ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
“La protesta de los pobres la escucha hasta dios, pero no llega al oído del hombre.»
Félecité De Lamennais
El pasado 21 de agosto, en una protesta ciudadana en Caracas, las iniciativas Dale Letra y Piloneras coreaban a capela en la calle:
“No me aumentes el sueldo /
si eso se va a traducir /
en una inflación terrible /
que no nos deja vivir”
Tal vez Venezuela sea el único país donde el anuncio de aumento salarial pone a temblar tanto a empleadores como a trabajadores, pues al hacerse unilateralmente sin diálogo social tripartito, suele disparar los índices de inflación resultando peor el remedio que la enfermedad.
Para quienes aseguran que a pesar de la crisis económica y social “en Venezuela no pasa nada y la gente no reclama”, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante el primer semestre de 2018, el promedio de manifestaciones en el país fue de 30 diarias. Para el mes de julio, el promedio aumentó dramáticamente a 72 diarias, más del doble.
La mayoría se caracterizó por la exigencia de derechos sociales: reivindicaciones laborales, colapso de los servicios básicos, acceso a alimentos y medicinas; siendo las principales modalidades de protesta paros, cierre de vías y concentraciones. Esto, además, antes del anuncio del denominado “Paquetazo Rojo” del viernes 17 de agosto, que según el consenso de expertos y economistas, acelerará aún más el proceso hiperinflacionario.
En pocas palabras, la gente está en la calle expresando su descontento. Entonces ¿Por qué no se nota?
Varias son las razones que invisibilizan la alta conflictividad social. Una de ellas es la cooptación por parte del gobierno de los medios de comunicación. Sin embargo, el principal motivo estriba en la ausencia de una conducción política, no necesariamente partidista, que las articule y les proporcione un objetivo que trascienda el reclamo puntual por el agua, la luz o el Clap; y busque resolver el problema de fondo: la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, exigiendo su renuncia y la realización de elecciones libres y creíbles.
Basta recordar la rebelión popular de 2017, cuando un movimiento de protesta masivo y pacífico, con un mínimo de organización, arrinconó al gobierno durante 4 meses y logró que la comunidad internacional volteara la mirada hacia la dictadura en Venezuela. La revolución bolivariana no pudo sostener la careta democrática que precariamente exhibía hasta ese momento, con su uso excesivo y arbitrario de la fuerza hacia los manifestantes, represión sistemática, paramilitarismo, encarcelamientos, graves abusos y maltratos, entre otras muchas violaciones de la dignidad humana.
He ahí la diferencia entre decenas de revueltas dispersas que aisladamente son controlables e invisibilizadas, a una rebelión organizada que fracture la coalición gobernante. La fábrica de pobreza y represión de Nicolás Maduro exige un liderazgo político a la altura de los tiempos que coordine, entusiasme y le haga frente con un mínimo de estrategia. La gente ya está en la calle.
ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.