ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Una de las particularidades que caracterizó al gobierno de Hugo Chávez y continua Maduro, fue anunciar de manera improvisada la creación de Misiones. De cualquier naturaleza y nombre. Así se anunciaba una tras otra, sin establecer con claridad sobre los propósitos, manera de ejecución y presupuesto. En algunos casos, no pasaba de ser un anuncio con fines proselitistas porque se acercaba algún proceso electoral.
Al fallecer el expresidente Chávez había 33 Misiones y las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas indicaba que entre 2012 y 2013 hubo un crecimiento de la pobreza, la cual se mantiene hasta nuestros tiempos. Da una idea del desorden y poca efectividad en elevar la calidad de vida.
Como parte de esas políticas improvisadas y demagógicas, en septiembre de 2015, Nicolás Maduro anunció la creación de la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz.
Se indicó en la Gaceta Oficial 40.744 del 11 de septiembre de ese año, que tendría como objetivo impulsar la constitución de una nueva frontera, reforzando y mejorando la seguridad en esas zonas, las condiciones de la población y su capacidad productiva, lo cual permitiría proteger a las comunidades que viven en las zonas fronterizas del paramilitarismo, el narcotráfico, el secuestro, el contrabando y cualquier manifestación contraria al orden social y la paz entre los pueblos. Se afirmó la creación de una Fundación Misión Frontera de Paz, la cual se encargaría de ejecutar las acciones para el cumplimiento de los objetivos.
Como ha ocurrido en muchos aspectos de las políticas y medidas divulgadas pomposamente, -que supuestamente traerían cambios económicos o sociales o se mejoraría algún servicio público- el resultado es otro contundente fracaso.
Casi seis años después tenemos una frontera con una población más empobrecida, con servicios públicos con mayores deficiencias y niveles de seguridad crecientes, no solo en la frontera con Colombia, sino también con la de Brasil, Guyana y Trinidad y Tobago.
La extrema pobreza produce una migración forzada constante hacía los países vecinos, quienes asumiendo riesgos buscan mejores condiciones de vida. Muchas personas dedicadas a las labores de agricultura, ganadería y comercio, prefieren realizar esas actividades cruzando la frontera y estableciéndose en esos territorios.
La expansión de las actividades de grupos armados irregulares -tanto de origen colombiano, como venezolano involucrados en múltiples actividades delictivas- generan acciones de violencia en un número creciente de caseríos, poblaciones medianas e incluso capitales de estado.
Lo que viene ocurriendo desde el 21 de marzo en el estado Apure es la prueba más evidente del fracaso de esa Misión Frontera. Los grupos armados irregulares tienen mayor presencia y control de territorio. Elevaron su capacidad de desafiar a las fuerzas de seguridad venezolanas y han logrado, en aspectos muy puntuales, sobrepasar su capacidad al momento de enfrentamientos que ha dejado lamentables pérdidas de vidas.
Los problemas de la frontera no se resuelvan a punta de plomo. Se requiere una política integral que contemple audaces y continuas medidas en materia económica y social, acompañada de reforzamiento de la seguridad y retoma de territorios hoy contralados por los irregulares, de lo contrario se mantendrán los problemas estructurales.
Por otra parte, ante la gravedad de los hechos que vienen ocurriendo desde marzo del presente año, es fundamental pedir apoyo a mecanismos internacionales. Estos pueden activarse para contribuir a disminuir la violencia y atender el drama social de más de 6.000 personas que huyeron de la violencia y, hoy se encuentran en situación de refugiados en la población de Arauquita, en Colombia.
En el caso de la frontera de Apure, Táchira y Zulia, es fundamental un diálogo entre autoridades colombianas y venezolanas. Para ese diálogo, como lo han solicitado organizaciones de sociedad civil de los dos países, el Secretario General de la ONU puede contribuir enviando un representante que facilite el diálogo.
Las personas hoy refugiadas en Colombia -que buscaron protección ante la violencia- requieren regresar pronto a sus hogares. Un regreso que debería ser seguro, pero a la vez deben atenderse sus carencias con urgencia. La mediación internacional y una coordinación con las agencias de ayuda humanitaria -hoy instaladas y operando en el país, con la cooperación de los dos gobiernos- pudiera generar impactos positivos en la calidad de la vida a mediano plazo.
Una frontera de paz requiere, más allá de soldados armados y operativos de seguridad, mejores escuelas, centros de salud adecuados, crédito y apoyo técnico a los productores del campo, alimentos para los más vulnerables, servicio de agua y transporte público eficiente.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
