Los cuerpos policiales y militares de Venezuela asesinaron a 1.611 personas en los primeros seis meses de 2020, un promedio de 9 personas por día. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes pobres, entre 18 y 30 años de edad.
Los datos publicados son resultado de un trabajo conjunto que vienen realizando el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas “Centro Gumilla” y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Las dos organizaciones iniciaron desde el año pasado un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar.
Los miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela, son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos, y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista. Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública.
En los pocos casos que se investigan las instituciones actúan con discriminación. El pasado 21 de agosto funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana adscritos al componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), asesinaron a los ciudadanos Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia, un medio de comunicación que mantiene un perfil de apoyo al régimen de Nicolás maduro.
Para alivio de los familiares de las víctimas, el Ministerio Público actuó rápido y cuatro días después fueron detenidos los funcionarios presuntamente responsables del crimen. Por los hechos, se privó de libertad a José Contreras y Néstor Olano y se ordenó la captura de los funcionarios Andrés Díaz, y José Moreno.
Dos meses antes, la madrugada del 11 de junio, las FAES asesinaron a cinco personas en el sector El Limón en Caracas, Arquímedes Ramón Martínez, Andri Narváez, Roger Blanco, Pedro Pablo Salcedo y Wilmer Yáñez. Esta última víctima, era escolta de la ministra Iris Valera, quien denunció lo ocurrido y exigió una investigación. 48 horas después de los hechos, los presuntos responsables estaban detenidos. En los dos casos hay un elemento común: las víctimas estaban vinculadas al proyecto político oficial.
Muy distinta es la actuación cuando las víctimas no tienen “padrino político”. En primer lugar, se asume como cierta la versión policial de que se produjo un enfrentamiento y, en consecuencia, el Ministerio Público no actúa. Son miles las familias que desean tener la misma suerte de contar con el derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales. Para ellas, por ahora, solo está garantizada la impunidad.
Es importante destacar que, en el caso de los trabajadores de la Televisora Guacamaya y las cinco personas asesinadas en El Limón, la versión oficial presentada por las FAES fue que las personas habían enfrentado a los funcionarios y debido a ello murieron. Esta es la versión en la casi totalidad de casos en los cuales no sólo este componente de la Policía Nacional realiza ejecuciones, sino también cuando están involucrados otros organismos policiales.
En la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública se presume la realización de ejecuciones extrajudiciales.
Falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en América Latina como falsos positivos, en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra policías y militares. En la realidad, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas.
Por ejecución se entiende todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima.
Constituye el patrón que históricamente concentra el mayor número de fallecimientos por violación al derecho a la vida. Ello en sí mismo es un dato relevante, toda vez que supone que la acción de los cuerpos de seguridad del Estado está dirigida a ocasionar la muerte. Este patrón se ha complejizado a tal nivel que dentro del grupo de víctimas es posible identificar desde (i) quienes fallecen por problemas personales o en el ámbito de la vida privada que sostenían con funcionarios de los cuerpos de seguridad (abriendo espacio al sub patrón “abuso poder”); (ii) otros por el despliegue de operativos y/o acciones adelantadas sistemáticamente para “acabar” con la vida de jóvenes bajo el paragua de la “profilaxia social”, donde la versión institucional suele ser la de enfrentamiento posicionando en el discurso que las víctimas se trataba de peligrosos criminales.
Letalidad en ascenso con mayor participación de la FANB
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) principalmente a través de su cuerpo élite las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) es el cuerpo policial más letal. En los primeros seis meses del año, la PNB fue responsable de 417 asesinatos, lo cual representa el 25,8% del total.
Muy de cerca el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) con 400 casos, lo que equivale al 24,83% del total. En los dos últimos años en el debate público se ha opacado la responsabilidad de este organismo en las cientos de presuntas ejecuciones ocurridas en el país. El señalamiento se ha centrado en el FAES puesto que actuando en menos estados del país es el cuerpo de seguridad que más atenta contra el derecho a la vida.
Las policías estadales fueron responsables de 399 presuntas ejecuciones, equivalente a 24,77%. Llama la atención la letalidad de la policía del estado Zulia responsable de 122 asesinatos, Aragua 65 y la del estado Carabobo con 54.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 222 casos en su gran mayoría responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Llama la atención el significativo incremento en el número de casos responsabilidad de la FANB. Provea pudo identificar en 2019 la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Al primer semestre de 2020 el número se elevó en 403%. Este resultado corresponde al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana.
Las policías municipales por su parte, fueron responsables de 57 presuntas ejecuciones. Estas policías, que están definidas como policías principalmente de carácter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes.
Los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares fueron por orden de letalidad Zulia, Bolívar, Aragua, Lara, Carabobo y Miranda.
En muchos de los casos familiares o vecinos desmintieron la versión de enfrentamiento.
Una de los casos que más impactó a la opinión pública en el estado Carabobo fue el asesinato de Daniel Alexander López Ramírez (28), un médico integral comunitario, director del ambulatorio de Bucaral en el municipio Guacara, fue asesinado durante un operativo mixto realizado en la población de Guacara.
La versión oficial indicó que López Ramírez era miembro de una agrupación delictiva y habría muerto al enfrentarse a los funcionarios policiales que ingresaron a una vivienda ubicada en la urbanización Tesoro del Indio, municipio Guacara, en busca de presuntos delincuentes. La información fue desmentida por los familiares de López quienes indicaron que el médico se encontraba allí porque había sido secuestrado por miembros de una banda delictiva para que atendiera las heridas de uno de sus compañeros. La familia de López aseguró que el médico no se enfrentó a la comisión policial.
