Marino Alvarado │ Maduro y su cúpula gobernante convirtieron la represión, sistemática y generalizada, en una política de Estado. Detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas, allanamientos arbitrarios, asesinato de manifestantes es la consecuencia directa de esa política.

Asumido el control de la Asamblea Nacional tras las elecciones del seis de diciembre tendrán la tentación de arreciar la persecución contra los diputados salientes y contra todo lo que consideren perturba su avance totalitario, entre ellos la amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil.

La otra cara de la moneda, es que al avanzar en esa política amplían su expediente en la Corte Penal Internacional. Igualmente, la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, tendrá más motivos para considerar en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad.

La Misión de la ONU identificó una estructura presuntamente responsable de tales crímenes. Aunque por los medios públicos unos cuantos de los señalados descalificaron el Informe presentado por la Misión el pasado mes de septiembre, sin duda los dejó preocupados.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional también concluyó en noviembre que en Venezuela se han cometido crímenes competencia de la Corte, es decir, crímenes de lesa humanidad.

Ante esa situación la dictadura ha empezado un leve proceso de simulación de justicia tratando de mostrar pasos concretos para adelantar juicios contra algunas personas presuntamente vinculadas a graves violaciones de derechos humanos. Esa simulación de justicia resultará contradictoria con la continuidad de graves violaciones a los derechos humanos.

De tal manera que Maduro y su cúpula se encontrarán ante una situación en la cual desean encarcelar unos cuantos líderes de la oposición y posiblemente de la sociedad civil, pero a su vez abultan su expediente en la Corte Penal Internacional.

Tienen el deseo de mantener las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana para persistir en imponer terror en las zonas pobres, pero ello también implica sumar más razones para la actuación de esas dos instancias internacionales.

No hay que olvidar que como consecuencia del Informe de la Misión de Determinación de Hechos también algunos países pueden activar la llamada Jurisdicción Universal contra cualquiera de los señalados de ser presuntamente responsables de los crímenes.

En un futuro próximo pudiéramos tener a algunos de los funcionarios que hoy con mucha prepotencia amenazan y dirigen la represión, sentados en el banquillo de los acusados. Ellos lo saben, razón por la cual unos cuantos deben estar muy nerviosos.

Si la Fiscalía venezolana les garantiza impunidad, no significa que necesariamente estén liberados de investigación y sanción. Pueden ser sometidos a investigación e incluso a juicios por la institucionalidad internacional que enfrenta la impunidad: La Corte Penal Internacional o algún estado que active la jurisdicción universal.

Por muy envalentonados que se muestren los que hoy detentan en los hechos el Poder saben que tienen una situación difícil con el sistema internacional de justicia. Acostumbrados a una Defensoría dócil frente a las violaciones y la impunidad y una fiscalía que no los persigue, saben que con la justicia internacional otra es la situación. Pueden mirarse en el espejo de Félicien Kabuga acusado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) de siete delitos quien durante varias décadas huyó de la justicia internacional y fue detenido el pasado mes de mayo en Francia. La justicia tarda, pero llega. Seguimos optimistas que las victimas que han denunciado y siguen denunciando, tendrán la posibilidad de constatar que sus esfuerzos y riesgos no fueron en vano.

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Perfil del autor:

Abogado, Coordinador de Investigación, Monitoreo y Difusión de Provea.