ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
El 29 de enero se cumplen seis meses de la masacre de la Redoma de San Jacinto en Maracay: Cinco personas fueron asesinadas ese día y dos más que fueron heridas de bala fallecieron en días posteriores. Entre las personas que lamentablemente murieron se encuentra un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana.
Frente a la redoma queda la 42 brigada de infantería paracaidista del ejército, allí también opera la Guardia Nacional Bolivariana. Testimonios de personas que participaron en la protesta pacífica que se produjo en ese lugar, videos y fotografías indican que personas uniformadas dispararon desde adentro de la brigada y sus alrededores contra la multitud.
Las víctimas fueron identificadas como: Jesús Gregorio Tovar Perdomo de 21 años, Rancés Daniel Yzarra Bolívar de 30 años Ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Exponencial Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa), Jesús Ramón Medina Perdomo de 56 años trabajador del sector salud en Maracay, Antonhy David Moya Mantía de 20 años, Gabriel Ramos de 33 años, José Antonio Torrents Blanca de 26 años Sargento de la Guardia Nacional Bolivariana de la promoción 106 recibió herida con arma de fuego a la altura del cuello. El 02 de agosto falleció Gabriel Ramos quien había sido herido el 29 de julio en la redoma y Andrés Alfonso Ramírez de 36 años el 21 de agosto también fue herido de bala ese 29 de julio.
A seis meses desde el Ministerio Público no se ha brindado información sobre el avance de las investigaciones. Por el contrario, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, insiste en que no ha recibido ninguna denuncia. Esta afirmación no es cierta, desde Provea tenemos conocimiento de denuncias realizadas por familiares de las víctimas y que además algunas han sido contactadas en sus casas por fiscales, la ley le obliga a investigar de oficio.
No se requiere de denuncia formal de alguna persona cuando se ha cometido un homicidio y más aún cuando estamos ante asesinatos que pudieran ser responsabilidad de la fuerza pública. Debe usarse el Protocolo de Minnesota elaborado por Naciones Unidas sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas. Como lo afirma el protocolo, la prontitud, imparcialidad y eficacia de la investigación es fundamental para que no prevalezca la impunidad y se imponga una cultura de rendición de cuentas.
Le corresponde al Ministerio Público adelantar las investigaciones, establecer el tipo de armas que causaron las muertes, la distancia desde la cual se disparó, y aproximadamente desde qué lugar. Analizar la cantidad de videos existentes y fotografías del momento en el que se reprimió. Hay bastantes donde aparecen los rostros de los funcionarios además por técnicas adelantadas de investigación con uso de fotografías se pueden identificar a los funcionarios. ¿O solo se ha preocupado de identificar manifestantes para después ordenar su detención?
Pregunto al Fiscal General, Tarek William Saab:
¿Ya se tomaron declaraciones al general de división Ángel Daniel Balestrini Jaramillo? Responsable de la ZODI 44 de Maracay para el momento en que se produjo la masacre.
¿Le fue solicitado al general la lista de personal, tanto del ejército como de la Guardia Nacional, que estaban presentes en la Brigada 42 y sus alrededores ese día en que se desarrolló la protesta ciudadana?
¿Ya se le hicieron experticias a las armas que portaban esos funcionarios presentes y que actuaron en la represión?
¿Cuántos de los policías y militares que reprimieron han sido llamados a declarar?
Y, finalmente, ¿por qué no se ha informado qué tan avanzadas están las investigaciones? No solo de esos crímenes en la redoma, sino de las personas asesinadas en esos días agitados para el pueblo venezolano.
Es importante recordar una vez más que el Estado venezolano suscribió con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un memorando de entendimiento donde se obligó a investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país. Ese compromiso debe cumplirse no solo para responder las exigencias de la Corte, sino ante las familias de las víctimas y la población venezolana.
La impunidad, ciudadano Fiscal, contribuye a que hechos tan lamentables se puedan repetir. La Constitución y la ley obligan a investigar y sancionar toda violación del derecho a la vida. Igualmente, debe investigarse la responsabilidad de quienes dispararon y causaron graves heridas a manifestantes pacíficos, sean los funcionarios responsables o no.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
