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Marino Alvarado

Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.

Marino Alvarado | De los creadores de “Hay que freír en aceite hirviente las cabezas de los adecos” y “derecha apátrida y fascista” tenemos ahora la Ley Contra el Odio. Un lobo disfrazado de oveja. Creada con odio para avanzar más en la persecución a las opiniones críticas a la gestión de gobierno y contra quienes se atrevan a reclamar derechos.

La ley que en sus primeros artículos es disfrazada como inofensiva con la apariencia que servirá para promover amor, paz, convivencia, realmente es una ley para arreciar la represión.

Pretenden acallar las voces críticas en un contexto donde se profundiza el hambre, la miseria y se agrava la crisis en los servicios públicos  por la indolencia e ineficiente gestión gubernamental.

Se busca a la fuerza silenciar las voces que se atreven a reclamar derechos, a quienes se motivan a alzar su voz ante las reiteradas violaciones a los derechos humanos y los abusos desde el Poder.

Se quiere impedir que comunicadores sociales críticos realicen trabajos de investigación para desentrañar las componendas de una corrupción creciente que asfixia a la sociedad y afecta el disfrute de los derechos.

Procuran intimidar a la población joven que ha crecido en casi dos décadas constatando las prácticas de exclusión política y sufriendo la exclusión social y lucha por un presente y futuro mejor.

Una ley de tiempos de dictadura que tiene como objetivo garantizar a la Junta de Gobierno que controla el país hoy (Nicolás Maduro y la Directiva de la Fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente) un camino más abierto para encarcelar líderes políticos y sociales con la aspiración de sumir a la población en la pasividad y el temor.

Se equivocan. Existen millones que niegan a rendirse. Hay un contexto económico y social que desespera cada vez más a la gente. Quienes integran esa Junta de Gobierno, que durante años militaron en partidos de izquierda y conocieron la experiencia de la brutal represión en El Salvador de los 80, de Nicaragua bajo la dictadura de los Somoza, sabe que un pueblo con hambre y amenazado no se queda tranquilo. Están conscientes que viene un año 2018 muy difícil donde se profundizará la miseria y las penurias de las mayorías y pretenden al igual que esos gobiernos represivos de los años 80, arreciar la represión.

Ni ley contra el odio, ni una fuerza armada disparando contra el pueblo, ni unos cuerpos policiales recurriendo al uso excesivo de la fuerza, ni el recurso de lanzar contra el pueblo los paramilitares, podrá frenar a un pueblo que se decida a reclamar sus derechos. Hoy más que nunca reivindicamos y luchamos por el derecho a exigir derechos.

Si el gobierno quiere paz, que baje la inflación y no siga produciendo muertes por hambre. Si quiere convivencia que empiece por sancionar a quienes desde los medios públicos son una maquinaria de promoción de odio, si quiere diversidad que acepte la multiplicidad de visiones sobre el presente y futuro del país y no se empeñe en imponer un pensamiento único.

No hacía falta una ley contra el odio, solo hace falta cumplir con el mandato del artículo 2 de nuestra Constitución

“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.”

Cumplan con la Constitución y se garantizará: Paz, Diversidad, Tolerancia y no discriminación. Cumplan con la Constitución y no sigan violando masivamente los derechos humanos. Cumplan con la Constitución y dejen que se restituya la democracia. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada.

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