El Centro Gumilla y Provea documentaron el caso de Ayendry Dianelys Moreno López, de 29 años de edad, detective adscrita a la Dirección de Hurtos del Cicpc. Murió la noche del lunes 24 de febrero luego de que funcionarios de la Policía Militar destacados en la alcabala 3 de Fuerte Tiuna, le dieran la voz de alto y al no acatarla, dispararon contra el vehículo en el que se trasladaba.
Emiley Milagros Carvajal, de 31 años de edad, quien acompañaba a Ayendry, ofreció una versión distinta en una entrevista concedida a funcionarios del Cicpc.
Indicó que fueron abordadas en la alcabala N° 10 por funcionarios de la Policía Militar, pero que estos les indicaron que no podían circular por Fuerte Tiuna y les ordenaron salir de las instalaciones militares.
Carvajal contó que cuando procedieron a retirarse, se encontraron con otros uniformados que hacían guardia en la alcabala N° 3, y estos no les permitieron el retiro, por lo que Ayendry hizo caso omiso y arrancó su vehículo. Los efectivos respondieron con disparos, uno de los cuales le impactó en la parte posterior del cuello causándole la muerte. Era madre de dos niños.
Otro de los fallecidos en procedimientos realizados por los cuerpos de seguridad del Estado fue Isaac Mata, de 14 años de edad. Según sus familiares el niño se encontraba volando un papagayo en el sector de Coche (Distrito Capital) el viernes 17 de abril cuando una comisión del CICPC llegó disparando al lugar. Al escuchar las detonaciones el menor de edad empezó a correr, pero fue alcanzado por un proyectil.
Se evidencia también la manera inhumana como vienen actuando las policías en el país en este caso donde los jóvenes Carlos Diosvedi Rodríguez Ortíz y Jhon Williams Linarez Rodríguez, de 31 y 26 años de edad fueron asesinados. Tal hecho se atribuye al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), asesinatos ocurridos el 29 de enero en el barrio Las Tinajitas, en Barquisimeto estado Lara.
Según las declaraciones de los familiares publicadas en el portal web de la organización de derechos humanos Proiuris, los jóvenes, quienes eran primos, suplicaron por sus vidas, pero aun así los asesinaron. No era la primera vez que esta familia pasaba por una situación así, pues en 2018, los efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) habían asesinado al padre, a un hermano y otro primo de Jhon Williams y, en esa oportunidad, denunciaron que los habían sacado de la vivienda y los mataron en otra zona.
Como ya lo anotamos la mayoría de las personas asesinadas son menores de 30 años. Ser joven, pobre y vivir en una zona popular te hace potencialmente víctima de la violencia policial.
Mayo fue el mes donde policias y militares actuaron con mayor letalidad. 379 personas fueron asesinadas en un contexto de cuarentena por coronavirus, en el que la cierculación de personas en la vía pública ha sido mucho menor, pero los operativos violentos contra la población no se han detenido. Solo entre los meses de marzo a junio, en plena cuarentena, los policías y militares asesinaron a 1.091 personas.
Encubriendo los abusos
En un estudio elaborado en el año 2006 por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, se señaló que un indicador de la letalidad policial es la desproporción entre bajas policiales-militares y de civiles. Es decir, que se reporten fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos pero no se reporten muertes en las filas de los órganos de la fuerza pública durante los llamados “enfrentamientos”. Ello, según CONAREPOL “permite suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura”. Organizaciones de derechos humanos como Provea ha advertido reiteradamente que el sostenido incremento en el número de víctimas de violación al derecho a la vida bajo el patrón de ejecuciones extrajudiciales, encuentra explicación parcial en el aumento de la actuación violenta y letal de los cuerpos policiales, entendidas en muchos casos como un indicador de “eficiencia policial”, advertidamente o no amparados en una perspectiva de “mano dura”.
Fortalecer la visión militarista y las prácticas de “mano dura”, debilitan el concepto de seguridad ciudadana y obstruyen los necesarios consensos democráticos para avanzar en la adopción de políticas públicas, que ayuden a superar los altos índices de violencia y criminalidad en el país. El gobierno insiste en amplificar la visión del enemigo externo e interno -propia de la doctrina de seguridad nacional- y en reforzar la lógica belicista y la estigmatización y criminalización de distintos actores sociales, para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, y consolidar el Estado policial y militar que supone la primacía de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos. Esta militarización de la seguridad ciudadana amparada en la doctrina de seguridad nacional, conlleva graves riesgos para las garantías personales toda vez que implica la ocupación militar del territorio nacional para la “defensa” contra un “enemigo interno” que resulta ser el propio ciudadano, indistintamente si se trata de campesinos, presuntos delincuentes, obreros, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos, o cualquier otro.
Según ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el Hemisferio en las últimas décadas desconociendo las obligaciones internacionales de los Estados en materia de garantía de los derechos humanos, dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia”. El concepto de seguridad ciudadana, desde una visión democrática y respetuosa de los derechos humanos, es la superación de la visión autoritaria y militarista que marcó la actuación de buena parte de los Estados latinoamericanos durante el siglo pasado y cuya actuación –durante mucho tiempo- estuvo amparada por la doctrina de seguridad nacional. Continuar el camino del autoritarismo, erosionará aún más el Estado de Derecho y generará más violaciones de derechos humanos y sufrimientos a la ciudadanía.
Urge detener la masacre por goteo que se realiza a diario en Venezuela, e investigar y sancionar a todos los responsables meteriales e intelectuales de abusos contra los derechos humanos en el contexto de operativos policiales y/o militares.
Al conformarse en el país una estructura institucional favorable a la impunidad adquieren cada vez mayor importancia y necesidad la actuación de mecanismos de investigación independientes que contribuyan a que los responsables de las violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia. De tal manera que la labor que vienen realizando la Misión de Determinación de Hechos establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el trabajo que adelanta la Corte Penal Internacional para investigar si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad constituyen esperanza del logro de justicia.
