ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
El pasado 18 de enero se cumplieron 51 años de la llamada segunda fuga del Cuartel San Carlos en la ciudad de Caracas.
En esa oportunidad a través de un túnel construido desde la cárcel recobraron su libertad 23 presos políticos.
Pertenecían a distintas organizaciones insurgentes y una buena parte de ellos a través de los años fueron asumiendo la lucha política desde la legalidad.
Una primera fuga había ocurrido en 1967 cuando a través de un túnel construido desde una vivienda cercana accedieron hasta donde se encontraban los presos Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez y Guillermo García Ponce destacados líderes de la izquierda insurgente en la época.
La existencia de presos políticos en la sociedad venezolana ha sido un tema constante, por lo menos desde la dictadura de Pérez Jiménez, lo cual no quiere decir que en décadas anteriores no los hubo.
Ningún gobierno reconoce la existencia de presos políticos pero está consciente que los tiene.
Reconocerlo sería aceptar que hay personas detenidas por pensar distinto o por ejercer acciones exigiendo transformaciones en la sociedad.
Los familiares de los presos han sido siempre un bastión de lucha y en distintas etapas se han organizado para exigir las libertades.
Muy conocidos fueron a finales de los años 70 y los años 80 del siglo pasado, los conciertos que realizaban en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela por la libertad de los presos.
Cantantes como Alí primera, Soledad Bravo, el grupo musical los Guaraguaos eran frecuentes.
En nuestros días existe el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Madres en Defensa de la Verdad que han optado por realizar concentraciones en distintos centros a las cuales les han llamado vigilias.
Celebran la liberación de algunos presos y exigen la liberación de muchos más.
La libertad de los presos políticos siempre ha sido una exigencia político social y también un elemento que han considerado los gobiernos de turno para buscar reducir niveles de violencia política, abrir caminos a la reconciliación, generar algunos cambios en la manera del ejercicio de la política.
Las modalidades de otorgamiento de libertades han sido muy variadas.
Cuando en el Código de Justicia Militar estaba vigente un artículo que le permitía al presidente de la República conceder sobreseimientos, estos se publicaban en la Gaceta Oficial.
La mayoría de las personas encarceladas por motivos políticos en los gobiernos de Acción Democrática y Copei se les acusaba de rebelión militar.
Otra manera de liberar presos ha sido a través del indulto.
El entonces teniente coronel Hugo Chávez fue beneficiario de un indulto otorgado por el presidente Rafael Caldera.
Hoy la ley permite el indulto incluso sin que la persona haya sido condenada. Y quizá la más amplia es la Amnistía General que permite no solo liberar presos sino también que personas en resguardo puedan salir a realizar sus actividades con normalidad.
El presidente Hugo Chávez en 2007 decretó una Amnistía General que benefició a muchas personas presuntamente involucradas en el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero.
La Amnistía es una de las fórmulas que pudieran adoptar las actuales autoridades del país.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
