclusivamente con quienes han sido corporativizados por el régimen.

La “Comisión especial para el diálogo, la paz y la reconciliación nacional” visitó a FEDECAMARAS.  Lo verdaderamente útil para la dictadura era que los empresarios venezolanos hubiesen rechazado la invitación al diálogo, tal como suele sugerir entusiastamente las RRSS. La negativa del gremio empresarial le hubiera servido al régimen para:

  1. Argumentar ante la OIT que esta organización de empleadores desdice de su reclamo de diálogo social, interpuesto ante este organismo de Naciones Unidas que derivó en el debelador Informe de la Comisión de Encuesta.
  2. Levantar una narrativa para continuar su entrega de activos del país a privados vía ley antibloqueo. El discurso sería obvio: Es necesario entenderse con empresarios foráneos, porque el empresariado venezolano no quiere acuerdos.

Como FEDECÁMARAS no rechazó la invitación al diálogo, le complicó la estrategia al régimen y no se limita en el debate público que de la acción de la “Comisión especial para el diálogo, la paz y la reconciliación nacional” pueda generarse, al contrario, su condición de protagonista le permite evaluar íntegramente el proceso y le concede un escenario para pugnar por los intereses de sus afiliados y del país.

Algo similar debe ocurrir con el encuentro promovido por la “Comisión especial para el diálogo, la paz y la reconciliación nacional” con el sector universitario, cuyo primer episodio ocurrió el 29 de enero de 2021. La dictadura prefiere que las universidades autónomas no participen, para así avanzar en la aprobación unilateral de una nueva ley de universidades que sea a su medida. Su interés en esta etapa es tomar en forma directa y definitiva el gobierno universitario.

Por eso resultó positivo que algunos dirigentes universitarios y autoridades de las universidades autónomas y experimentales exijan en ocasión de este primer encuentro, que no puede haber diálogo real y efectivo, sino se convoca a la totalidad de los representantes de las instituciones agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores y las organizaciones representantes de los trabajadores, docentes y estudiantes.

El sector universitario ha elevado ante diversas gestiones del parlamento venezolano, cuatro proyectos de Ley en los últimos 20 años, por lo que no es posible iniciar un debate sobre la legislación universitaria sin que estos sean considerados y motivado a la grave crisis universitaria, el Estado de respuestas a los problemas más urgentes de las instituciones de educación superior. Se trata de defender autonomía universitaria en todos los espacios, incluida la autodenominada “Comisión especial para el diálogo, la paz y la reconciliación nacional”. Que sea la dictadura que nuevamente excluya la voz crítica de los universitarios y en consecuencia, pague el costo político del autoritarismo.

La misma lógica de reclamar que sean considerados los planteamientos en favor de su sector y el país de FEDECAMARAS y las universidades, debe orientar al movimiento sindical autónomo e independiente, quien cuenta con el aval de la OIT, la cual en varias oportunidades se ha pronunciado contra los ataques a la libertad sindical protagonizados por la dictadura.

La “Comisión especial para el diálogo, la paz y la reconciliación nacional” del régimen querrá generar noticias y reconocimiento con la burocracia sindical que es cómplice del inédito e inhumano proceso de empobrecimiento que viven los trabajadores venezolanos. La tarea ética y política es activarnos para que no lo logre.

La acción política es beligerancia, es negociación y pugnacidad. Sus fines y medios son igualmente importantes. Los escenarios para ejercerla se construyen. Los demócratas cuando no existe diálogo, lo reclaman, cuando se concreta, exigen que sea de calidad y arroje resultados. En Venezuela podrían producirse escenarios de diálogo político directo o con mediación multilateral con representantes de los poderes fácticos. Asistir o desistir de él, no es un asunto emotivo, mecánico o dogmático, son decisiones que deben tomarse caracterizando los actores implicados, evaluando el contexto en el que sucede y visualizando escenarios.

Ninguna de estas notas llaman al engaño ni están desprovistas del examen de la historia fraudulenta del régimen en sus convocatorias a diálogo, solo proponen aportar al debate para construir una política de los sectores democráticos que posibilite encararlos en forma concreta, sin que de él se derive el aislamiento interno e internacional, ni se desmovilice el reclamo de los ciudadanos en favor de sus derechos.  Tal vez este planteamiento, sin querer ser reduccionista, podría resumirse parafraseando una de las frases icónicas de la economía social de mercado, afirmando: Tanto diálogo como sea posible y tanta movilización como sea necesaria.

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