Los economistas Luis Crespo y José Guerra, de manera consistente y fundamentada, se han encargado de desmontar la coartada oficialista que se ampara en las sanciones económicas y comerciales para negar el aumento general de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones reclamado por los trabajadores venezolanos desde hace largo tiempo, pero de modo particular desde el 9 de enero del presente año.
A partir de esa fecha el magisterio venezolano tomó las calles para convertirse en detonante de un extraordinario movimiento de protesta nacional, sobre el cual convergen otros sectores laborales, que se ha mantenido firme en sus demandas por espacio de mes y medio ya.
Ambos economistas han demostrado al menos tres verdades irrefutables: Por una parte, que la devaluación del bolívar y el disparo del precio del dólar es el resultado inducido por la política monetaria y cambiaria del régimen, cuyas consecuencias más visibles son el encarecimiento de los costos de producción y de los precios de todos los bienes y servicios.
Por la otra, que si el último aumento del salario mínimo –porque no ha habido en estos tiempos ningún aumento general de salarios– ocurrió en marzo de 2022 y el tipo de cambio se mantuvo estable entre enero y julio de ese mismo año, la inflación anual cercana al 300% registrada, particularmente la escalada sufrida durante el último trimestre del año pasado y los dos primeros meses del presente, no viene por el lado de los salarios que, por el contrario, han sido arrasados junto a las prestaciones sociales y demás mecanismos de ingreso y ahorro de los trabajadores.
Lo que se dirime hoy en las calles del país, bajo el protagonismo del magisterio, los universitarios, los trabajadores de la salud, los pensionados y jubilados y demás sectores laborales, es una lucha por el restablecimiento de derechos fundamentales escamoteados
La otra verdad evidenciada por estos economistas es que sí existe dinero para producir un ajuste sustancial de los sueldos, salarios y pensiones de todos los trabajadores activos y jubilados, a partir del cual se desarrolle un plan orientado a homologarlos al costo de la canasta básica y a preservarlos del poder erosivo de la inflación.
A pesar del ocultamiento de las cuentas nacionales, de la opacidad y discrecionalidad conque se conduce la economía y las finanzas del país –lo que incluye esconder las cifras del presupuesto nacional–, es posible estimar un ingreso cercano a los 30.000 millones de dólares, resultantes de la suma de los ingresos petroleros, venta de gasolina a precios internacionales, venta de oro y otros minerales valiosos, recaudación por IVA, impuesto sobre la renta, impuesto a las grandes transacciones financieras, aduanas y otras contribuciones, sin incluir el dinero que el régimen tiene depositado en el exterior.
¿Por qué entonces la dictadura no aumenta los salarios?
Porque forma parte de su política, porque prefiere repartir míseros bonos como dádivas graciosas para aumentar el chantaje y el control social, porque deprimir los salarios y aumentar la pobreza sirve a su discurso sobre el bloqueo y las sanciones, lo utiliza como presión a los fines de que estas cesen.
Se trata de una política perversa que busca llevar las situaciones al límite para eludir responsabilidades y luego venderse como un mesías redentor.
Se trata, también, de la política neoliberal más draconiana que haya sufrido Venezuela en su historia, la cual descarga todo el peso de la crisis por ellos engendrada sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo.
Y se trata, finalmente, de no acceder a las demandas del movimiento de protesta, de jugar a su agotamiento y su derrota.
En tal contexto, lo que se dirime hoy en las calles del país, bajo el protagonismo del magisterio, los universitarios, los trabajadores de la salud, los pensionados y jubilados y demás sectores laborales, es una lucha por el restablecimiento de derechos fundamentales escamoteados: por salarios, pensiones y condiciones de vida y trabajo dignos; por el rescate del derecho a la contratación colectiva discutida y acordada con los legítimos representantes de los trabajadores y no la parodia montada con el sindicalismo esquirol y gobiernero; por la seguridad social de los trabajadores y su familia; por la libertad sindical y contra la criminalización y judicialización de la protesta laboral y popular.
Los trabajadores libran hoy una batalla importante en pos de los objetivos señalados. Esta batalla no es la primera ni será la última.
Es un proceso de luchas con metas en el corto y mediano plazo. Para rescatar el valor del trabajo y el salario y asegurar condiciones de vida y trabajo dignas no es suficiente un aumento general de sueldos, salarios y pensiones, sino, además, un cambio radical de la política económica a seguir.
Esto supone también, a nuestro modo de ver, un cambio en la conducción y orientación del rumbo de la nación.
No obstante, para asegurar una victoria de este movimiento –necesaria dada la precariedad de sus ingresos y merecida por el empeño puesto en esta lucha– es menester perseverar con firmeza, articular todas las fuerzas y profundizar la movilización popular.
