ACERCA DEL AUTOR:
Luis Alberto Crespo
Economista, Msc. en Moneda e Inst. Financieras, Prof de Economía UCV.
Luis Crespo│ El 55% de la distribución de gasolina y otros combustibles en Venezuela para el año 2008 era realizada por empresas del sector privado (Texaco, Mobil, Llano Petrol, Trébol Gas) en septiembre de ese año el Estado venezolano (a través de la Asamblea Nacional) promulgó la Ley de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustibles Líquidos.
Entre otras cosas estableció “Reservar al Estado la actividad de intermediación para el suministro de combustibles líquidos, por razones de conveniencia nacional, carácter estratégico, servicio público y de primera necesidad, realizada por Petróleos de Venezuela S.A., sus filiales y los establecimientos dedicados a su expendio”.
En ese nuevo marco le correspondió a la empresa DELTAVEN, filial de PDVSA, asumir por decreto el control del 100% del negocio del mercadeo de combustibles y la red de estaciones de servicio a nivel nacional, utilizando la marca comercial «PDV» pero permitiendo la participación de pequeños expendedores por la vía del otorgamiento de concesiones, actualmente esta empresa forma parte de la ineficiencia y destrucción de la industria petrolera del país.
Dichas concesiones otorgaban el derecho de explotación o manejo por un período determinado de bienes y servicios por parte de PDVSA, a pequeñas empresas venezolanas (expendedores de gasolina). Las concesiones se rigen por contratos de carácter jurídico y administrativo donde queda establecida la relación entre las partes, regulando la estructura y funcionamiento del servicio.
Las amenazas de revocar concesiones de servicios públicos en Venezuela no son nuevas, han estado presentes durante los últimos veintiún años en este y otros sectores, donde hemos presenciado arremetidas en contra de las empresas que asumieron estas formas de contratación con el Estado; en el caso de las estaciones de servicio de gasolina, están siendo embestidas nuevamente con la revocatoria unilateral de algunas concesiones por parte de PDVSA o expropiaciones sin indemnizaciones de terrenos o locales, que en algunos casos son propiedad del prestador del servicio.
Desde hace varios años el sector de distribución, expendio de gasolina y otros combustibles en Venezuela atraviesa por momentos muy difíciles, además de la incertidumbre legal, los beneficios económicos o márgenes de ganancias eran inexistentes, transitando por diecisiete años con precios congelados de la gasolina, es hasta el 2016 cuando Nicolás Maduro realizó un ajuste entre 1,3% y 6% en los precios del combustible prácticamente simbólico que, luego con la reconversión monetaria del 2018, significaba gasolina prácticamente gratis.
En un contexto económico sin incentivos, con pocos márgenes de beneficio, llenos de incertidumbre jurídica y mucho terror ante las constantes amenazas del régimen, en Venezuela han cerrado aproximadamente 292 estaciones de gasolina, para el 2008 existían 1.860 establecimientos y en la actualidad hay 1.568, según cifras de PDVSA, lo que significa una merma de un 15.7% de gasolineras en el país con las implicaciones en pérdidas de empleos.
Una nueva arremetida del régimen en contra del sector expendedores de gasolina, se materializó este 27 de junio, cuando Petróleos de Venezuela (PDVSA) con la justificación de una supuesta reestructuración del negocio de distribución, importación y expendio de combustibles líquidos, de manera intempestiva, amenazó y ordenó sin más detalles a un grupo (decenas) de estaciones de servicios entregar sus instalaciones en un plazo de 72 horas.
Estamos en presencia de la conculcación de los derechos económicos y laborales a personas relacionadas con estaciones de servicios en Caracas y en el estado Carabobo, actuaciones que ya han ocurrido en 2019 y 2020 en otras entidades como Táchira, Bolívar y Sucre, donde de manera abrupta el régimen procede, al margen de la ley, expropiando o rescindiendo de manera unilateral las concesiones y desconociendo el marco legal venezolano.
Las estaciones de servicio que en esta oportunidad están siendo expropiadas o se les está rescindiendo la concesión, dentro del nuevo esquema de precios de la gasolina establecido por el régimen a partir del 1 de junio del 2020, dispensan gasolina a precios referenciados en dólares, lo cual genera la necesaria incógnita sobre quiénes las administrarán ¿será PDVSA o se entregarán nuevas concesiones al entorno político económico de Miraflores?
Estos hechos constituyen una clara señal de irrespeto a las leyes, donde se evidencia nuevamente que en Venezuela se vulnera el marco jurídico, aumentando la desconfianza y desestimulando la iniciativa privada en el país, dada la inseguridad jurídica por la falta de reglas claras, dejando por sentado la inexistencia de condiciones de respeto a quienes invierten y se esfuerzan impulsando actividades económicas en el territorio nacional, pone de manifiesto los abusos del régimen y golpean aún más las condiciones para desarrollar las capacidades productivas en el país.
ACERCA DEL AUTOR:
Luis Alberto Crespo
Economista, Msc. en Moneda e Inst. Financieras, Prof de Economía UCV.
