Marino Alvarado | El informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela es una nítida radiografía de la dictadura de Maduro y su cúpula. Reafirma que se tortura, existen desapariciones forzadas, se realizan detenciones arbitrarias y se producen ejecuciones. Cuatrocientas cuarenta y tres páginas donde se describe mucho dolor y se desnuda la crueldad de una minoría que, a costa de mantenerse en el poder, está dispuesta a las más atroces acciones.
Las violaciones de derechos humanos perpetradas constituyen una política de Estado. No son hechos aislados. Concluyen los investigadores de la misión que los abusos se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque. Analizados los casos y documentos, así como escuchadas a las víctimas, afirman tienen motivos razonables para creer se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Las violaciones son resultado de políticas y medidas desarrolladas con plena conciencia de las consecuencias y alentadas desde el alto gobierno de facto. Un ejemplo es el aliento que Maduro le da a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana. Pese a las múltiples denuncias de ejecuciones realizadas a diario por familiares de las víctimas y la recomendación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet de la necesidad de disolver ese cuerpo élite, la respuesta es destinar más recursos para fortalecer su accionar criminal.
El comportamiento del Estado para favorecer y realizar violaciones a los derechos humanos lo encontramos en otro ejemplo: el asesinato mediante torturas del Capitán Rafael Acosta Arévalo por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Al ocurrir un hecho tan grave, se optó por la impunidad. Se pudo enviar un mensaje a todos los funcionarios policiales y militares para evitar tales asesinatos se repitan. Se prefirió una orientación distinta. Al no aplicarse la ley contra la tortura y no investigarse la cadena de mando, se estimuló que tales situaciones ocurran.
Las instituciones actuaron coordinadas para garantizar la impunidad. Se evitó a toda costa la investigación a la directiva de ese organismo policial y a los jefes inmediatos de los funcionarios autores materiales de la muerte.
Ante las denuncias de desapariciones forzadas ni el fiscal impuesto por la Constituyente ni el Defensor del Pueblo adelantan investigaciones. Se deja a policías y militares actuar violando la dignidad humana una y otra vez. Estos dos funcionarios pasaran a la historia como responsables también de que la barbarie se haya extendido en el país y que miles de víctimas sufran la arbitrariedad del poder. Pueden ser factor de contención ante tanta arbitrariedad, pero prefieren ser fieles servidores del gobierno de facto.
Maduro y su cúpula construyeron una institucionalidad favorable al abuso y la impunidad. Las víctimas no son solo disidentes que cuestionan la gestión del gobierno o personas que reclaman derechos, son también y por miles, las personas que viven en las zonas pobres.
La dictadura se convirtió en un aparato para perseguir y asesinar jóvenes pobres. Vivir en una zona popular y tener una edad entre 18 y 30 años convierte al joven en una víctima potencial de la violencia de policías y militares.
En el primer semestre de 2020, según un trabajo realizado por el centro de investigación de los padres jesuitas el Centro Gumilla y la organización de derechos humanos Provea, fueron asesinadas por funcionarios del Estado 1.611 personas en su mayoría menores de 30 años.
Tanto sufrimiento se describió y resumió en el informe de la misión, no solo para la historia, sino para avanzar en el camino de la justicia. No es un tribunal, pero el mandato que le dio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue identificar algunos de los presuntos responsables de los delitos.
La conclusión es muy precisa: “La misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe, y teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas. Los contornos exactos y el alcance de esas contribuciones deben ser debidamente investigados y las autoridades judiciales competentes deben determinar su responsabilidad penal individual, ya sea en una jurisdicción nacional, de acuerdo con sus propias legislaciones, o internacional”.
Señalaron igualmente que tienen motivos razonables para creer que los directores de las entidades de seguridad e inteligencia (DGCIM y SEBIN) participaron en la comisión de los delitos documentados, ordenaron o contribuyeron a la comisión de esos delitos y, al tener la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas.
Otros informes del sistema internacional de protección de derechos humanos documentaron mucho de lo que confirma la Misión de Determinación de Hechos, la diferencia es que en éste los cientos de testimonios de las víctimas se ven mejor reflejados y los presuntos responsables señalados.
Lo fundamental del informe es que constituye un avance en la búsqueda de la justicia. Un proceso largo y difícil, el cual se va labrando con diversas acciones y la participación de muchos, principalmente quienes sufren los abusos.
Cada uno de los integrantes de la misión, de las víctimas con sus testimonios, de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que aportaron información, de los ex funcionarios del Estado que colaboraron y funcionarios activos que contribuyeron con informaciones, pusieron su ladrillo para construir este monumento a la justicia.
Es un gran paso. Queda mucho trabajo por realizar convencidos que podemos acabar con el horror, la impunidad y lograr mejores tiempos.
(*) Abogado, Coordinador de Investigación, Monitoreo y Difusión de Provea
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
